Juicios en Estados Unidos revelan narcorredes que nacen en Sinaloa

Secuestrar a personas que les adeudan el pago de cargamentos de droga es una práctica del Cártel de Sinaloa.

Al menos tres casos han sido descubiertos en Culiacán y dos de ellos por el gobierno de Estados Unidos que ha identificado redes de distribución de metanfetamina.

En un juicio contra cuatro presuntos miembros del cártel en Indianápolis se dio a conocer que tres hombres encontrados asesinados en Mocorito en 2016 formaban parte de la organización y estaban secuestrados porque uno de ellos debía 500 mil dólares.

Las víctimas son Ángel Barrios Moreno, quien tenía el adeudo; Adrián Barrios y Luis Carlos Cebreros Álvarez.

Un caso similar ocurrió en febrero de este año cuando una investigación iniciada en Pensilvania concluyó con la detención de Luis Raúl Castro Valenzuela, el Chacho, en Culiacán; y el rescate de una mujer estadounidense que tenía secuestrada para exigir el pago que incumplieron unos compradores de droga en Delawere.

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En 2016, en Valle Alto, liberaron a un hombre originario de República Dominicana y uno de Los Mochis pero con residencia en Estados Unidos, privados de la libertad durante tres meses por una deuda con el cártel.

En el caso de Barrios Moreno, la Fiscalía presentó testigos que hablaron sobre el secuestro en el juicio contra Héctor Saúl Castro Aguirre, Rafael Rojas Reyes, John Ramírez Prado y José Manuel Carrillo Tremillo, aunque ellos no estaban acusados de cometer el plagio.

Los cuatro fueron sentenciados por distribuir metanfetamina y cocaína enviada desde Sinaloa y en diciembre del año pasado presentaron una apelación en la Corte.

De acuerdo con los documentos, el fin del grupo llegó con el secuestro de Barrios Moreno, en Sinaloa, quien era el proveedor desde México.

Según el Departamento de Justicia, Castro Aguirre recibió 100 kilos de cocaína y los entregó a Carrillo Tremillo pero la droga fue decomisada en Illinois.

El cártel exigió el pago de esa droga y Barrios Moreno junto con las otras dos personas viajó a Sinaloa donde fue secuestrado para presionar.

Cuando Castro Aguirre se enteró del secuestro comenzó a recaudar dinero en efectivo y cuando obtuvo 250 mil dólares los envió para hacer un pago parcial.

A pesar de estos esfuerzos el cártel mató a Barrios Moreno junto con los otros dos hombres, indican los documentos.

En el juicio declaró Julio César, un taxista que trasladó a Barrios Moreno de Nogales a Sinaloa, mientras que Luis Carlos y Adrián viajaban en otro vehículo.

Narró que Barrios Moreno se cambió al vehículo de sus acompañantes y constantemente se comunicaba con ellos pero en algún momento dejaron de contestarle.

El taxista avisó a la esposa de Barrios y después se enteró que los habían encontrado asesinados.

Castro Aguirre era quien coordinaba los envíos de metanfetamina desde un parque de casas rodantes en Arizona a Avon, Indiana; Ramírez Prado rentó vehículos todo terreno y reservaban los hoteles para los mensajeros que trasladaban la droga; y una vez que los paquetes llegaban a su destino, Rojas Reyes la vendía en Indianápolis; y Carrillo Tremillo en Pensilvania.

El grupo distribuía drogas en Indianápolis; Lufkin, Texas; Reading, Pensilvania; New Brunswick, Nueva Yersey; Queens, Nueva York; y Colombus, Ohio.

Los fiscales creen que fueron los responsables de distribuir aproximadamente 200 libras de metanfetamina y 20 kilos de cocaína con valor al menudeo de más de 9 millones de dólares en Indianápolis.

Además estiman que en otras áreas de Estados Unidos distribuyeron 28 libras de metanfetamina y 390 kilos de cocaína, con un valor de más de 40 millones de dólares.

Como resultado de la investigación les incautaron 90 libras de metanfetamina y 12 kilos de cocaína y 2 millones 500 mil dólares en efectivo.

Castro Aguirre fue sentenciado a cadena perpetua por conspiración para distribuir 500 gramos o más de metanfetamina y cinco kilos o más de cocaína; y a 20 años por lavado de dinero.

Rojas Reyes fue sentenciado también a cadena perpetua por participar en una organización criminal, conspiración para distribuir sustancias controladas, conspiración para blanquear instrumentos monetarios y distribución de metanfetamina.

Ramírez Prado fue sentenciado a 30 años por conspiración para distribuir sustancias controladas y conspiración para blanquear instrumentos financieros.

A Carrillo Tremillo lo sentenciaron a 35 años por conspiración para distribuir sustancias controladas y conspiración para blanquear instrumentos financieros.

Los sentenciados apelaron las sentencias en la Corte pero fueron ratificadas, excepto la de conspiración para blanquear instrumentos financieros de Carrillo Tremillo, que fue anulada.

En la apelación los sentenciados pedían anular los testimonios y evidencias que se presentaron en el juicio sobre el asesinato de Barrios Moreno y sus dos acompañantes porque no tenía relación con las acusaciones, pero fue desechada por la Corte.