Invierte 700 millones a cambio de 70
El contrato que firmó el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, con el Atlético Morelia, del empresario Ricardo Salinas Pliego, sería “ilegal” y “leonino”.
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El contrato es para la explotación y administración durante 10 años del estadio de futbol de Mazatlán, en el que el estado invirtió cerca de 700 millones de pesos, y lo cedió a cambio de 70 millones de pesos de inversión, un palco y boletos gratis.
Para el diputado presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta, la firma del contrato podría configurarse como delito por lo que los legisladores buscarán de qué forma procederán legalmente.
Para el coordinador de la bancada del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, no hay ninguna ilegalidad en el contrato.
El contrato con vigencia hasta 2030 fue firmado el pasado 22 de julio por el Subsecretario de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, Ismael Carreón Ruelas; y el director General de Atlético Morelia, Mauricio Lanz González, y el representante legal, Rafael Rodríguez Sánchez.
En las cláusulas señala que como contraprestación la empresa debe invertir 70 millones de pesos en escuelas de futbol en la ciudad de Mazatlán y en el desarrollo del futbol.
El terreno para las escuelas será entregado a la empresa por el Gobierno del Estado.
“El Administrador se compromete a proporcionarle al Gobierno del Estado 400 boletos sin costo correspondientes a la zona general dentro del estadio, respecto a todos y cualesquier partido que sea disputado por el equipo como local en el estadio, así como un palco que habrá de ser definido por “El Administrador” y destinado exclusivamente para el Gobierno del Estado, y dos pases de estacionamiento correspondientes a dicho palco”, señala el contrato.
Detalla que los boletos serán destinados para la asistencia de deportistas locales, niños y jóvenes de bajos recursos, así como a personas vulnerables.
Una de las cláusulas establece que el gobierno estatal podrá utilizar dos veces al año las instalaciones del estadio para eventos de beneficio o interés social.
El Gobierno del Estado cede a la empresa toda la explotación y comercialización, como la venta de entradas, entrega de contratos exclusivos para la venta de bebidas y alimentos y venta de publicidad y la comercialización del nombre del estadio.
El Gobierno del Estado, indica el documento, no tiene derecho a recibir ninguna retribución o compensación económica por las actividades que se realicen en el estadio.
El estado también se compromete a que en conjunto con el Municipio llevará a cabo trabajos para no permitir, o en su caso organizar, el comercio ambulante en las inmediaciones del estadio.
La empresa está obligada a contar con seguridad al interior del estadio pero el estado se compromete a brindar los servicios de seguridad pública que sean necesarios y suficientes sin costo, durante los eventos.
Si al término de la vigencia del contrato en 2030 la empresa se encuentra al corriente en todas las obligaciones que asume en el contrato, el estado lo renovará por otros 10 años.
En caso de que al término del contrato otra empresa haga una propuesta para celebrar un contrato, el Gobierno Estatal entregará al Atlético Morelia una copia de la propuesta para que la iguale o mejore.
Contrato es ilegal: Morena
El diputado Marco Antonio Zazueta, dijo que los asesores legales del grupo parlamentario analizan la forma en que procederán legalmente contra la firma del contrato.
“Es una violación legal de las facultades del Congreso, así como el mismo contrato es ilegal también; no se pidió autorización al Congreso, están violando la Ley de Inmuebles en el Artículo 25; lo que puedo adelantar es que la conducta del servidor público que firma ese contrato, que no fue el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas sino que fue el subsecretario, esta conducta puede ser constitutiva de un delito penal, puede ser acusado de ejercicio indebido del servicio público, desempeño irregular de la función pública y otras responsabilidades de carácter administrativo”.
Señaló que “se trata de un contrato leonino e ilegal que es en perjuicio a la hacienda pública del estado y son delitos que la Fiscalía los tiene que perseguir de oficio; al ya hacer público el tema la Fiscalía no necesita una denuncia para empezar a actuar”.
Manifestó que es irrisorio que entreguen una obra de 700 millones de pesos de recursos públicos un particular al que solo le exigen 70 millones de pesos de inversión, un palco, boletos y cajones de estacionamiento.
Aseguró que desde que inició la construcción del estadio ha habido opacidad de parte del Gobierno del Estado porque el Congreso ha solicitado información y no la han entregado.
Contrato es legal: PRI
El coordinador de los diputados del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, defendió el contrato que aseguró es legal.
“Los diputados de Morena tienen una terrible confusión, pues hablan de enajenación y concesión del estadio, cuando en realidad el contrato suscrito en ninguna de sus cláusulas establece la enajenación de dicho inmueble, pues no se trata de la venta, cesión o permuta”, señaló.
Aseguró que la firma del contrato en ningún momento atenta contra las facultades del poder legislativo, ya que al no tratarse de la enajenación de un inmueble no se requiere la aprobación del Congreso del Estado.
Mencionó que no hay ninguna violación a la Ley sobre Inmuebles del Estado y los Municipios, pues un estadio no es un bien destinado a un servicio público.
“Los bienes destinados al servicio público se encuentran claramente definidos en la citada Ley, y ahí se incluyen los edificios que son sede de los poderes y las oficinas públicas, escuelas, bibliotecas, instituciones científicas, museos, cárceles, construcciones militares, entre otros, pero los estadios no están considerados expresamente como bienes destinados al servicio público”, dijo.
“Es increíble que algunos diputados de Morena, incluida su coordinadora, sigan demostrando su total ignorancia y desconocimiento del orden jurídico”, expresó.
Artículo publicado el 23 de agosto de 2020 en la edición 917 del semanario Ríodoce.
