Por tercer año consecutivo las cuentas públicas no tienen finiquito, ni sanciones; funcionarios y órganos de control desprecian las observaciones de la Auditoría Superior, mientras las controversias duermen en la corte suprema.
Nadie responde por nada en Sinaloa

Por tercer año consecutivo las cuentas públicas de municipios, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos, estatales y municipales se encuentran en una especie de limbo jurídico, al estar entrampadas, sin finiquito.

La expedición de finiquitos por la Auditoría Superior del Estado (ASE), tras ser publicados los dictámenes en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, no ha sido posible realizarlos en tres años como lo señala el artículo 22 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

En el caso de 2019, la Comisión de Fiscalización transitó de “dictámenes” a “acuerdos” en los informes de las cuentas públicas, lo que técnicamente no se ajusta al requisito establecido por el marco legal, que señala que tras la aprobación de los “dictámenes” y publicación de los mismos, la ASE procede a la expedición de los finiquitos.

El embrollo jurídico de términos entrampa la expedición de finiquitos para las cuentas públicas del 2019 para todos los entes auditados, ya sean rechazados o aprobados. Al interior de la ASE se reconoce que no se podrán expedir los citados finiquitos que en otros años demandaban los entes, aunque ahora con las reformas legales se han reducido a un mero sello o constancia de que su revisión ha concluido.

Miguel de Jesús Barraza Yuriar, director de Asuntos Jurídicos de la ASE, aclara que el hecho de que no se hayan expedido finiquitos implique que las observaciones no solventadas por los entes auditados queden sin seguir su curso legal, ya que aprobadas o rechazadas las cuentas públicas, se continua con los procedimientos dependientes de la gravedad de los hechos encontrados por los auditores.

Si no son faltas graves, los hechos estarían ahora en manos de los órganos internos de control para su investigación y aplicación de sanciones correspondientes, sin embargo la propia ASE reconoce el débil funcionamiento de estos órganos en la administración pública.

Algunos órganos internos de control no cuentan con su estructura necesaria, no saben incluso lo que tienen que hacer, ni siquiera que está en la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, reconoce la titular de la ASE, Emma Félix Rivera.

El mayor problema que se tiene con los órganos internos de control en México, no solo en Sinaloa, radica en que todos son distintos y requieren una homologación. Entre las medidas que propone la ASE está legislar sobre el perfil idóneo de quien debe presidir el Órgano Interno de Control y fortalecerlo con mayores recursos.

La fallas del funcionamiento de los órganos internos de control, que de acuerdo al marco legal darán seguimiento a las observaciones de la ASE, llegan a tal grado que en algunos entes auditados son inexistentes como es el caso de la Escuela Normal de Sinaloa. El ente fue sujeto a una auditoría específica como parte de un acuerdo de la Comisión de Fiscalización y una denuncia ciudadana, que reveló el pago a personal que no cubría los requisitos y no se presentaba a trabajar. Los observaciones fueron canalizados a un inexistente órgano interno de control para su investigación y sanción.

La titular de la ASE aclara que en casos como la Normal de Sinaloa al no contar con un Órgano Interno de Control, se canaliza a la Secretaría de Trasparencia y Rendición de Cuentas.

Los números de los resultados de los órganos internos de control revelan sus deficiencias. En las auditorías financieras del ejercicio fiscal 2019, de un total 1 mil 896 promociones de responsabilidad administrativa, solamente se atendieron 136, por lo quedaron sin atender 1 mil 760, según reportó el informe semestral sobre las solventaciones emitido por la ASE al corte del 29 de octubre del año en curso.

En las deficiencias de operación de los órganos internos de control existen casos paradójicos como el que existe al interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, ya que de 11 expedientes que le remitió la ASE sobre el año fiscal 2019, solamente atendió uno. El asunto llama la atención porque se esperaría que este ente tuviese una actuación ejemplar, lo mismo que su órgano interno de control.

Es el mismo caso de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, que de 22 expedientes, correspondientes a la cuenta 2019 que le fueron canalizados a su Órgano Interno de Control , ninguno fue atendido.

Aunque estos resultados de los órganos internos de control son emblemáticos, no son lo que suman más casos; está también, por ejemplo, la actuación del que funciona en los Servicios de Salud, que de 102 expedientes ninguno fue atendido; o el del Ayuntamiento de Culiacán, que de 115 casos, solo atendió uno.

Los expedientes canalizados a los órganos internos de control, bajo el término de promociones de responsabilidad administrativas, son asuntos en los cuales se presume un incumplimiento de las disposiciones normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de servidores públicos.

Las cuentas públicas de 2017 y 2018 tampoco recibieron su finiquito como lo señala la Ley de Auditoría Superior del Estado, porque encontraron controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ambos casos las cuentas no tienen finiquito porque no fueron publicadas en el Periódico Oficial por el Ejecutivo Estatal, presidido por el entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel.

La controversia constitucional está centrada en la discusión sobre si la Comisión de la Fiscalización tenía facultades para dictaminar el rechazo o aprobación de los informes de las cuentas públicas emitidas por la Auditoría Superior del Estado.

La primera controversia constitucional fue presentada por el Congreso del Estado sobre las cuentas públicas de 2017 que fueron vetadas por el ejecutivo estatal, al no publicarlas el periódico oficial.

En el caso de las cuentas públicas de 2018, el Ejecutivo Estatal, representado por Ordaz Coppel, presentó la moción suspensiva sobre 21 acuerdos de rechazo que fueron emitidos por la Comisión de Fiscalización y votados en el pleno del Congreso local.

Aunque la emisión de finiquitos ha quedo como un mero documento testimonial, y los casos que se canalizan a los órganos internos de control se convierten en omisiones en su seguimiento, tampoco se han emitido a la fecha denuncias como consecuencia de hechos denunciados a partir de pliegos de observaciones de los últimas cuentas públicas, en donde se presume daños o perjuicios a la hacienda pública.

Todo pasa y todo queda en los informes de auditorías , las discusiones al interior de la Comisión de Fiscalización, o si acaso en posicionamientos de los diputados en tribuna. Pero nada más, para desgracia de los contribuyentes y de una sociedad que esperaría mayor transparencia y rectitud de quienes administran dineros públicos.

Artículo publicado el 28 de noviembre de 2021 en la edición 983 del semanario Ríodoce.