Gobierno avanza en la exclusión de la agricultura intensiva

Fletaron autobuses y se fueron a Zacatecas para buscar que la Dirección de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) les cumpliera la oferta política que en la campaña del 2018 hizo el presidente, Andrés Manuel López Obrador: precio de garantía justo para maiceros y trigueros.

Pero en respuesta, recibieron un puntapié en el trasero y un portazo. No había más subsidio, y lo que se pagó ya se cubrió. Las ventanillas para reclamar el “copete” estaban cerradas. Además, los productores de granos de Sinaloa que quedaron fuera alteraron la documentación de reclamo y hasta la duplicaron, justificaron los directivos entrevistados por los graneros.

“Nos trataron como delincuentes”, resumió, Alejandro Cervantes Sotelo, presidente del capítulo Sinaloa de la Alianza Nacional Agropecuaria y Pesquera que había abogado por la liquidación para 3 mil 635 maiceros y 300 trigueros que quedaron fuera del esquema de garantía que les aseguraba un pago de 4 mil 150 pesos por tonelada del grano blanco y 5 mil 790 al cereal dorado.

César Agustín Gutiérrez Espinoza, coordinador del Congreso Agrario Permanente de Sinaloa, afirmó que los diputados han recortado los subsidios para la agricultura intensiva para favorecer al sureste mexicano.

Demandó que la agricultura sea excluida de los partidos y sea tratada como actividad esencial para el país.

Y criticó a Casimiro Zamora, diputado federal, y a Jaime Montes, delegado de programas federales, porque mienten con los temas de subsidios.

No estaban solos en el reclamo, porque lo respaldaban Ulises Gaxiola Rodríguez, presidente de la Confederación Agrarista de México, Juan de Dios Soto, presidente de la Red Mayor del Valle del Fuerte, y los dirigentes de los comités campesinos municipales número 17 y 8, Aristeo Verdugo Escalante y Roberto Valdez Arredondo, entre otros.

Todos coincidieron en que entre los productores hay desespero y molestia por la política nacional de precios de garantía para la agricultura comercial y la de subsistencia del norte y sureste mexicano, respectivamente, y con el trato de “defraudadores” de los funcionarios de Segalmex hacia el agricultor, por lo que la movilización, bloqueos de instalaciones estratégicas y las demandas legales son opciones que se analizan ejecutar en los días próximos para exigir el cumplimiento de los pagos.

Marte Nicolás Vega Román, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur en Los Mochis, afirmó que la lucha es justificada porque lo injusto es que a unos productores se les pague y a otros no sólo por trámites burocráticos o por posicionamientos personales de los funcionarios, que demuestran ignorancia de los procesos de cosecha y comercialización.

“Este año, la Cámara de Diputados y el Gobierno Federal continuaron desmantelando la agricultura comercial, financiando a la de subsistencia, por lo que a soberanía agroalimentaria se pone en riesgo por una tendencia fuerte a depender de las importaciones. En el presupuesto aprobado para el campo, queda en evidencia que el sector dejó de ser tomado en cuenta en el diseño nacional de las políticas públicas”, dijo el agricultor.

Hasta el 4 de marzo de este año, el programa Producción para el Bienestar había dispersado en Sinaloa 290 millones 416 mil pesos a 31 mil 704 productores de pequeña y mediana escala de hasta 5 hectáreas, o sea, 86.9 y 99.3 por ciento de avances respecto de las metas anuales.

El gobierno federal, en ese lapso, pagó 493 millones 753 mil 424 pesos a favor de 63 mil 407 productoras y productores de la región noroeste de México, aseguró en un comunicado el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera.

Estos son productores, de maíz, sorgo, frijol y caña de azúcar, principalmente y en ese orden, representan un avance de 85.5 por ciento de la meta anual de productores en esas entidades, que suma 74 mil 127. En cuanto a monto, el avance es de 94.5 por ciento de una meta anual de 910 millones 522 mil 293 pesos, dijo.

La operación adelantada responde a una instrucción presidencial, en el sentido de impulsar las capacidades de inversión de los productores del campo y fortalecer las economías rurales y comunitarias, anotó.

Los agricultores beneficiarios están dentro del padrón de Producción para el Bienestar y todos son de pequeña escala, con predios de hasta cinco hectáreas de temporal, y de mediana escala, con un rango de cinco a 20 de temporal o hasta cinco de riego.