(Aristegui Noticias).- Calificadas como una “farsa electoral” por la oposición y organismos internacionales, este domingo 7 de noviembre Nicaragua irá a las urnas en unas elecciones generales. En estos comicios el que fuera dirigente de la revolución sandinista Daniel Ortega alcanzará, previsiblemente, un cuarto mandato consecutivo, acumulando el poder durante cinco años más.

La situación de los Derechos Humanos en el país centroamericano ha venido deteriorándose desde hace años, lamentó la directora adjunta de la división de las Américas de HRW, Tamara Taraciuk, quien en una entrevista detalló que progresivamente, el régimen de Ortega y (Rosario) Murillo ha acaparado poder, cooptando gradualmente el poder judicial, el Consejo Supremo Electoral y la Asamblea Nacional.

Pero no solo la situación de los Derechos Humanos preocupa a la comunidad internacional, en la arena electoral, el régimen ha implementado estrategias represivas orientadas a desarticular a la oposición, disuadir mediante el miedo cualquier protesta en contra del Gobierno y allanar el camino para la reelección, alertó Taraciuk.

En este contexto, se ha registrado una “oleada de detenciones arbitrarias”, que en algunos casos han supuesto la prisión de críticos con Ortega, entre ellos siete precandidatos presidenciales, así como periodistas, abogados defensores, líderes estudiantiles y campesinos.

La “cacería” de críticos tiene como aval la aprobación de una serie de leyes y reformas abusivas que violan derechos fundamentales a la libertad de expresión, de asociación y de prensa, y que restringen la participación política de los candidatos de oposición, unas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, controlada por partidarios del régimen.

Por todo esto, en Nicaragua no existen hoy condiciones para elecciones libres, justas y competitiva, concluyó Taraciuk, ya que además de que las principales figuras políticas opositoras se encuentran en prisión con cargos fabricados por el régimen, el Consejo Supremo Electoral –enteramente compuesto por miembros afines al Gobierno–, ha suprimido la personalidad jurídica de los principales partidos opositores, impidiéndoles su participación en las elecciones.

“Sin oposición, solo puede esperarse que el 7 de noviembre Ortega resulte ganador”, expresó, “(aunque) no será el resultado de una contienda justa en donde distintas fuerzas se disputan el poder, sino de una pantomima donde ni siquiera pretenden mantener una fachada democrática“.

En este sentido, Ortega, en el poder desde 2007, y su vicepresidenta, esposa y mano derecha, Rosario Murillo, buscarán superar el 72 por ciento de los votos que lograron recabar en las últimas elecciones, celebradas en 2016 y también envueltas entre polémicas y acusaciones. Su victoria en las elecciones es presumible: se necesita un mínimo de un 35 por ciento para ganar, en unos comicios que celebran una única vuelta.

También las urnas recibirán los votos de los nicaragüenses para renovar los 92 escaños de la Asamblea Nacional, que en la actualidad es afín al oficialismo y ha sido la encargada de aprobar en el Legislativo la mayor parte de leyes que han servido para menoscabar las libertades de los nicaragüenses, así como a los miembros del Parlamento Centroamericano. También en las casillas para estos dos órganos se espera que arrase el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega.

Al FSLN se enfrentarán un total de seis partidos, todos acusados por parte de la oposición de “colaboracionistas”, de servir como plataforma para “legitimar” unas elecciones que no tienen las garantías básicas para serlo.