La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha intensificado su presión sobre el gobierno mexicano al advertir que los funcionarios señalados de proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa serán un objetivo prioritario para la justicia estadounidense.
Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), confirmó este 13 de junio que Estados Unidos mantiene en la mira al denominado “clan Culiacán”, la red de servidores públicos vinculados a la protección de las facciones de los Chapitos y los Mayos.
En una entrevista, la funcionaria, conocida como la “zarina antidrogas”, señaló que la cooperación con México se sustenta en la firmeza del presidente Trump para cumplir sus advertencias.
Carter destacó que el gobierno mexicano ha comenzado a colaborar en órdenes de captura y extradiciones, citando como ejemplo la operación del 22 de febrero de 2026 en la que, con inteligencia estadounidense, fuerzas mexicanas bajo el mando del titular de la SEDENA, Ricardo Trevilla Trejo, abatieron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho.
Este discurso ocurre en un momento crítico tras la acusación formal presentada el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios sinaloenses, entre ellos Enrique Inzunza Cázarez, Juan de Dios Gámez Mendívil y el general retirado Gerardo Mérida Sánchez.
A pesar de la presión, la relación bilateral atraviesa momentos de tensión. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el caso Rocha Moya no formó parte de la agenda en la reunión de seguridad del 13 de junio en la Ciudad de México.
El gobierno mexicano mantiene su exigencia de que Washington presente las pruebas documentales que sustenten las acusaciones bajo los estándares del Tratado de Extradición de 1980, argumentando que la información entregada hasta ahora es insuficiente.
La estrategia de Washington se complementa con movimientos clave en su gabinete: recientemente, Trump nominó a Jay Clayton, el fiscal que presentó originalmente los cargos contra los funcionarios sinaloenses, como nuevo director de Inteligencia Nacional. Con este nombramiento, el funcionario que posee mayor conocimiento sobre los expedientes del Cártel de Sinaloa asciende al cargo de mayor rango dentro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, elevando la crisis sinaloense a una prioridad de seguridad nacional estadounidense.
