miércoles, octubre 20, 2021
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Luces y sombras

EMMA GUADALUPE FÉLIX. Tiempo contado.

Rubén Rocha Moya asumirá el cargo de gobernador el 1 de noviembre, pero, ya está tomando decisiones que perfilarán su gabinete y gobierno.

Apoyado en un poder casi absoluto que le otorgó el voto ciudadano a Morena, se traduce en la conquista del Poder ejecutivo y legislativo, la mayoría de los municipios y sus cabildos, y ya perfila el gabinete que le acompañará y donde encontramos desde cuadros burocráticos transexenales, dirigentes políticos, luchadores sociales y activistas morenistas de viejo y nuevo cuño de izquierda.

Es, técnicamente, un gobierno de “dulce, chile y de manteca” que se buscará cuadrar para darle la mejor operatividad al gobierno.

Ahí, estarán, por poner un ejemplo, personajes como Héctor Melesio Cuen y Teresa Guerra, quienes tienen un juicio en marcha por presuntos agravios al honor del ex rector y que tienen un anclaje político en el caciquismo que este ejerce impunemente en la UAS.

Y, quizá, Rocha Moya, busca que este tipo de conflictos sean superados en el compartimiento en las tareas de gobierno o simplemente que sigan su curso legal. ¿Lo logrará?

Quizá se distienda y anime, al menos protocolariamente la concordia, pero los agravios están ahí y puede ser una bomba de tiempo cuando haya definiciones en torno al tema jurídico o universitario.

Pero, en ese proceso de definiciones, hay otros temas que evidentemente provocan preocupación porque van en contra de las instituciones por más que se argumente que “son necesarios” hacer cambios para el mejor funcionamiento del gobierno.

Tenemos, por el lado de Morena, que administrativamente se ha “elegido” como dirigente estatal a Manuel Guerrero, sin cubrir el trámite de la convocatoria para que aquellos interesados en participar puedan hacerlo y entrar al juego bajo reglas establecidas en la ley de partidos.

Esto, si bien es necesario, ya que la dirección estatal, está acéfala desde 2015 cuando se destituyó al CDE luego del zipizape que se protagonizo por la designación de Manuel Estrada como candidato a gobernador en 2016, esa misma experiencia, debería llamar a cubrir el tramo de la democracia interna, no vaya a ser que una vez que le tomen protesta a Manuel Guerrero, esta designación se impugne ante el tribunal electoral.

Así mismo, estaría el caso, que ya ha trascendido a la prensa, sobre la salida de Juan José Ríos Estavillo, el fiscal general del estado al que faltarían cuatro años para terminar el periodo para el que fue designado por el Congreso del Estado; esto es grave, porque la fiscalía, que es parte del Poder Ejecutivo, tiene por ley su propia autonomía.

Entonces, que se presione o negocie la salida de Ríos Estavillo, y esta se ejecute, abre la puerta para que el gobernador ponga como ha dicho Ismael Bojórquez un “fiscal carnal”, que su autonomía termine en manos de quien lo puso.
Grave, grave, este asunto.

Lo mismo se adelanta en el caso de Emma Guadalupe Félix, la Auditora Superior del Estado, que también es un órgano autónomo que si es desplazada del cargo sería a todas luces para poner un “auditor o auditora carnal (a)”.
Grave, grave, también esta decisión.

Sé, que el relato justificante, irá de la simpleza de que ellos ya querían dejar el cargo porque se lo debían a Quirino Ordaz, hasta el más duro, que duele socialmente, porque nunca cumplieron satisfactoriamente su función de ley y por si algo faltara, dirán que son personajes del viejo régimen priista.

Que lo son, sin duda, pero estamos en un Estado de Derecho, y eso en este momento parece olvidarse con el fin de tener un gobierno de un solo cuerpo, de un solo hombre, una sola voz.

O sea, no bastaría, llevarse a Enrique Inzunza desde el Tribunal de Justicia del Estado a la secretaria general de Gobierno, sino hacerlo con los órganos autónomos, lo que anuncia un sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo.

Y, aunque hay mucho de cierto de que estos órganos autónomos nunca cumplieron cabalmente con su papel, ahí están las cifras en materia de seguridad pública o los casos escandalosos de corrupción, que salieron bien librados, y que no valieron para nada, las evidencias presentadas y valoradas por la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien, dicho de paso, se dice que esta ocupara un alto cargo en el próximo gobierno.

En definitiva, la llegada del gobierno morenista a Sinaloa, lo hace siguiendo prácticas de los gobiernos anteriores con la única diferencia de que aquellos eran más pausados mientras en este corre una prisa desaforada en sentar las bases de uno que avizora un extraordinario centralismo.

Y, eso, no es cumplir con el relato democrático, esgrimido en campaña, y menos, responde a las expectativas de una sociedad plural como la nuestra.

Artículo publicado el 10 de octubre de 2021 en la edición 976 del semanario Ríodoce.

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