junio 25, 2021 3:39 AM

Huecos en la fiscalización dejan a partidos amplio margen para solventar gastos

RUBÉN ROCHA. El que más ha gastado.

Los huecos de la fiscalización: los partidos tienen un amplio margen para solventar todos aquellos gastos no reportados, siempre y cuando hayan sido detectados. Si no, no.

 

 

La meta es gastarse todo. El dinero sale del erario, nada les cuesta. Sirve para hacer campaña ya sea regalando gorras y camisetas o realizando comidas y desayunos. Todo se fiscaliza, todo se cuenta. O al menos, todo lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) alcanza a contar.

El INE a través del sistema de fiscalización lo que hace es verificar que el origen y destino de los recursos que obtienen los partidos políticos para sus campañas y que este sea legal. La legislación establece que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado.

Para este este proceso se fijó como tope de gastos de campaña para las gubernaturas en 50.4 millones de pesos, cantidad salida del resultado de la operación matemática de multiplicar al padrón electoral inscrito al 1 de enero de este año por el .25 de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para este año.

El padrón electoral en Sinaloa es de 2 millones 250 mil 098 personas y el valor de la UMA al momento de aprobar el presupuesto era de 89.6. El monto es por candidatura, no por partido, es decir, el tope de poco más de 50 millones es para cada uno de los ocho nombres que buscan ser gobernador o gobernadora.

Además, el monto aprobado de financiamiento público y privado para partidos políticos y candidaturas independientes es por 64 millones 374 mil 259 pesos.

El proceso se divide en dos cortes y el primero de ellos se realizó el 3 de mayo. En total, los ocho candidatos a la gubernatura han gastado, según datos abiertos del INE, 29 millones 456 mil 821 pesos en un mes de campaña.

Según el informe del INE, es Rubén Rocha Moya, con 13 millones 864 mil 808 pesos, quien más ha gastado. De la cantidad total poco más de 12 millones salen de las arcas de Morena y 1 millón 846 mil del Partido Sinaloense (PAS).

La primera irregularidad salta en los ingresos. El candidato común de Morena y el PAS es que reporta ingresos por 6 millones 515 mil 888 pesos a través de su partido de origen y gastos al doble, según el reporte del INE.

El monto aprobado para Morena de financiamiento público de este proceso es de 22 millones 62 mil 243 pesos y para el PAS de 5 millones 56 mil 601 pesos. Ambas cantidades son repartidas entre cada una de las candidaturas de los puestos a elección popular a nivel local.

Es decir, Rubén Rocha Moya acumula casi la mitad del monto total que su partido tiene permitido gastar como financiamiento público para las campañas en tan sólo un mes de proselitismo, mientras que en el caso del PAS, su candidatura por sí solo acumula el 36.51 por ciento del monto aprobado a todo el partido.

 

MARIO ZAMORA. Segundo en despilfarro.

 

En el caso de Mario Zamora Gastélum, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD ha reportado ingresos por 14 millones 400 mil 650 pesos y gastos de campaña de 8 millones 222 mil 506 pesos.

Sin embargo, a su partido de origen, el PRI, le fue aprobado financiamiento público por 14 millones 93 mil 978 pesos, lo cual significa que en un mes un solo candidato ha gastado cerca del 60 por ciento en prerrogativas totales de un partido.

El tercer candidato que ha gastado más dinero en su campaña es Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano, quien reporta 3 millones 498 mil 199 pesos por idéntico número de ingresos.

Las prerrogativas aprobadas para su partido fueron por 1 millón 609 mil 356 pesos para gastos de campaña. Dicho en otras palabras, el candidato ha gastado más del doble del monto aprobado para campañas a su partido que tiene postulaciones prácticamente para todos los cargos de elección popular a nivel local.

Otro caso similar es el del candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Tomás Saucedo Carreño, quien reportó gastos en un mes idénticos a los de su homólogo Sergio Torres Félix.

En contraparte, su partido tiene prerrogativas por 1.6 millones de pesos para gastos de campaña y además su renuncia para adherirse a la candidatura de Rocha Moya de Morena y el PAS.

El resto de las candidaturas no superan el millón de pesos ni en ingresos ni en gastos reportados, y en el caso de Ricardo Arnulfo Mendoza del PES ha reportado ingresos menores al medio millón de pesos y gastos de apenas 183 mil pesos.

Sin embargo, los números de las prerrogativas no funcionan así. Los partidos no están obligados a transparentar la cantidad de recursos por candidatura, solamente en qué es gastada. Es decir, de un monto total, cada partido destina partidas discrecionalmente sin hacer públicas las cantidades a cada candidatura.

Según explicó el Vocal Ejecutivo del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, los partidos no están obligados a dar esa información, lo cual podría provocar ver campañas desiguales en un mismo partido en diferentes entidades.

“Probablemente a nivel local sea más visible. Nosotros, de las elecciones locales nos toca solo la fiscalización pero no determinamos cuánto se les da ni cómo se reparte, a nosotros nos corresponde en cuanto a otorgarlo, el financiamiento de las elecciones federales, en este caso las diputaciones, y sabemos que se les entregan en ministraciones de manera centralizada a los partidos y ellos deciden cómo lo van a distribuir a los candidatos y las candidatas, y probablemente a un partido le interese más una campaña o una entidad que otra, eso no lo sabemos pero no nos dicen cómo los van a distribuir”, explicó.

 

JORGE LUIS RUELAS. Información obligada.

 

El INE otorgó para este 2021 prerrogativas nacionales por 7 mil 194 millones 497 mil 993 pesos de los cuales para gastos de campaña mil 575 millones 285 mil pesos. El cómo quedó repartido este monto entre sus diferentes candidatos a nivel federal, se desconoce.

“Pero cómo lo reparten ellos, si a los de Sinaloa les dan el doble o si a otros les dan menos porque son ricos, eso no lo sabemos y probablemente eso sucede a nivel local y eso provoca ver campañas más modestas y otros con campañas más vistosas”, añadió Ruelas Miranda.

Por otra parte se encuentra el tema del cómo. Fiscalizar una candidatura significa revisar a fondo no solamente la cantidad de dinero que se gasta y su origen sino el cómo y cuándo.

Los eventos reportados ante el INE, ya sean de carácter público o privado en las agendas de los y las candidatas, deben ser fiscalizados por igual, sin embargo el Instituto no cuenta con el personal suficiente. Son ocho candidaturas a la gubernatura más los cargos de elección popular federales y el resto de las locales, y algunos de ellos con más de 10 eventos diarios.

Basta con echarse un clavado a redes sociales y la cantidad de eventos de cada candidato o candidata llama la atención. En contraparte la agenda puede marcar apenas dos o tres eventos, pero en Facebook las transmisiones en vivo son de todo y de lo que sea.

Esta conducta se debe presuntamente al excesivo trabajo de fiscalización del INE. Los partidos deciden no hacer públicos todos sus eventos debido a que cada objeto durante la realización del mismo entra en el proceso.

“Ahí es donde yo te decía que si le preguntas al sujeto obligado de fiscalización, piensa que nos excedemos, pero si le preguntas a los vecinos, a los compañeros, van a decir que se puede ir más allá. En este caso se toman fotografías, tenemos registros de todos, si vemos que reparten gorras, camisetas, tenemos registro; si vemos una pantalla gigante, hay evidencia de que la hubo”, explica Jorge Luis Ruelas.

Para tales efectos cada candidatura tiene un plazo para registrar cada gasto. Una botella de agua, una mesa rentada, el equipo de sonido, la publicidad fija y móvil, todo. También se trata de que lo gasten de manera correcta, según explica Ruelas Miranda, es decir, para lo que es destinado, que no se compren bienes que no son permitidos.

Un ejemplo se puede tomar de redes sociales. El o la candidata en un evento en un parque. Es una comida y en cada mesa hay seis personas sentadas. Cada quien comió y bebió, hubo un equipo de sonido, un templete y toda la parafernalia de esos encuentros, el cual, presuntamente habría sido organizado no por el candidato o su equipo sino por un grupo de vecinos.

“Para efecto de la fiscalización no importa si esa aportación fue en dinero o en especie, si los vecinos organizan y rentan el equipo y lo ponen a disposición del candidato, al final del día es una donación”, acota Jorge Luis Ruelas.

“Y si el candidato no lo reporta como tal, si llega el monitorista y toma fotografías y se hace una investigación de lo que pudo hacer costado la renta de ese equipo, claro que entra como parte de los gastos de campaña”, añade.

En ese sentido, Ruelas Miranda señala que al final se espera que en el informe lo registren todo, y para ello tienen un lapso de cada 30 días para presentar su informe parcial, y posterior a esa fecha otros cinco días para aclaraciones. Después, otros 30 días para el segundo informe parcial y otras aclaraciones.

En resumen, los partidos tienen un amplio margen para solventar todos aquellos gastos no reportados, siempre y cuando hayan sido detectados. Si no, no.

Y ese será el monto a fiscalizar por parte de la unidad encargada para el proceso. Revisar cada peso y centavo y su aplicación en conjunto con los observadores.

Artículo publicado el 23 de mayo de 2021 en la edición 956 del semanario Ríodoce.

 

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