enero 25, 2021 7:31 AM

Fiscalía Anticorrupción en Sinaloa acusa y luego recula

REyNA VALDEZ. Fiscalía de paja.

Casi acaba el gobierno de Quirino y nadie pisa la cárcel

 

 

La Fiscalía Anticorrupción no sostiene las acusaciones con las que inicia los procesos penales contra ex funcionarios.

Ya avanzados los procesos los fiscales han retirado acusaciones o intentado quitar delitos usando la figura de la reclasificación, que según los jueces está mal empleada.

Desde 2017 la Fiscalía, encabezada por Reyna Valdez, inició cinco procesos penales contra 13 ex funcionarios, todos acusados por dos delitos.

En los dos procesos que ya terminaron, concluyeron con sentencias solo por un delito; y en dos que están por terminar intenta retirar un delito.

La primera sentencia que obtuvo fue contra Luis Ángel Pineda Ochoa, ex Secretario Técnico de la Secretaría de Turismo, acusado de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

El ex funcionario pagó 8 millones de pesos por dos campañas publicitarias que no se hicieron.

Durante el proceso le sobreseyeron el delito de ejercicio indebido del servicio público.

En la última audiencia de juicio, los fiscales dijeron a la jueza que harían una reclasificación al delito de peculado.

La Jueza señaló que lo que pretendía la fiscalía era adicionar un delito y no reclasificar; y lo que debieron haber hecho era iniciar otra carpeta de investigación y ejercitar acción penal por separado a la causa que ya tenía abierta.

Por el delito de peculado fue absuelto y por el de desempeño irregular de la función pública sentenciado a 13 años de prisión pero después un Tribunal redujo la condena a 8 años.

La Fiscalía acusó peculado en el último momento porque en la investigación complementaria se acreditó que el dinero de las campañas fue transferido a cuentas de familiares de Pineda Ochoa.

 

LUIS ÁNGEL PINEDA. Con dinero por delante.

 

Junto con él fueron acusado el ex secretario Rafael Lizárraga; y el ex coordinador Administrativo, José Luis Martínez, a quien en la investigación no les hallaron elementos para fincarles responsabilidad y les retiraron la acusación.

Al ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría; al ex director de Atención Médica, Jaime Otáñez; y a la ex coordinadora Administrativa, María Alejandra Gil, también los acusaron de ejercicio indebido y desempeño irregular por asignar sin licitación un contrato por 14 millones de pesos por servicios de imagenología.

A Jaime Otáñez le retiraron la acusación y Echeverría obtuvo una suspensión condicional del proceso y con el pago de 7 millones de pesos por reparación del daño, evitó el juicio oral y cerró el proceso penal.

María Alejandra fue la única que llegó a juicio por los dos delitos y la Fiscalía no pudo acreditar el de ejercicio indebido por lo que fue absuelta y condenada solo por desempeño irregular a cuatro años.

La fiscalía pedía 14 millones de pesos por reparación del daño pero no lo pudo demostrar por lo que no fue sentenciada al pago.

Cuando dictó la sentencia la juzgadora dijo que de las declaraciones que hubo en el juicio se desprendía que había otras personas que podían tener responsabilidad penal.

El pasado 9 de noviembre inició el juicio contra el ex coordinador Administrativo de Sedesol, Carlos Castro, acusado de comprar los colchones podridos que entregaron a los damnificados por la depresión tropical 19-E en 2018.

La acusación es por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas.

Al iniciar el juicio el Fiscal dijo al Juez que reclasificaría el delito de peculado pero el juzgador respondió que lo que pretendían no era reclasificación sino un desistimiento de la acusación.

Para desistir deben tener la autorización del Fiscal General por lo que el Juez pidió que la llevaran para la siguiente audiencia.

En la continuación de la audiencia el Juez preguntó si llevaban la autorización del fiscal y el Ministerio Público respondió que no la habían obtenido por lo que el juicio sigue por los dos delitos.

Según la Fiscalía no tienen elementos para acusar por peculado porque no estableció la ruta del dinero y no se acreditó que el acusado obtuvo un beneficio económico para él o para terceras personas.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel estuvo de acuerdo en que se retirara un delito y se devolviera la causa penal a un Juez de Control para que el acusado pagara 2 millones de pesos como reparación del daño y evitar el juicio oral.

Al ex Secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, al ex Tesorero, Ernesto Herrera y al ex auxiliar de la caja General, José Carlos López Ramírez, los acusaron de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

El pasado 20 de octubre la Fiscalía presentó una nueva acusación contra Villarreal y Herrera solo por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

El 12 de noviembre López Ramírez pidió a la Jueza sobreseer el delito de desempeño irregular para seguir el proceso solo por un delito como los otros coacusados pero la Jueza negó el sobreseimiento.

La Fiscalía dijo que la Auditoria Superior del Estado había elaborado un dictamen que señalaba que no hubo daño a la hacienda pública y por lo tanto ya no se sostenía el delito de desempeño irregular.

La juez respondió que aunque no hubo daño al erario, el delito subsiste porque la conducta del delito fue transferir recursos de cuentas federales a cuentas estatales.

De la Secretaría de Obras Públicas acusaron a Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo; Armando Trujillo Sicairos, ex jefe del Departamento de Concursos y Contratos; y a José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental.

Los tres fueron acusados de desempeño irregular y ejercicio indebido por presuntamente realizar licitaciones a modo para la construcción del tiburonario de Mazatlán.

Este es el único proceso penal en el que la Fiscalía sostuvo la acusación por los dos delitos.

En septiembre pasado los imputados obtuvieron una suspensión con la que evitan el juicio con el pago de cámaras para monitorear pingüinos con valor de 717 mil pesos.

Artículo publicado el 22 de noviembre de 2020 en la edición 930 del semanario Ríodoce.

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