Alcalde de Ahome enmudece por denuncia de amenazas contra líderes de ¡Aquí No!; denuncian a GPO por terrenos inundables y funcionarios coludidos con escrituración
Por proceder de un acto de autoridad ilegal, la “consulta” para definir el rumbo de la planta de amoniaco en Topolobampo, que se realiza este domingo, no preocupa, aunque se prepara su impugnación en tribunales de usarse con un fin distinto al informativo, consideraron miembros del colectivo ¡Aquí No!
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Estos afirmaron que el proceso está amañado, y tiene una falla de origen: no es vinculante y su resultado no obliga acción alguna a las instituciones gobierno.
La parte indígena de la agrupación se reservó su participación en el “ejercicio participativo“ por considerar que la Secretaría de Gobernación pretende imponer criterios a las etnias para que favorezcan al grupo Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y ambos engañan y manipulan a la comunidad, además que cualquier sondeo de opinión realizado ahora es a destiempo y sesgado.
“Este ejercicio o consulta debió haber ocurrido ocho años atrás, no ahora, cuando el caso ya está corrompido por GPO. Defenderemos nuestro territorio, nuestro universo, igual con la vida misma o a hasta las últimas consecuencias, ningún gobierno puede pasar por encima de nuestro derecho sino ir paralelo a nuestros usos y costumbres para tener ambos el respeto mutuo”, opinó Felipe Montaño Valenzuela.
Gerardo Peña Avilés, ex diputado federal e iniciador de la defensa legal de la bahía de Santa María-Ohuira y Topolobampo; Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira, líder indígena que logró mantener los juicios de amparo en contra de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMANART) por sesgar los permisos a GPO; José Luis Luna, veterano ingeniero de automatización y seguridad industrial estructural; Diana Escobedo Urías, veterana investigadora de las costas sinaloenses del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa del Instituto Politécnico Nacional (CIIIDIR-IPN), y Armando Pinzón Rojo, lanchero recién hostigado por el gobierno municipal de Ahome y padre de Joel Ulises Pinzón Vázquez, líder de ¡Aquí No! amenazado por el alcalde, Gerardo Octavio Vargas Landeros, coincidieron en que la “consulta” ya es a destiempo, engañosa, tendenciosa y manipuladora para favorecer al capital afectando ecosistemas que aún son productivos y sustentan a miles de familias a pesar de que están impactados por políticas omisas de las dependencias públicas, que persisten hasta ahora.
Peña Avilés precisó que las mentiras y engaños con la planta de amoniaco se han intensificado, aunque han aclarado los daños ambientales que va a producir, los riesgos con la producción de amoniaco, su transporte y seguridad industrial, afectaciones al entorno de las comunidades indígenas, pesqueras y turisteras.
“La empresa (GPO) y Gobernación andan juntos. No agrada ver a autoridades promoviendo el proyecto, con puras bondades, todo a favor de la empresa. Lo que vaya a pasar con el resultado del domingo, no es vinculante y no quitará ningún objetivo de evitar la construcción de la planta en un lugar inadecuado”, insistió.
En tanto que Armando Pinzón Rojo, quien recién fue turnado a la Vicefiscalía General de Justicia del Estado por una acusación de lesiones a Vicente Vázquez Balderrama, esposo de la sindica de Topolobampo, Debora Preciado, cuando un hombre que llegó al varadero a provocarlo por su oposición a la planta de amoniaco, dijo que el rechazo social está creciendo y que gracias a las malas prácticas de los gobiernos y de la empresa para imponerse, la población mantiene la defensa del territorio.
Él aseguró que su hijo Ulises, amenazado por el alcalde Vargas Landeros, se autoexilió cuando las advertencias se incrementaron. “Su salida estaba programada. La última protesta fue la marcha, pero de donde esté seguirá haciendo activismo”.
Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, promotor del “ejercicio participativo”, reconoció que el resultado no es vinculante, pero servirá al ejecutivo para la toma de decisiones, por lo que se respetará el resultado de sí o no, y justificó que tiene respaldo en la Constitución y en Plan Nacional de Desarrollo.
Dijo que no es un tema de gobierno ni de dádivas, sino un asunto ciudadano, democrático.
“Sin embargo, respetaremos lo que dice la ley. La diversas opiniones de sí o no, es algo normal”.
Reconoció que los juicios que han interpuesto los habitantes de siete comunidades continúan paralizando la construcción de la planta de amoniaco, y aunque la suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto algunos, aún hay controversia. El resultado que se obtenga, también se respetará, y si ordena la consulta indígena, se realizará.
La consulta indígena es un derecho humano sustentado en un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “que abre la puerta a esa consulta. Esta se respetará, pero también lo que diga la mayoría”.
Silencio, sonidos guturales y monosílabos, responde GVL a autoría de amenazas en contra de líderes de ¡Aquí No!
El alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, enmudeció, y con monosílabos y sonidos guturales evadió responder sobre la acusación penal que por amenazas pesa en su contra en la Vicefiscalía Regional de Justicia de la Zona Norte.
¡Eeeeeeeeee! ¡Mmmmmmmmm! “No”, “No sé”.
Fue acusado de ser el autor intelectual de amenazas vertidas por terceros.
El presidente municipal fue abordado a su arribo a la asamblea informativa sobre el ejercicio participativo de la planta de amoniaco en el puerto de Topolobampo, y fue parco, huidizo.
El líder, Joel Ulises Pinzón Vázquez lo implicó en las amenazas que terceros le manifestaron en el varadero, exigiéndole, a nombre del alcalde retirarse de las propuestas y de los movimientos en contra.
Cuando Vargas Landeros confirmó el caso, retó a Pinzón Vázquez a que lo denuncie.
Y el líder opositor lo acusó y se integró la carpeta de investigación 4817/2021.
Entonces, el alcalde enmudeció, paralizando sus labios, sin responder públicamente al caso que él originó.
En la asamblea, sus subordinados del Instituto de Prevención de Adicciones del Municipio de Ahome (Ipama) intentaron reventar a opositores, insultándolos, confrontando a mujeres que llevaban a sus hijos en brazos. Para ello, Jesús Guadalupe Rodríguez González, coordinador operativo uso a adictos en recuperación del CIRETDA, a quienes enfundó con camisetas de la comuna.
Carlos Burgueño, representante de la Federación de Centros de Rehabilitación también tomó parte en la revuelta como esquirol del gobierno en contra de Aquí No.
En la misma asamblea, funcionarios del Instituto Municipal de las Artes y Cultura (IMAC) y de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) además del coordinador de giras y sus subordinados, Adrián Monzalvo operaron a favor de GPO y en contra de ¡Aquí No!. Incluso, una mujer, le arrebató el micrófono a Felipe Montaño, cobanaro de Ohuira.
Pese a todo, los opositores encararon a Vargas Landeros, que no respondió.
Tras el zipi-zape, la síndica procuradora, Cecilia Hernández, aseguró que abriría un expediente para investigar los hechos presuntamente perpetrados por el personal del Ipama, Japama y el IMAC en la asamblea informativa desarrollada en horarios laborales.
Consideró factible una sanción, aunque no reveló cuál sería.
Rodríguez González fue citado por el alcalde a su despacho, pero de última hora canceló la cita.
Nuevo enredo para GPO
Peña Avilés informó que un grupo de personas interpuso denuncias en contra de los inversionistas Proman y del grupo Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) por la ocupación, usufructo y construcción de edificaciones en zona federal marítimo terrestre sin contar con la concesión de 139 hectáreas de humedales y exigió la judicialización de los funcionarios del gobierno municipal y federal que extendieron concesiones y permisos para instalar la nave industrial en una zona inundable.
La denuncia fue interpuesta el 23 de noviembre en la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Desarrollo agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y se exige la anulación del título de concesión DGZF-1288/08 con la que se aprueba la construcción de un muelle por no existir terreno en dónde anclarlo y la cancelación de los permisos de construcción y usufructo de 139 hectáreas de humedales por vicios ocultos en los documentos que justificaron estos.
En la denuncia, Peña Avilés dijo que en la denuncia está como referencia el deslinde de alineamiento 7794 que ampara el recibo D 208,169, expedido por el ayuntamiento de Ahome con base en un levantamiento del 7 de junio del 2014 de las supuestas fincas rústicas 10245, 10246, 10247, 10154 y 09398 con una extensión de 139.86 hectáreas ubicada en el kilómetro 19 más 500 metros de la carretera Los Mochis-Topolobampo y en donde Daniel Morales Espinoza, Primitivo Reyes Berrelleza y Gregorio Molina Germán, desaparecieron la zona federal, la colindancia con la bahía, el estero, los humedales de Topolobampo, el derecho de vía y la zona inundable.
La adquisición por un político y su familia de las presuntas fincas rústicas al ejido Rosendo G. Castro es un tema aparte que debe ser indagado, y que en su momento, fue desechado por instrucciones de un gobernador que ofreció un cambio de rumbo, comentó Peña Avilés.
Peña Avilés dijo que las dependencias recurridas tendrán 10 días para responder a la acusación, de lo contrario, recurrirán a otras instancias para exigir la investigación y revocación de las autorizaciones para operar a GPO.
Artículo publicado el 28 de noviembre de 2021 en la edición 983 del semanario Ríodoce.
