Los gobernadores de Sinaloa, Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, el Congreso del Estado y los ayuntamientos han incurrido en el uso de facturación falsa, denunció Iniciativa Sinaloa, luego de la realización de una investigación que revisó más de 6 mil facturas, luego de solicitudes de información realizadaa ante el Sistema de Administración Tributaria.

La investigadora de Iniciativa Sinaloa, Miriam Ramírez, informó en conferencia de prensa virtual, que el Congreso del Estado, en las dos últimas Legislaturas y los ayuntamientos de Mazatlán, Culiacán, Ahome, y Guasave facturaron entre 2014 y 2019 176 millones con facturas falsas.

Entre el gobierno estatal, el Poder Legislativo y los ayuntamientos, el monto facturado con empresas fantasmas asciende a 338 millones de pesos, precisó.

La investigadora de Iniciativa Sinaloa, Miriam Ramírez, informó que 2014 a 2019, las administraciones tanto de López Valdez como de Ordaz Coppel contrataron al menos 161 millones de pesos con 106 empresas facturadoras de operaciones inexistentes.

Precisó que en el periodo revisado de Quirino Ordaz Coppel se encontró la operación de 17 empresas, cuyos integrantes aparecen en grupos de dos a tres hasta cuatro empresas distintas que comparten accionistas y domicilios.

En el periodo analizado, indicó, la empresa más beneficiada fue Grupo MGRF y Asociados SA de CV, creada en enero de 2016, disuelta en enero de 2019, pero en solo dos años de existencia, facturó al gobierno estatal conceptos muy distintos como una producción audiovisual, servicios de paquetería , suministro y aplicación de pintura amarilla de aceite, por un total de 21 millones de pesos.

Otro caso es el de una constructora Grupo Constructor Cavi SA de CV que recibió un contrato de obra pública por un millón 485 mil pesos, cuando el SAT ya la había boletinado como un presunto un contribuyente con operaciones simuladas.

Abundó que posteriormente en mayo de 2018, el SAT la enlistó como un contribuyente que realiza operaciones inexistentes, pero el gobierno estatal le siguió pagando facturas entre 2018 y 2019 hasta por 3 millones de pesos.

Durante el periodo analizado de Malova de 2014 a 2016, se contrató a 95 empresas que facturaron 134 millones de pesos, de las cuales se hizo un análisis de las 15 empresas que concentraron el 65 por ciento de los recursos.

De las anteriores 15 empresas se encontró una red de 11 empresas que cuentan con accionistas e integrantes en común, cuyos participantes intercambiaban roles en la compañías, y compartían domicilios.

A estas empresas el gobierno estatal les pagó por proyectos simbólicos de su sexenio como el diseño informático del Parque Temático, la edición de ejemplares del Cuarto Informe de Gobierno, y proyectos de Gobierno en Movimiento.

Los servicios de esa red de empresas se presentaron desde 10 domicilios fiscales, los cuales fueron verificados por Iniciativa Sinaloa y se encontró que eran domicilios particulares vacíos en zonas residenciales, locales abandonados e incluso un edificio de consultorios médicos, en donde se recogieron testimonios de que no había operado ahí ninguna oficina de otro giro.

La investigadora de Iniciativa Sinaloa señaló que la contratación de empresas fantasmas es un problema de corrupción que afecta no sólo a la entidad, ni solamente al gobierno estatal, sino que está detectado en todo el país.

Adelantó que la contratación de empresas fantasma también se registró en las últimas dos legislaturas encabezadas por Jesús Enrique Hernández Chávez e Irma Tirado y Víctor Godoy, así como en los ayuntamientos de más grandes, cuya investigación será próximamente dada a conocer.

Exhortó al Sistema Estatal Anticorrupción, así como al Comité de Participación Ciudadana que atraiga la investigación para se investigue y sancione a los funcionarios involucrados, porque cada peso que señalan en el estudio, está respaldado con facturas entregadas por el SAT.

Para leer la investigación completa sobre las empresas fantasma, puede acceder aquí: https://bit.ly/36p83Ac