Aunque las cuentas públicas de 2017 ya vencieron sus plazos para ser aclaradas, en su mayoría quedaron en un estatus de incumplimiento por parte de los servidores públicos que fueron observados por la Auditoría Superior del Estado.

Un informe semestral emitido por la ASE en febrero del 2020, sobre el estado que guardan las solventaciones de la cuenta de 2017, ilustra el reducido nivel de aclaraciones registradas a pesar que el plazo legal para ello venció el último día de octubre del año pasado.

Los números muestran el panorama de solventación lograda. De un total de 2 mil 914 casos de promociones de responsabilidad, solamente se atendieron 68 expedientes.

En el Poder Ejecutivo destaca el caso de la Secretaría de Obras Públicas ya que no fueron atendidas 219 promociones de responsabilidad administrativas, que fueron la totalidad de expedientes en donde se presumió el incumplimiento de disposiciones normativas, así señaladas por el resultados de las auditorías realizadas por la ASE.

En el caso de los entes públicos estatales tan solo se atendieron 43 casos, pero dejaron sin atender, un total de 743.

Las mayores omisiones se registraron en el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, los Servicios de Salud y el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa. (ICATSIN).

El panorama en los municipios es también desolador. Sólo fueron atendidos 18 expedientes, y quedaron sin ser atendidos mil 648. La lista la encabeza el Ayuntamiento de El Fuerte, le sigue Angostura y Ahome.

A los entes públicos municipales, la ASE les registró 156 casos, pero ninguno logró atenderse. El mayor número de omisiones se encontró en la Junta de Agua Potable de Mazatlán (JUMAPAM).

En los casos de los pliegos de observaciones, en donde la ASE determinó un presunto daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública, el panorama presenta también un escenario de hechos no aclarados y menos sancionados.

De un total de 696 hechos, solamente fueron solventados 222, mientras que 86 lo hicieron en forma parcial, y quedaron sin justificar un total de 388 casos.

El mismo informe de la ASE señala las causas que motivaron los pliegos de observaciones. Entre las causas más recurrentes y relevantes destaca la falta de documentación comprobatoria y justificativa, obras que reflejan conceptos estimados en exceso y/o no ejecutados, y los pagos improcedentes o en exceso.

Norma Sánchez, ex presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en Sinaloa, lamenta que pese a que ese organismo le hizo poco más de 300 recomendaciones a los municipios como medidas preventivas para evitar hechos de corrupción los resultados fueron muy pobres.

Entre las recomendaciones figuran la elaboración de mapas de riesgos en donde se pueden presentar hechos de corrupción para poder prevenirlos. Ello con base en una especie de inventario de riesgos que permita identificar las estrategias de mitigación, control y seguimiento.

Una de las limitaciones de los órganos internos de control, a donde se canalizan los casos de promociones de responsabilidad administrativa, son la limitaciones de recursos con los que cuenta ya que una misma persona es la misma que recibe, investiga y sustancia un expediente, cuando lo recomendable es que realicen en forma separada, señala.

Es en gran medida en los órganos internos de control de cada ente público quien tiene la importante tarea de prevenir los actos de corrupción.

Indica que entre las medidas que se han promovido son recomendaciones para que, por ejemplo, municipios mejoren la designación del titular del órgano interno de control para que sean los síndicos en coordinación con comisiones de regidores quienes hagan las postulaciones para quién debe presidir ese órgano interno de control.

Enfatiza en la importancia en establecer medidas de prevención para evitar los actos de corrupción, por ejemplo, que en medio de la emergencia sanitaria la Comisión de Fiscalización con el apoyo de la ASE debiese estar realizando una auditoría en tiempo real para dar seguimiento a las compras que se realizan, si se está privilegiando la compra directa o si las adquisiciones se están haciendo con sobreprecio y adelanta que la posibilidad de que la revisión de las cuentas públicas de 2020 pudiesen salir este tipo de casos, si no se hace hoy una vigilancia de ese gasto.

Actualmente el seguimiento de los hechos observados por la ASE se pierde porque no existe un lenguaje ciudadano que permita dar seguimiento a la ruta de las hechos. La Auditoría Superior del Estado debiese tener fácil acceso un micrositio para que se pueda dar la vigilancia. Lo mismo ocurre en la Fiscalía General, en donde no existe un apartado de los expedientes que se siguen por parte de la Subfiscalía Anticorrupción, y así debiese ser en todas las instituciones involucradas.

Plantea que existe un proyecto de un semáforo anticorrupción que busca precisamente eso, que el ciudadano pueda monitorear los hechos de corrupción, y el trabajo que realiza cada una de las dependencias involucradas dentro del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

Artículo publicado el 09 de agosto de 2020 en la edición 915 del semanario Ríodoce.