Pistoleros inciden en voluntad electoral en la jornada del 6 de junio

Por la ambición de gobernar a cualquier precio, actores políticos socavaron la democracia en Ahome, durante la jornada electoral del pasado domingo 6 de junio.

Mientras unos festinan el triunfo ilegítimo que lograron, los otros rumian la derrota, ante una autoridad electoral omisa y mediocre si no es que cómplice. Pero es la sociedad la verdadera ofendida y afectada, presa ahora de una incertidumbre sobre la honestidad de su futuro gobierno.

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Lo menos que la vox pópuli dice en todos los corrillos, es que ahora el narco es gobierno y el capo de la comarca el verdadero alcalde, los nuevos diputados títeres del “señor” que les prestará su curul o que despachará desde el tercer piso del palacio de Culiacán.

Y es que todos usaron estrategias de bandidos para acorralar a los electores, y obligarlos a votar por sus alianzas o sus partidos.
Nadie, ninguno, está exento del crimen, y sobre todos recae la sospecha de haber fletado al “halcón”, al puchador o al pistolero para intimidar a sus adversarios. Así, el narcoestado asume el control de los gobiernos municipales, el congreso local y la gubernatura.

La evidencia de todo fue Ahome, en donde un burdo ataque a los electores y a la autoridad electoral fue perpetrado durante cuatro horas, sin que nadie los enfrentara o los combatiera. Todas las policías desaparecieron de las calles, en esas horas aciagas.

La mañana del 6 de junio la policía municipal desplegó 48 patrullas para vigilar el orden en 691 casillas electorales distribuidas en Ahome, una fuerza inapreciable, en los distritos 02 federal y 03, 04 y 05 local. La Policía Estatal Preventiva fue inexistente; la Policía Ministerial del Estado se agazapó; la Guardia Nacional se ocultó, la Marina se escondió y el Ejército se esfumó. Todos estos comenzaron a salir a las calles después de las 15:00 horas, cuando la jornada electoral había sido vapuleada.

Antes de ese día, que fue llamado por Marco Antonio Osuna Moreno, candidato a la alcaldía por el PRI-PAN-PRD, como el “Culiacanazo Electoral” —en alusión al día en que pistoleros doblegaron al Gobierno Federal con el poder de las armas para liberar a Ovidio Guzmán López en Culiacán, sólo dos candidatos habían reconocido amenazas a sus equipos de promotores por tipos armados: Joaquín Peña Rivas, en el Colorado le impidieron entrar, y Luis Manuel Rivera Villela, de Fuerza por México, fue seguido por “halcones”. Ambos reconocieron los hechos, pero ninguno denunció.

Durante las campañas, los candidatos y las alianzas se disputaron a las y los operadores políticos, líderes naturales y representantes de organismos intermedios para atraer electores. La compra de conciencias fue de uno y otro bando. “Quien pague más, quien ofrezca más, con ese trabajaremos”, afirmaron operadores priistas que se fletaban con el mejor postor.

Un día antes de la elección, el sábado 5 de junio, hombres armados privaron de la libertad a tres operadores de Gerardo Vargas Landeros, abanderado por Morena-PAS, allanaron su casa de campaña y robaron celulares y equipo de cómputo. El candidato no denunció el caso, y dejó que las familias de estos lo hicieran.

A la mañana siguiente, el domingo 6 de junio, la ciudad de Los Mochis prácticamente amaneció tapizada con volantes en contra de él, acusándolo de “rata” y recordando los saldos trágicos de masacres y la escalada de desaparecidos cuando fue secretario de gobierno en el sexenio más infame de los tiempos modernos, el de Mario López Valdez.

Vargas Landeros calificó de “cobardes” a los autores de ambos hechos, y aseguró que no denunciaría ningún caso, pues se sujetaría al resultado de la elección.

Ese mismo día, los mensajes de texto comenzaron a repiquetear en los celulares de los operadores políticos de cada partido. De acuerdo con estos, que pidieron el anonimato, a los del PAS les advertían que no salieran porque sus familias estaban por ser atacadas por gentes de Fausto Isidro Meza, el Chapo Isidro y por Rafael Caro Quintero; a los del PRI-PAN-PRD hombres armados les ordenaron no salir de sus casas en labores de promoción del voto y dejar de acarrear gentes a las casillas por instrucción de los Chapitos, lo mismo que a los del PT. Las amenazas no llegaron a los candidatos, excepto a Angelina Valenzuela Benites. a quien un familiar indirecto de Vargas Landeros le insistió para que se “bajara” de la contienda. Ella no lo hizo.

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El día de la elección, la instalación de las casillas corrió sin problema, pero 90 minutos después comenzaron los ataques armados en contra de los funcionarios de casillas. Ninguna autoridad tiene el punto exacto donde comenzó ni cómo. Los reportes de estos desaparecieron de las bitácoras del 911. Este sólo informó de 17 casos de violencia intrafamiliar, un robo de vehículo y un homicidio, de acuerdo a Carlos Francisco Rodríguez Ponce, director de la policía municipal.

Sin embargo, en los patrullajes detectaron filas largas de civiles en domicilios de la colonia Nuevo Siglo, que a decir de algunos entrevistados, estaban pagando los votos comprometidos por los electores. También, encontraron personas cargando despensas.

“No actuamos, porque no podemos ingresar a los domicilios, sin flagrancia de hecho; no decomisamos evidencia, porque el llevar una despensa no es un caso, aunque suponíamos lo que ocurría”, explicó.

El primer caso que se conoció de robo de urnas ocurrió al filo de las 09:30 horas en la esquina de Álvaro Obregón y 20 de Noviembre. De acuerdo con funcionarios de casillas golpeados a pistolazos y electores amenazados, tres hombres con rifles AK-47 y pistolas que descendieron de un Kia de color blanco, robaron las urnas y las boletas. Estas fueron abandonadas después sobre la calle Obregón, pero la elección ya se había suspendido.

Luego, los reportes de robo de urnas llegaron en cascada. Ocurrieron en el ejido Primero de Mayo, en donde supuestos militares con tenis ordenaron suspender la elección. Lo mismo pasó en Cohuibampo, Goros Dos, Nuevo San Miguel, San Miguel Zapotitlán, ejido Mochis, Águila Azteca, y en otras demarcaciones.

José Domingo Vázquez Márquez, el Mingo, abanderado del PT, consideró que las urnas robadas le darían el gane en la elección, pues eran zonas ya muy trabajadas y en donde sus adeptos superaban tres a uno sobre cualquier candidato. “El ataque fue contra mi proyecto de gobierno, que era ciudadano. Nos robaron la elección”.

De los candidatos punteros según el programa de Resultados Preliminares (PREP), sólo Gerardo Vargas Landeros no salió a la calle a emitir opiniones al respecto, pues resultaba el aspirante más cuestionado y sospechoso de lo ocurrido.

A través de videos que fueron distribuidos por su equipo de propaganda, afirmó que esperaría el resultado de la elección, y arengó que los ahomenses ya habían decidido sobre su destino político.

Tras los hechos, de la jornada electoral, José Domingo Vázquez Márquez y Marco Antonio Osuna Moreno coincidieron en una campaña de resistencia civil al fraude a la democracia por la manipulación de la elección mediante el terror a los electores por grupos delincuenciales.

Con el slogan de que “Aquí nadie se rinde”, exigieron la reposición de la elección por violencia extrema, y se preparaban para impugnar el resultado y calificación del Consejo Municipal Electoral.

“Iremos a las instancias legales que sean necesarias, a los tribunales para denunciar el “culiacanazo electoral” en Ahome”, afirmó Osuna Moreno, mientras que Vázquez Márquez aseguraba que el atraco electoral fue evidente y a vista de todos por lo que el ganador será ilegítimo.

Martín González Burgos, presidente del Consejo Municipal Electoral de Ahome, reconoció que la jornada electoral tuvo incidencias violentas como el robo de urnas, intimidación y agresión a funcionarios de casillas, capacitadores y electores que provocaron la suspensión anticipada de 23 casillas.

De estos casos, 13 urnas tienen el estatus de no localizadas, y las restantes fueron entregadas en otros consejos electorales.
En estas no se han contabilizado porque se rompió la cadena de custodia, algunas ánforas llegaron vacías y en otras no existe un padrón electoral o boletas.

José Armando Infante Fierro, cronista de la ciudad e historiador regional, afirmó que el antecedente más cercano a una jornada electoral en donde las armas y los grupos armados definen una contienda ocurrió en los años 1930 y 1940, cuando fue asesinado Rodolfo T. Loaiza durante la elección de gobernador.

“La tendencia moderna es a dirimir las diferencias en las instituciones y no a balazos o por grupos armados. La molestia ciudadana es muy válida por esa incursión armada a definir una elección. Las diferencias políticas se deben dirimir con votos, no con narcoviolencia.

“No podemos regresar 80 años. Lo ocurrido en Ahome es muy grave. La narcoviolencia no debe ocurrir. Una reposición de la elección no es una idea descabellada”, dijo.

Francisco Salvador López Brito, ex alcalde de Ahome por el Partido Acción Nacional (PAN) y a quien le tocó frenar las “mapachadas” y la “alquimia electoral” mediante la vigilancia ciudadana de las elecciones, afirmó que los conflictos de las elecciones de los años 1980 y 1990 con el 2021 no tienen comparación. En las elecciones de Ernesto Hays Olea y de Rodolfo Peña Farber, el robo de urnas fueron focos, pero en la actual fue generalizado en el norte. “No sólo fue Ahome, sino también en Guasave, El Fuerte, Choix, Badiraguato…”.

López Brito aseguró que la narcoviolencia de la que habla la vox pópuli se reflejo abiertamente.

“Esta es una situación para quienes opinamos de política”, aseguró.

Y aunque algunos actores no lo aceptaron públicamente, otros, muchos, casi la totalidad, comentaron bajo anonimato que la narcoviolencia socavó la democracia en Ahome, y en el norte de Sinaloa, influyendo en el resultado de la elección de gobernador.