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¿Cómo logró salvar Quirino la cuenta pública 2019?

OBRA PÚBLICA ESTATAL. El sello de la turbiedad.

Es muy grave que el dictamen de la Comisión de Fiscalización proponga la aprobación de la cuenta pública cuando van casos de responsabilidad administrativa por faltas graves asociadas a corrupción, dice Iniciativa Sinaloa

El diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta Zazueta, no se quedó callado. Dijo en plena reunión de la Comisión de Fiscalización que les sorprendía cómo la cuenta del Ejecutivo Estatal de 2019 había logrado solventar el 90 por ciento de las observaciones que le había hecho la Auditoría Superior del Estado.

Dentro de la bancada de Morena ha sido el legislador más duro a la hora de fiscalizar los recursos públicos. En la anterior Legislatura fue dos de los tres años presidente de la Comisión de Fiscalización.

Siendo presidente de la Comisión de Fiscalización, el Pleno del Congreso del Estado reprobó al gobernador Quirino Ordaz Coppel la cuenta pública de 2017, cuyo dictamen fue vetado junto al rechazo de los 18 municipios. La controversia con el Congreso del Estado sobre ese tema se mantiene viva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El día que le tocó analizar la cuenta pública de 2019, frente a sus compañeros de la Comisión de Fiscalización, el diputado de Morena comparó que tan solo cuatro de los 18 municipios habían logrado hacer válidos algunos de los documentos presentados.

Era martes y apenas el viernes anterior, la Auditoría Superior del Estado había entregado a la Comisión de Fiscalización el informe sobre el avance de la solventación de los entes con observaciones, entre los que se incluía el gobierno estatal.

Pero por las presiones del tiempo propuso mejor hacer un voto de reserva para que la Unidad de Valuación, un órgano técnico recientemente integrado, revisara el documento.

Zazueta Zazueta, quien en la actual Legislatura funge como secretario de la Comisión de Fiscalización, tampoco se atrevió a votar en contra de la cuenta pública para que no pudiese interpretarse como un exceso político.

La ASE había señalado en su informe que el Poder Ejecutivo tenía 133 promociones de responsabilidad administrativa y 38 pliegos de observaciones por un monto de 65 millones de pesos.

MARCO ANTONIO ZAZUETA. No me lo explico.

Entre otras observaciones en el Poder Ejecutivo se presumían daños a la hacienda pública como el pago de 13 millones de pesos a diversas asociaciones agrícola sin motivo justificado, la falta de comprobación de gastos y bitácoras realizadas por trabajos de mantenimiento por 12 millones de pesos a aeronaves del gobierno estatal, así como la entrega de recursos para la modernización del transporte de pasajeros.

Junto con la cuenta pública del Ejecutivo Estatal estaba también el reporte de solventación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Junto con las cuentas del Poder Judicial y el Legislativo, eran de las pocas que lograron ser salvadas de la reprobación que realizó la mayoría de Morena a las cuentas públicas.

Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, propone revisar que pasó con el otro 10 por ciento de expedientes que no fueron solventados ante la Auditoría Superior del Estado. En su opinión no se debiese aprobar una cuenta pública como la del Ejecutivo Estatal donde hay promociones de responsabilidad administrativa que implica contrataciones de manera irregular.

Iniciativa Sinaloa investigó y presentó evidencias que durante 2019 el gobierno estatal había contratado empresas fantasma. La denuncia fue presentada ante la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, pero en ninguno de los dos casos se les notificó avance alguno en las investigaciones.

De acuerdo con las investigaciones de Iniciativa Sinaloa se habían realizado transacciones en 2019 con 17 Empresas Facturadoras de Operaciones Inexistentes (EFOS) boletinadas por el Sistema de Administración Tributaria. Uno de ellas fue el Grupo Constructor Cavi. La empresa recibió contratos en 2018 y 2019 por 3 millones 311 mil pesos por una pavimentación de concreto hidráulico en la calle Santa Alicia en la colonia Ampliación Aurora en la ciudad de Los Mochis.

La organización también presentó denuncias sobre la forma de operar de Precasin, que trabajó mediante administración directa para evadir obras por licitación. Tan solo en 2019, la Secretaría de Administración y Finanzas le autorizó 104 millones para una obra de un colector del Arroyo de Piojo en Culiacán, mediante Precasin.

Otra razón para no aprobar la cuenta pública del Ejecutivo Estatal es el gasto de publicidad cuyo exceso debe revisar a mayor detalle.

Es muy grave que el dictamen de la Comisión de Fiscalización proponga la aprobación de la cuenta pública cuando van casos de responsabilidad administrativa por faltas graves asociadas a corrupción, cuestionó la activista.

De más de 450 observaciones, únicamente quedaron 159, pero al final quedaron como en 133 responsabilidades administrativas, las cuales pueden terminar en hechos de corrupción que pueden ser castigados por la vía administrativa y en su caso por la penal, advierte.

Ante la inminente aprobación de la cuenta pública 2017 de Ordaz Coppel, Iniciativa Sinaloa pide una revisión exhaustiva, por ejemplo, en la falta de transparencia y excesos en los gastos de Comunicación Social, que es uno de los puntos observados como responsabilidad administrativa.

Esta semana, ante el Pleno del Congreso del Estado, los diputados tendrán la última palabra, si reprueban o salvan las cuentas públicas del gobernador que la entregará la estafeta del cargo a Rubén Rocha Moya.

Artículo publicado el 24 de octubre de 2021 en la edición 978 del semanario Ríodoce.

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