abril 12, 2021 6:17 AM

‘Veto de bolsillo’, legislar desde el Poder Ejecutivo

quirino ordaz

Cuando el pasado 22 junio el Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con modificaciones para frenar la corrupción, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Graciela Domínguez, afirmó que Sinaloa se ponía a la vanguardia nacional.

Después de dos meses que el Poder Ejecutivo no pública la referida ley, opina que es evidencia que fue algo planeado. Desde el gobierno estatal habían tenido resistencia para hacer las reformas en la materia, entre ellas la obligación de tener testigos sociales, hacer obras solo por licitación y la limitación de facultades de Precasin para hacer únicamente obra de mantenimiento de carreteras.

El uso del denominado “veto de bolsillo” se aplicó a esa ley, y persiste en otro decreto más de la Ley Orgánica de la Auditoría Superior de Estado, como un recurso que realizan los gobernadores en Sinaloa cuando quieren detener la entrada  en vigor de una reforma o una nueva ley.

La fisura o laguna legal, que señala la constitución de Sinaloa que da lugar a la aplicación del “veto de bolsillo” no es algo nuevo, e incluso existen dos  iniciativas presentadas en el Congreso del Estado para eliminar ese recurso que han usado los gobernadores.

Desde la anterior Legislatura, el entonces diputado del PAN, Roberto Cruz Castro, presentó una propuesta de reforma para desaparecer el “veto de bolsillo”.

En su exposición de motivos, señaló entonces que existe en Sinaloa una promulgación tardía de los proyectos de ley y los decretos aprobados por el Congreso del Estado que entorpecen injustificadamente el quehacer del Poder Legislativo.

Un caso extremo que se registró en el gobierno de Mario López Valdez, cuando se publicó un decreto el día 19 de agosto de 2016, el cual se había sido aprobado en febrero de 2013, es decir, más de tres años después, que reformaba y deroga diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa.

La propuesta de Roberto Cruz Castro, ahora exmilitante del PAN, era realizar las reformas a la Constitución local y la Ley Orgánica del Congreso del Estado para precisar con claridad los plazos para ejercer el derecho al veto y sus consecuencias.

La iniciativa planteó que luego de ocho días a partir de que el Ejecutivo Estatal reciba una ley o decreto, si no la devuelve al Congreso del Estado con observaciones, entonces el gobernador dispondría de tres días naturales para promulgarla y publicarla. Si no fuese así, entonces la Mesa Directiva del Congreso del Estado ordenaría dentro de los tres días naturales siguientes su publicación en el Periódico Oficial, para su entrada en vigor.

El tema quedó en la “congeladora legislativa” y tras ratificarla Cruz Castro en la presente Legislatura, pasó a continuar la espera.

En la actual Legislatura, el Grupo Parlamentario de Morena presentó también una iniciativa para eliminar el “veto de bolsillo” en febrero de 2019. La propuesta consideró reformar el artículo 213 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

En esos meses, la bancada de Morena acusó al Poder Ejecutivo de aplicar ese recurso de “veto de bolsillo” en los decretos de las leyes de Austeridad y en la de Remuneraciones de Servidores Públicos, las cuales fueron retardados su publicación y con ello demorada su entrada en vigor.

En la propuesta de Morena, firmada por el diputado Juan Ramón Torres Navarro, se indica que una laguna jurídica permite el “veto de bolsillo” atenta de manera directa en el equilibrio de poderes.

La iniciativa de Morena propone que en caso de no existir observaciones por parte del Ejecutivo Estatal, la ley o decreto deberá promulgarse en una fecha no mayor a 15 días naturales a partir de la entrega del proyecto al Poder Ejecutivo. Y especifica que de no cumplirse el plazo y no publicarse la Ley o Decreto, el Congreso del Estado, a través de la Mesa Directiva, la turnará en un plazo no mayor a tres días naturales después del vencimiento del plazo de los 15 días, al Periódico Oficial para su publicación al día siguiente.

El mayor obstáculo para lograr que se puedan hacer reformas y eliminar con ello el “veto de bolsillo” es lograr la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de la votación de los diputados, porque se requiere una modificación constitucional. Ninguna fuerza política representada en el Congreso del Estado tiene sola ese número de votos, por lo que requiere buscar legisladores aliados a la propuesta.

“Las coyunturas a veces no son posibles para lograr una mayoría calificada. Ese es el motivo”, expresa la líder de la bancada de Morena, cuando se le pregunta porque no han empujado esa reforma constitucional para eliminar el “veto de bolsillo” en la presente Legislatura.

Aunque durante la Legislatura ya hubo situaciones donde se han demorado la publicación de decretos, nunca se habían demorado tantos, seis en total, en el mes de agosto. Sostiene que hoy existen condiciones en el ámbito público y social con varios sectores porque están molestos porque no ven publicados sus temas de interés.

En un encuentro con el gremio de la construcción para hablar sobre las reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cuestionamiento fue precisamente ese, por qué no se había publicado e incluso qué podrían hacer para que entren en vigor las reformas, en las que participaron activamente por varios meses aportando opiniones y puntos de vista.

Al día de hoy, dos reformas de alto impacto en la administración pública, están todavía en espera de ser publicadas, la Ley de Obras Públicas y las reformas a la Ley Orgánica de la Auditoría Superior del Estado que elimina la facultad que le dio la Legislatura anterior de aprobar o rechazar las cuentas públicas.

“Hoy hay evidencia palpable de la importancia de poner a discusión el tema en el Pleno”, expresa la legisladora de Morena.

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