La organización Impunidad Cero estimó que en Sinaloa solo el .79 por ciento de los 4.4 por ciento de los delitos que se denunciaron en 2020, se esclarecieron. A nivel nacional la efectividad de las autoridades de procuración de justicia fue de 1.04 por ciento.

En el estudio Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2020, IC señala que el estado se ubica por debajo de la media nacional, en el lugar 21 entre los 32 estados del país.

La cifra de efectividad muestra que en Sinaloa el 99.21 por ciento de los delitos que se han denunciado quedan impunes, por falta de denuncias y anomalías en las investigaciones correspondientes.

La probabilidad de esclarecimiento de un delito, se calcula a partir de la efectividad en la resolución de casos y el porcentaje de delitos que se denunciaron e iniciaron una carpeta de investigación.

A pesar de que este indicador iba a la alza a nivel nacional, entre 2019 y 2020, pasó de 1.3 al 1.04 por ciento.

Guanajuato es el estado con mayor probabilidad de esclarecimiento con 2.99 por ciento de los casos. En Guerrero la probabilidad es sumamente baja, de 0.10, por lo que en ninguna fiscalía se cuenta con una probabilidad de esclarecimiento mayor a 3 por ciento.

El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021, presentado en videoconferencia el martes, muestra que durante el año pasado se cometieron 27 millones 639 mil 203 delitos.

Del total, solo 2 millones 782 mil 409 (10.1 por ciento) fueron denunciados; en un millón 860 mil 292 de los casos se inició carpeta de investigación; y solo 318 mil 167 fueron resueltos (1.2 por ciento).

De acuerdo con Monserrat López Pérez, analista de datos de Impunidad Cero, la tasa de fiscales o agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes creció 23 por ciento de 2016 a 2020.

El presupuesto percápita en procuración de justicia disminuyó 2.3 por ciento de 2016 a 2020.

La Fiscalía de Chihuahua históricamente había ejercido el mayor presupuesto, pero en 2020 tuvo una reducción de 37.5 por ciento, lo que la colocó en la segunda del país.

La CDMX fue en 2020 la que más recursos ejerció (767.2 pesos por persona), mientras que al final de la tabla se encuentra Tlaxcala, con 174.9 pesos por persona, a pesar de haber aumentado 48 por ciento su presupuesto.

La carga de trabajo por fiscal o agente del Ministerio Público disminuyó 12.6 por ciento a nivel nacional de 2016 a 2020.

Esto está relacionado al aumento en la tasa de fiscales por 100 mil habitantes y a una reducción de 12 por ciento de las investigaciones iniciadas entre 2019 y 2020.

El tiempo de espera se midió como el porcentaje de delitos que tardaron más de cuatro horas en denunciarse. De 2016 a 2020, este porcentaje aumentó 12.2 por ciento a nivel nacional, con una ligera reducción (1 por ciento) entre 2019 y 2020.

En San Luis Potosí, 51.3 por ciento de los delitos tardaron más de cuatro horas en denunciarse en 2020. Mientras que en Sonora, solamente 9.6 por ciento de los delitos tardaron más de cuatro horas.

También se reportó que el porcentaje de personas que declararon confiar mucho en el Ministerio Público estatal subió 12.4 por ciento de 2016 a 2021. Este año se registró el porcentaje más alto desde 2016.

La fiscalía con mayor confianza en 2021 fue Nuevo León, con 19.6 por ciento. Mientras que la fiscalía con menor confianza es la Ciudad de México, con 4.2 por ciento, la cual históricamente se ha mantenido con los niveles más bajos de confianza.

La efectividad en la resolución de los casos bajó de 19.4 por ciento en 2019 a 15.5 en 2020, ubicándose casi en el mismo nivel de 2017.

También hay poca efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, pues menos de la mitad de éstas, se están cumplimentando (47.5 por ciento en 2019).

La impunidad en homicidio doloso ha ido en aumento desde 2007. En los últimos tres años, se ha mantenido por arriba de 89 por ciento.

Los integrantes de Impunidad Cero recordaron que la autonomía e independencia de las fiscalías es fundamental para poder esclarecer cualquier delito.

Sin embargo, en la mayoría de los estados, los fiscales son seleccionados por intervención de los poderes ejecutivos y legislativos estatales.

Con información de Apro.