“Si el pueblo quiere que haya Carnaval, habrá Carnaval, no nos asusta tomar la decisión, pero se me hace justo tomarla, cuando es una fiesta del pueblo”, responde Luis Guillermo Benítez Torres, el alcalde de Morena en Mazatlán, cuando los reporteros le interrogan sobre su postura de celebrar o no en medio de la pandemia la fiesta de la carne, la del bullicio y los ríos de gente en Olas Altas y la Avenida del Mar. No titubea, ni para en nada, y solo lo justifica con el discurso vano del pueblo sabio.
Se ve a leguas que quiere la fiesta. Por eso en lugar hacer un ejercicio de autoridad responsable, prefiere hacer una consulta “para ver qué quiere la gente”. Renuncia así, tajantemente, a un principio básico de la política institucional que es la responsabilidad del gobernante con los gobernados, del gobernante con el interés público, del gobernante con la salud de los ciudadanos.
La consulta pública –con cargo a las finanzas municipales, off course- es para que sea el “pueblo” el que decida si hay o no Carnaval, si hay o no contagios, es una versión tropical de cierto neoliberalismo de izquierda que se sostiene en la premisa de que en materia de salud cada cual es responsable de la suya.
Y en esa lógica, el negocio del Carnaval tendría su propia ruta y no está obligado a tener sensibilidad social. Al cliente lo que pida. Dicho, en otras palabras, nosotros te ofrecemos el Carnaval y ya serás tú el que tome la decisión de asistir o no a encontrase con la multitud. Eso sí, dirán, “estaremos atentos que cada uno traiga su cubre boca, no queremos provocar contagios”. La salud primero. Este razonamiento ni a Milton Friedman, el padre los Chicago Boys, se le hubiera ocurrido en una borrachera carnavalera.
Lo curioso de la decisión es que el alcalde hizo la solicitud al Instituto Estatal Electoral para que fuera el encargado de realizar el ejercicio participativo y los consejeros batearon la papa caliente esgrimiendo muy diplomáticamente que están metidos en la organización de las elecciones concurrentes y que no tienen tiempo para otra cosa. Pero, en sentido estricto, los consejeros electorales intuyen razonablemente lo que estaría en juego en caso de resultar positiva la respuesta que significaría una carga de corresponsabilidad en caso del rebrote del coronavirus esperado para el invierno que, cómo estamos viendo en muchas regiones del mundo, le favorece el clima frío, y eso ha llevado a los gobiernos responsables a llamar a los gobernados al resguardo hogareño y a evitar las concentraciones normales de todo fin de año.
Aquí, para no ir muy lejos el gobernador Quirino Ordaz, llamó a evitar las posadas que son nada frente a la multitud de un Carnaval; lo hizo como una medida preventiva para evitar los contagios, y quizá se queda corto el gobernador, porque de acuerdo a la ley federal de salud es el gobierno federal conjuntamente con el de los estados, el máximo responsable de la instrumentación de la estrategia de combate a las epidemias o sea, está en sus competencias, llamar al orden cuando hay desacato a las políticas nacionales de salud.
Y es que, es muy sencillo, en el combate a la pandemia los municipios conforme a la ley no tienen competencias directas salvo aquellas que llaman a la prudencia, a la responsabilidad, a no estorbar y eso es lo que no está haciendo la administración municipal y, por lo tanto, al responsable político se le podrían fincar responsabilidades administrativas y penales porque va en contra de la Estrategia Nacional de Combate contra el COVID-19 —Me dicen que es lo que ocurrió en Veracruz.
Alguien tendría que decírselo. Aun cuando hay quienes afirman, que cuando al alcalde morenista se le mete una idea es incapaz de reconsiderar y va con ella, no obstante el riesgo de fracasar y representar un costo grande al erario. El año pasado, por ejemplo, contra toda racionalidad de gasto público contrató al reggaetonero colombiano, J. Balvi, para que cantara dos horas a cambio, según se denunció, de un millón de dólares, ¡así se las gasta! y luego se llevó a Madrid con cargo al erario a una comitiva de casi noventa funcionarios, regidores y empresarios para asistir a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), con la ilusión de que los turistas europeos dejen de ir a Benidorm, a las islas griegas, las playas ignotas de Cabo Verde de o la playas mágicas de Río de Janeiro y, por supuesto, no ha llegado el primero de esos turistas, quizá se quedaron esperando el regreso de la comitiva que estaba programado para el pasado noviembre.
Entonces, la pregunta va más allá de si la testarudez está en su ADN, el gusto por malgastar el dinero público y darse ínfulas de rico con dinero ajeno, y más cerca de lo que se mueve en el Carnaval, los negocios que se hacen con la venta de cerveza, música, glamur.
La consulta ciudadana es una vacilada que arrojará los resultados que quiere, total ellos mismos la harán, sin importar el efecto que tendría en la salud pública, salvo, repito, que sean el gobernador en coordinación con las autoridades federales de salud pública las que le pongan un freno a esta locura de hacer el Carnaval en medio de la pandemia.
Y, claro, la gente que este domingo sea consultada decida expresar su opinión, y diga simple y llanamente NO, no por mi salud, no por mi familia, no por mis vecinos, no por todos los mazatlecos y los visitantes, no por la irresponsabilidad y la testarudez.
