El caso de seis trabajadoras del Tribunal de Barandilla de Mazatlán, hoy Juzgado Cívico, que desde el 18 de enero de 2020 presentaron denuncia penal por acoso sexual y laboral contra sus jefes inmediatos de la Secretaría de Seguridad Pública y gobierno municipal, fue presentado por la diputada Celia Jáuregui Ibarra ante la Fiscal General Sara Bruna.
Durante la reunión, la legisladora de Movimiento Ciudadano solicitó una investigación a fondo en este caso que permanece estancado en los tribunales y entregó las carpetas de investigación 235/2020, 77/2021,177/2020, 171/2020, 176/2020 y 178/2020 que contienen los detalles de cada proceso que se han pospuesto por supuestas argucias legales de los imputados que consiguieron diferir sus comparecencias hasta en 13 ocasiones.
Tanto la legisladora como la fiscal formalizaron el compromiso de “brindar justicia pronta, completa, eficaz, imparcial, gratuita, igualitaria y de confianza” a estas trabajadoras que perdieron el empleo o continúan laborando bajo presiones y agresiones.
Jauregui Ibarra mencionó que los datos con los que cuenta demuestran violencia de género y acoso sistemático contra mujeres que trabajan en áreas de seguridad pública
“Es un hecho que la violencia de género está creciendo a pasos agigantados con enormes costos para la sociedad”, dijo.
Jauregui Ibarra se comprometió a “seguir poniendo al frente las causas de los sinaloenses, al centro la dignidad y el respeto de las personas y alzando la voz contra cualquier tipo de violencia o injusticia contra la mujer”, según un comunicado de prensa.
