Quirino congeló denuncias de Iniciativa Sinaloa

PRECASIN. Un instrumento para manejos turbios.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel vendió una imagen y una fachada, pero atrás no había realmente un combate a la corrupción, asegura la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes.

Durante el gobierno de Ordaz Coppel, la agrupación civil Iniciativa Sinaloa presentó tres denuncias administrativas por posible faltas graves y no graves asociadas a corrupción ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, pero en ningún caso se les notificó de avance alguno en las investigaciones.

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La agrupación señaló la probable comisión de peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y contratación indebida.

Las denuncias documentadas se presentaron hace un año luego de trabajos de investigación que les permitió reunir evidencias de los hechos en los que se presume se apartaron de la legalidad en el manejo de los recursos públicos.

Entre los casos documentados que se presentaron con evidencias ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, está el relacionado con facturación de empresas fantasma, la adjudicación directa de contratos para los Servicios de Salud de Sinaloa, y otra por la operación con opacidad de Precasin.

La asociación consideró que habían reunido documentos suficientes para afirmar que había faltas administrativas graves vinculadas a hechos o actos de corrupción, pero a la fecha observaron que no hay interés en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel en darle el trámite.

La directora de Iniciativa Sinaloa asegura que ni siquiera les han informado si la denuncia se encuentra en trámite para las investigaciones. “Creemos que es por falta de voluntad política”, asegura al mencionar que tienen conocimiento de la existencia de muchas carpetas rezagadas de hechos de corrupción.

“Nos quedaron a deber, ellos se pusieron la vara muy alta, que iban a combatir la corrupción”, lamenta al evaluar el gobierno de Quirino Ordaz.

No se hizo el trabajo de atacar redes de corrupción, no se quiso atacar a los “peces gordos”, y las investigaciones que se hicieron quedaron en pactos de impunidad, fue una simulación en las sanciones, afirma.

Las adjudicaciones directas

Iniciativa Sinaloa denunció a la Secretaría de Transparencia y Rendición de cuentas que durante 2017, el primer año del gobierno de Quirino Ordaz Coppel se habían entregado 15 contratos, los cuales por su monto deberían haberse entregado por la vía de la licitación. En total el monto representaba un gasto de 283 millones de pesos en los Servicios de Salud de Sinaloa.

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De acuerdo con la investigación realizada por la agrupación civil, los contratos fueron utilizados para la adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos, prestación de servicio integral de laboratorio de análisis clínicos, así como servicios médicos variados como mezclas terapéuticas, suministro de oxígeno y limpieza de unidades médicas y administrativas.

Al revisar 13 de los contratos, en ocho de ellos se encontraron inconsistencias en los documentos, para validar la adjudicación directa los Servicios de Salud, como la realización de supuestos estudios de mercado, que en realidad estaban soportados solamente con la cotización a un solo proveedor.

Había cotizaciones fechadas en 2015, pero integradas en las adjudicaciones de contratos realizados en 2017.
La investigación mostró cómo los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel otorgaron 60 contratos que debieron haber ser sido licitados.

El expediente también contiene información sobre los contratos del gobierno de Mario López Valdez, durante el cual se encontró que el 80 por ciento de contratos otorgados de manera directa y sin justificación fueron distribuidos entre 10 empresas.

Facturación invisible

En septiembre de 2020, Iniciativa Sinaloa denunció que durante los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel se habían contratado al menos 161 millones de pesos con empresas que el Sistema de Administración tributaria (SAT) las tenía catalogadas como inexistentes.

La investigación reveló que el 66 por ciento de los recursos, equivalente a 107 millones de pesos, estaba distribuido en tan solo 10 empresas que tenían la singularidad de estar relacionadas entre sí. Son empresas creadas el mismo día, con mismos socios, apoderados legales e incluso domicilios.

En las facturas revisadas en esta situación que corresponden al periodo de Ordaz Coppel, corresponden a órdenes de compra que fueron emitidas para la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Pesca.

Artículo publicado el 19 de septiembre de 2021 en la edición 973 del semanario Ríodoce.

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