De jueza de hierro a fiscal carnala

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“No soy amiga del gobernador, no, no, de ninguna manera; (Enrique Inzunza) él fue mi superior donde yo trabajé y tuvimos una relación institucional”, dice Sara Bruna Quiñonez

En septiembre, después de que el entonces gobernador electo, Rubén Rocha Moya, admitió que había pedido la renuncia al Fiscal General, Juan José Ríos Estavillo, trascendió que Sara Bruna sería la nueva titular por propuesta de él. El propio gobernador electo dijo en una conferencia de prensa que tenía una favorita y el lunes pasado aseguró que sus favoritos eran tres y eran los que había enviado en la tercia al Congreso.

Lea: Sara Bruna Quiñónez, una designación anunciada https://bit.ly/2YQKjDK

Colegios de abogados señalaron que el proceso de selección era simulación porque ya estaba decidido que la Fiscal sería Quiñónez Estrada, a quien ubican como cercana a Inzunza Cázarez cuando fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia y ella era jueza.

El jueves pasado la jueza en retiro fue electa Fiscal General del Estado con 39 de 40 votos y, tras rendir protesta, negó que hubiera línea para favorecerla a ella.

“No soy amiga del gobernador, no, no, de ninguna manera; (Enrique Inzunza) él fue mi superior donde yo trabajé y tuvimos una relación institucional, como magistrado y después como presidente del Tribunal y yo como jueza de control y enjuiciamiento”, dijo.

Aseguró que “no sabía yo que iba a ganar, no tenía yo esa certeza, se lo voy a decir como le digo a alguien que llega y que voy a juzgar, le digo: ‘yo no te puedo asegurar que te voy a absolver ni te puedo asegurar que te voy a condenar’, todos los juicios tienen sus asegunes, todos los procesos tienen sus asegunes y este no podía ser la excepción; yo no tenía ninguna seguridad, menos que se inscribieron muchos hombres y mujeres que yo los escuché hablar y sé que conocen el proceso, así que no tenía ninguna certeza”.

Señaló que se inscribió en el proceso de manera voluntaria y durante las etapas no hubo ninguna presión desde el Poder Ejecutivo para que la eligieran a ella.

Así se fraguó un perfil

Sara Bruna Quiñónez tiene 67 años, es originaria de Durango y es abogada por la UAS con maestría en derecho procesal por la Universidad Carlos III de España y otra por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal.

Inició su carrera como agente del Ministerio Público en 1991 y en 1995 ingresó al Supremo Tribunal de Justicia como actuaria; desde entonces ocupó cargos como secretaria de Estudio y Cuenta, jueza penal y desde 2016 como jueza de control y enjuiciamiento hasta septiembre pasado cuando se retiró del Tribunal.

Como jueza de control cobró notoriedad cuando empezó a llevar los casos de corrupción de ex funcionarios del gobierno de Mario López Valdez.

La “jueza de hierro” cuestionaba el trabajo de la Fiscalía, señalaba a los fiscales por la aplicación de justicia selectiva, a los abogados por las estrategias que llegó a considerar inmorales y acusaba que pretendían usarla a ella como instrumento para legalizar acuerdos.

Uno de los casos en los que ella fue la jueza, fue el proceso contra el ex secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal; el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el auxiliar de Caja General, José Carlos López Ramírez, acusados de desviar 263 millones de pesos.

En diversas ocasiones, tanto abogados como la Fiscalía, con anuencia del gobernador Quirino Ordaz Coppel, intentaron retirar la acusación o cerrar el proceso con suspensión condicional y el pago de 2 millones de pesos, pero la jueza se oponía.

“Pretenden que el Tribunal legalice ese acuerdo, me niego a ser instrumentalizada para esos efectos”, “¿Con qué base voy a admitir que nada más se paguen 2 millones y con un poder que no tiene eficacia para los fines que aquí se pretenden?” ,“Hablamos de muchos millones, no puedo voltear para otro lado y fingir que esa suma se desvió para pagar gasto corriente cuando los datos de la carpeta de investigación acreditan lo contrario”, dijo a los fiscales.

En otra de las audiencias les expresó “tienen una manera bastante extraña de atender la ley”, “yo no voy a venir aquí, así facilito, sin cuestionar, a decir se sobresee y ya se van a su casa”.

Los abogados llegaron a pedir a la jueza que se retirara de la causa penal porque su actitud ya era parcial y con un “juicio fuera de la realidad”; y la jueza cerró la audiencia de manera abrupta y abandonó la sala sin pronunciarse.

En junio pasado, aprobó el acuerdo para suspender la causa penal, después de que dijo “maliciosamente” suprimieron delitos y tanto la Fiscalía como los abogados fueron derribando los obstáculos que impedían aprobar el acuerdo.

Sara Bruna también llevó el proceso contra el ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro; la ex directora Administrativa, María Alejandra Gil Álvarez; y el ex director de Atención Médica, Jaime Otañez, por entregar sin licitación un contrato por 14 millones de pesos.

María Alejandra fue la única que llegó a juicio porque, según la jueza, la Fiscalía aplicó justicia selectiva.

“Pregunto, ¿quién ejerció justicia selectiva en este caso?”, “No actuó sola, formó parte del grupo que gestó los pagos”, dijo la juzgadora.

Tras escuchar testimonios y conocer las pruebas, la jueza consideró que había otras personas a las que también les resultaba responsabilidad.

En el juicio contra el ex secretario Técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel Pineda Ochoa, también fue la jueza.

Durante el fallo señaló a la Fiscalía de haber violado el debido proceso y los derechos del acusado porque presentaron acusación por el delito de peculado en un momento en el que ya no podían hacerlo y tuvo que dictar sentencia absolutoria.

Es inaceptable ese proceder, dijo a los fiscales anticorrupción.

Después de rendir protesta como Fiscal, dijo que lo primero que haría sería tener contacto con el personal para conocer los problemas que enfrentan y entender cómo puede empezar a realizar acciones.

“El primer problema que veo es que hay lentitud, eso es lo que me preocupa a mí, si nos retrasamos, eso desespera a las víctimas que a veces desisten y pues no es bueno, definitivamente es uno de los males que yo trataría de enmendar a la mayor brevedad”, indicó.

Señaló que hará una evaluación de las áreas y decidirá qué servidores públicos se quedan y quiénes se van, pero tiene claro que con la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Reyna Angulo Valenzuela, hay diferencias por su forma de trabajar.

“En cuanto a ella yo creo que quedó claro en los debates, en el juzgado que yo no estuve de acuerdo de ninguna manera, discrepo con ella”, expresó.

Manifestó que es un gran reto ocupar la Fiscalía y ser la primera mujer en ese cargo pero no defraudará a quienes confían en ella.

“El compromiso es tener una procuración de justicia mucho más eficiente y más aceptable. Es un compromiso enorme que lo acepto con mucho gusto y con mucha responsabilidad, trabajaré con todos mis conocimientos, con todas mis fuerzas para dejar en alto la institución de la Fiscalía”.

Adelantó que su prioridad será la violencia familiar porque es el delito de mayor incidencia en el estado.

Quiñónez Estrada reiteró que no hubo línea desde el Poder Ejecutivo para que ella resultara electa.

“Me intimida o me mortifica que piensen eso, yo acudí voluntariamente”, asegura.

Artículo publicado el 14 de noviembre de 2021 en la edición 981 del semanario Ríodoce.

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