Con el fin de recoger propuestas para una reforma electoral que planteará que los cabildos tengan representantes indígenas, el Congreso del Estado retomó la consulta a los pueblos y comunidades indígenas de Sinaloa.

El foro denominado “Etapa de Acuerdos y Presentación de Iniciativas” fue presidido por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava y realizado con estrictas normas de seguridad sanitaria.

La presidenta de JUCOPO explicó que esta actividad estaba programada para realizarse el 25 de marzo, pero se suspendió por motivo de la emergencia sanitaria implementada por los gobiernos federal y estatal para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Recordó que el 21 de enero se llevó a cabo el primer foro estatal como parte de la consulta indígena electoral y luego se tuvieron reuniones de trabajo en los municipios de Culiacán, Sinaloa, Navolato, Angostura, Elota, Guasave, Escuinapa, El Fuerte, Ahome y Choix.

El secretario general del Congreso, José Antonio Ríos, mencionó que este nuevo foro es un acuerdo de los mismos pueblos y comunidades indígenas, luego de cuatro reuniones de trabajo.

El acuerdo, dijo, fue tener un foro presencial con 40 representantes de pueblos y comunidades indígenas, de los cuales resaltó que se registraron 39 de ellos.

Con las propuestas, agregó, se podría coincidir en una sola iniciativa de ley o varias para incluir en la legislación local la obligación de que en los cabildos haya regidores que representen a los pueblos y comunidades indígenas.

Recordó que el 28 de noviembre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mandató al Congreso del Estado que legislara para garantizar la representación de los pueblos y comunidades indígenas en los Cabildos, tal como ordena la Constitución Federal.

Para ello, dijo, se decidió llevar a cabo la Consulta Indígena Electoral con el objetivo de establecer un diálogo con los pueblos, comunidades y personas indígenas de Sinaloa.

El fin, precisó, es que los participantes expongan sus puntos de vista sobre cómo debe regularse el ejercicio del Derecho de Representación Indígena ante los Ayuntamientos y la participación que los mismos han de tener una vez electos, de una manera que resulte culturalmente adecuada, libre, informada y de buena fe.