Una ilegalidad pago de 141 mdp a Nafta Lubricantes por parte del Cabildo de Mazatlán

DAVID LIBRADO Y AGUILAR COLADO. Demandar, la ruta del castigo.

“Creo que a todas luces es ilegal la orden de pago hacia Nafta Lubricantes, por parte de Cabildo, pues violaron el artículo 50 de la Ley de Gobierno Municipal en el Estado”, afirma David Librado Díaz, ex subdirector administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Luis Antonio Aguilar Colado, ex director de asuntos jurídicos del Ayuntamiento de Mazatlán, sostiene que “lo que procede ya es demandar por las responsabilidades que le puedan recaer a todos los personajes que intervinieron y que dejaron correr el caso Nafta Lubricantes. Y uno de los personajes que está en este asunto es Alejandro Higuera Osuna”.

El acuerdo de Cabildo también propone como una de las opciones abonarle parte de los 141 millones 802 mil pesos al Grupo Arhe con tres bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento Municipal de Mazatlán.

 

Lodo de viejos polvos

La demanda por daño patrimonial de Nafta Lubricantes contra la Comuna data desde 2014, durante el gobierno municipal presidido por Alejandro Higuera Osuna, cuando dio permiso para la construcción de una gasolinera, pero los vecinos damnificados interpusieron un amparo y tuvieron que suspender la obra.

El litigio transitó por los gobiernos de Carlos Felton González, Fernando Pucheta Sánchez y Joel Bouciéguez Lizárraga, desembocando en el trienio de Luis Guillermo Benítez Torres, cuando el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) falló a favor de la empresa y ordenó pagar 141 millones 802 mil pesos.

Fue en la Sesión número 66 de Cabildo, cuando se acordó que una parte de la cantidad arriba mencionada se pagará con tres terrenos que entre otros inmuebles integran Bienes Municipales del Ayuntamiento de Mazatlán.

El dictamen presentado ante Cabildo y al que se opusieron tres regidores, fue votado por ocho regidores afines al Químico Benítez quien estuvo ausente, como también brillaron por su ausencia la síndica procuradora Elsa Bojórquez Mascareño y la regidora de Paulina Guadalupe Osuna Castañeda.

 

Sesión de Cabildo ilegal

Para el abogado David Librado Díaz, resulta ilegal el pago, ya que del acuerdo tomado en Cabildo, el secretario del Ayuntamiento, fungió como encargado de Despacho, por ministerio de ley, y es totalmente antijurídico lo que se hizo.

Argumenta que el artículo 50 de la Ley de Gobierno Municipal en el Estado, señala que el secretario del Ayuntamiento, será únicamente auxiliar del presidente municipal y auxiliar de Cabildo en las juntas.

“Más no tendrá derecho ni a voto ni a proponer nada, (pero) cosa que sucedió en la pasada sesión de Cabildo, por lo tanto, la sesión de Cabildo donde se autorizó el pagó a Nafta Lubricantes es totalmente ilegal”, enfatizó.

Insistió en que de acuerdo al artículo 50 de la Ley de Gobierno, el secretario del Ayuntamiento no tiene las facultades con las cuales hizo el convenio, y los regidores jamás debieron de haber admitido que él estuviera votando.

“Porque él (José de Jesús Flores Segura) votó y resulta que es nulo el acuerdo, lo que resulta extraño es que nadie se haya pronunciado al respecto, solamente algunos juristas reconocidos de la ciudad”, criticó.

Librado Díaz citó a los juristas, José Luis Posadas Barbosa, quien manifestó su opinión en Facebook y también seguramente David Cristóbal Álvarez.

 

“El diablo guinda”

Luis Antonio Aguilar Colado, otro de los ex asesores jurídicos del Químico Benítez, se pregunta si una vez que ya se resolvió la sentencia a favor de Nafta Lubricantes, se va a demandar a los personajes involucrados en el caso.

“Una vez que ya se resolvió en sentencia y que ya se empezó a pagar entonces lo que procede ya ahorita es demandar por las responsabilidades que les pueda recaer a todos los personajes que intervinieron que dejaron correr el asunto hasta llegar ahorita; y este ese caso está el personaje Alejandro Higuera”, dijo.

-Para usted, ¿en primer lugar está el ex alcalde Alejandro Higuera?- se le pregunta a Aguilar Colado.

-Claro que sí, en primer lugar, Alejandro Higuera. Pero la pregunta es: ¿Irán a proceder en contra de Alejandro Higuera con la alianza que trae con el Quimiquín?

-Y también con el gobernador electo Rubén Rocha Moya…

-No, pero aquí en Mazatlán, porque la denuncia debe de venir con la autoridades municipal. De aquí debe de salir, porque el afectado es el municipio.Y a quienes les corresponden, puede ser a la síndica o puede ser a Cabildo, puede ser a Contraloría.

“Pueden actuar o deben de actuar en contra de quienes presuntamente son responsables de ese juicio de ese resultado. Y el que está a la cabeza es Alejandro Higuera. ¿Se irán a animar a jalarlo a juicio?”

-Recuerde que son tiempos de “juicios” a los “ex presidentes”…

-Sí, pero yo lo digo por la figura que ahorita es el ex presidente municipal de Mazatlán, en todos los niveles políticos de Sinaloa. Alejandro Higuera, más conocido actualmente como el diablo guinda, porque dejó de ser ya diablo azul.

“Entonces al nivel que logró meterse con Rocha Moya, ¿irán a realizar acciones en contra de él? o los mazatlecos vamos a tener que pagar los errores de ellos. Ese es el tema, ya ahorita deben de haber iniciado juicios en contra de ellos. Empezando contra el diablo guinda. ¿Lo habrán hecho?”

Mientras las preguntas esperan respuestas, para el abogado David Librado Díaz, la otra polémica que se avizora es que Cabildo propone como una de las opciones de abonos de pago de parte de la deuda de la demanda de Nafta Lubricantes es hacerlo con tres terrenos propiedad del Ayuntamiento de Mazatlán.

Uno de los predios que ha sido señalado es el que está ocupado por el Consejo Ecológico de Mazatlán (CEMAS), y el Centro Para la educación Agrícola y Ambiental A.C. (CEAAC ), ubicados frente al Bosque de la Ciudad.

Otro sería el estacionamiento ubicado en la calle Mariano Escobedo, entre las calles 5 de Mayo y Benito Juárez, frente a las oficinas de la síndica procuradora Elsa Bojórquez Mascareño.

Los ambientalistas junto con el diputado federal electo, Juan Torres, advirtieron que se ampararán e interpondrán denuncias penales y administrativas ante las autoridades correspondientes contra la decisión tomada por Cabildo.

Artículo publicado el 01 de agosto de 2021 en la edición 966 del semanario Ríodoce.

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