Antes de concluir su trienio, Manuel Guillermo Chapman Moreno, alcalde con licencia de Ahome, sepultó su carrera política, al quedarse sin posibilidad de aspirar a un nuevo puesto de elección popular por resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohibía todo concurso a quien tuviera sentencia firme por violencia política de género.

En el caso, su ex tesorera, Ana Elizabeth Ayala Leyva también fue aniquilada pues el INE le anuló la candidatura a la diputación federal por el segundo distrito electoral. Ella también tiene sentencia.

Para contrarrestar el efecto, el alcalde de nuevo recurrió a la farsa y a la argumentación mediática asegurando ser un “mártir político” y que daría la defensa jurídica en contra del INE para dejar salvos sus derechos políticos-electorales. En ese sentido, todos los casos los ha perdido.

El presidente municipal pretendía ser elegido como diputado plurinominal, por la primera circunscripción, pero el INE lo atrapó mintiéndole, pues cuando el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo registró, él afirmó en su declaración 3 de 3 que no tenía sentencia firme por violencia política de género y que no era deudor de pensión alimenticia entre otras cosas.

Aunque Chapman Moreno habría dicho la verdad, pues, efectivamente, literalmente no tenía una sentencia firme, sino 2, y 8 inejecuciones de sentencias que están por definirse más un cuadernillo por amenazas que está en litigio de reapertura.

El INE acreditó que …cuando se desempeñaba como Presidente Municipal de Ahome Sinaloa, ejerció Violencia política contra las mujeres en razón de género y acoso laboral en contra de la Síndica Procuradora, Angelina Valenzuela Benites, que quedó asentada en el acuerdo a sentencia TESIN-JDP-21-2019, en la que no se impusieron sanciones, pero sí medidas de protección y restitución que no fueron cumplidas. La infracción fue confirmada en sentencia SG-JE-37/2019 de la Sala Regional Guadalajara.

Los actos tuvieron lugar durante el periodo inmediato anterior al que buscan elegirse a otro cargo de elección popular y se perpetraron desde 2018 hasta por lo menos el inicio del PEF actual. Es el mismo caso de la ex tesorera, Ayala Leyva.

Así el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló por unanimidad la cancelación del registro de los dos candidatos de Morena en Ahome porque la información en el formato “3 de 3 contra la violencia” se comprobó como falsa y cometieron actos de violencia política contra las mujeres en razón de género habiendo declarado no haber sido condenados o sancionados bajo protesta de decir verdad.

En sesión ordinaria, la presidenta de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y la de Igualdad de Género y No Discriminación, Consejera Carla Humphre y Jordan, dijo que se cancela la candidatura de dos hombres y una mujer que incumplen con el requisito de modo honesto de vida, “calidad indispensable para ocupar una candidatura”.

Lamentó que se haya realizado sólo un estudio muestral pese a que la propuesta fue hacer una revisión total de las candidaturas. “Queda la duda si alguna de las personas registradas no debiese serlo” o es posible que una persona violentadora tome posesión de un cargo desde el cual seguirá violentando mujeres.

En su intervención, la Consejera Dania Ravel Cuevas detalló que la “3 de 3 contra la violencia” es una medida histórica con la que se busca que en el Proceso Electoral Federal se reduzca al mínimo la posibilidad de tener como candidatas a personas que hayan cometido alguna agresión contra las mujeres “y limitar la posibilidad de que lleguen a cargos públicos”.

La Consejera Claudia Zavala Pérez reconoció la participación activa de las autoridades a nivel nacional que coadyuvaron a revisar los formatos “3 de 3” y la sinergia para conocer las sentencias que se emiten sobre lo que acontece en las entidades.

Lamentó que “aparentemente haya una manifestación falsa ante esta autoridad”, al afirmar  que no habían sido personas condenadas o sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que el formato significa constatar que lo que manifestaron es cierto y se dará vista a las autoridades correspondientes.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, estableció que “se demuestra que hay personas que adquirieron una candidatura y le mintieron a la autoridad electoral”, pues se descubrió que tenían sentencias o resolución firme que implicaron que su declaración “3 de 3” era equívoca.

Agregó que desde que se aprobó el formato se señaló que una de las consecuencias sería la cancelación de la candidatura “así que no hay engaño para nadie” y corresponderá a las autoridades competentes determinar si procede o no el delito de falsedad de declaración a autoridad distinta a la judicial.

Angelina Valenzuela Benites afirmó: “Creían que el dinero lo compra todo y que la justicia no existe, tal vez no pronta ni expedita, pero llega.

El caso va a desprender un precedente nacional para que los políticos que le mientan a una autoridad electoral sea un delito y enfrenten la justicia penal. “Ellos sabían perfectamente que tenían dos sentencias por violencia política en razón de género, obstrucción del cargo y acoso laboral y mintieron. “No son mártires políticos, sino actos propios los que hicieron estar en donde están.