Los programas sociales del gobierno federal no impidieron que aumentara la pobreza en el país.

Entre 8 y 10 millones de mexicanos han caído en pobreza y los que ya la padecían, la siguen sufriendo.

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El tamaño de la tragedia que enfrentamos requería que el gobierno federal, que controla el 80 por ciento de los impuestos, desarrollara una excelente política social.

Los programas sociales no atendieron a la gente que perdió su trabajo durante la pandemia; su estrategia de dar dinero en lugar de dar servicios o construir infraestructura no fue eficiente para garantizar los derechos sociales, no se implementan en forma eficiente, ni hay la transparencia necesaria para evitar la corrupción

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo del gobierno federal cuyos directivos son nombrados por el presidente López Obrador, no puede ser acusado de responder a intensiones inmundas, neoliberales, conservadoras o fifís.

En su “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020” publicado el nueve de febrero pasado, el CONEVAL señala: “los impactos derivados de la reducción de las actividades económicas podrían generar un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de personas con ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos, y de entre 6.1 y 10.7 millones de personas con ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos”.

Añade en el mismo documento: “el porcentaje de población en pobreza laboral, … sigue siendo mayor en septiembre 2020 (44.5 por ciento), comparado con el porcentaje del mes de abril 2020 (35.7 por ciento). Además, se identificó un aumento de 3.4 por ciento a 5.2 por ciento en la desocupación (…) y la pérdida de 709 mil 211 empleos inscritos el IMSS.”

Con lenguaje comedido el informe asienta: “se identificó que los Programas Integrales de Bienestar no atienen en su totalidad los riesgos que enfrentan las personas en sus distintas etapas de vida (…) los programas que lo conforman han tendido a enfocarse en las transferencias directas de apoyos económicos más que en la prevención, mitigación y atención de dichos riesgos que limitan el acceso a derechos”.

CONEVAL asienta que la entrega de dinero no garantiza que las personas resuelvan la causa de su pobreza “Un ejemplo de esto es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece una vinculación temporal por 12 meses con un apoyo mensual para recibir capacitación en un centro de trabajo, pero carece de mecanismos para garantizar que la capacitación de los beneficiarios sea adecuada para mejorar sus condiciones de empleabilidad”.

Respecto a los afectados en sus ingresos, CONEVAL requiere al gobierno federal: “Proveer un ingreso mínimo para los jóvenes que perdieron su empleo a partir de las medidas de confinamiento, además de generar mecanismos con los sectores privado, público y social que incentiven el reingreso laboral de esta población. Lo anterior debido a que las condiciones de ingreso en el mercado laboral pueden determinar la trayectoria futura de los mismos”.

“La atención a personas vulnerables debería centrarse en acciones de infraestructura y servicios básicos en la vivienda para mejorar las medidas de higiene; en el caso de la población en situación de pobreza, en acciones de asistencia social, a través de apoyos económicos y alimentarios.” Añade el documento.

De la misma forma lo convoca a “implementar medidas encaminadas a mitigar el impacto de la crisis en las niñas, niños y adolescentes, estas deben considerar acciones especiales para evitar la reducción de la cobertura del esquema de vacunación, así como políticas que compensen las desigualdades de acceso a tecnología, recursos culturales y educativos que experimentan en el esquema de educación a distancia e incentivos a las familias en situación de pobreza que eviten el incremento del trabajo infantil”.

Sobre la implementación de los programas, escribe: “existen oportunidades de mejora en la comunicación entre actores, la calidad de la información del Padrón Único de Beneficiarios, la mejora continua, así como en la capacitación de los Servidores de la Nación”.

Le convoca a ordenar su trabajo: “En términos de la coordinación de la operación de los programas prioritarios se requiere de un documento rector que defina concretamente las actividades, las responsabilidades y el intercambio de información de cada actor, así como los bienes y servicios que se involucran en este esquema de coordinación para la implementación de los Programas Integrales de Bienestar”.

Le llama a dar transparencia: “Es necesario contar con un sistema de información que integre los padrones de beneficiarios de los Programas Integrales de Bienestar que permita identificar los programas que operan en las mismas regiones y la población beneficiaria”.

Los programas sociales no tienen recursos suficientes, se operan desordenadamente y no han sido eficaces.