La Junta de Coordinación Política acusó que los integrantes del Comité Anticorrupción, están tratando de evitar que haya mayor vigilancia por parte de los testigos sociales en el uso de los recursos para obras públicas.
El posicionamiento de la JUCOPO ante el amparo presentado por el Comité Ciudadano Anticorrupción contra la aplicación de las reformas recientes a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, fue leído por la diputada Yeraldine Bonilla, en tribuna ante el Pleno durante la sesión ordinaria de este martes.
Si lo que buscan es ganar tiempo y retardar la aplicación de la Ley, solo resta decirles que este Congreso hará todo lo necesario para defender la institucionalidad y proclamará el cumplimiento oportuno por cada organismo de gobierno del estado constitucional de derecho, advirtió la JUCOPO en el documento.
“Vamos a seguir en la lucha para prevenir y combatir posibles actos de corrupción; pues haremos por cuanto esté a nuestro alcance, conforme a la Legislación, para defender los recursos públicos que pertenecen al pueblo sinaloense”, expuso la JUCOPO en el posicionamiento leído en tribuna.
Explicaron los miembros de la JUCOPO que la actual Legislatura ha emprendido acciones para legislar con mayor rigor los temas de transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, del combate a la corrupción en términos de la legislación nacional y estatal.
Defendieron la ciudadanización de los Comités de Obras Públicas para vigilar el gasto en obra pública en cada una de las instituciones de gobierno, y lamentó que el CPC impugnó el artículo 40 de la misma ley que permite que los testigos sociales puedan emitir opiniones que deben ser tomadas en cuenta para que las acaten los servidores públicos a efecto de que los procedimientos de licitaciones se hagan conforme a lo que dice la ley.
Los diputados recordaron que las modificaciones a la citada ley fueron resultado de un amplio consenso entre los gremios y las instituciones de Gobierno, tales como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los organismos ciudadanizados que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción en Sinaloa.
Agregaron que las reforma señaladas fueron aprobadas por unanimidad de los legisladores e incluso no fue objeto de veto por parte del Ejecutivo Estatal ni tampoco fue objeto de juicio de controversia o de acción de inconstitucionalidad.
Pese a lo anterior, el Comité de Participación Ciudadana, interpusieron un amparo porque creen les afecta de alguna manera la Ley, al suponer que no tienen la calidad de servidores públicos y que el Congreso se excedió al darles atribuciones que no les corresponden.
Manifestaron que el CPC no entiende que su vida y origen en el Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción impone la obligación de que en las entidades federativas se establezcan sistemas locales anticorrupción en el que están insertos como ciudadanos que surgen de la sociedad.
