El cabildo de Ahome y el gabinete del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno sumó otra raya más al tigre de la presunta corrupción que se ha tragado al municipio al realizar cambios a un contrato para favorecer  a una empresa que ganó la licitación para la recolección de la basura y su depósito final, pero que fue impugnada por una opositora.

El martes 3 de agosto del 2020, el cabildo aprobó por mayoría la segunda modificación al contrato AHO/DAJ/DOP/001/2012 que procede del fallo de la licitación pública nacional presencial LA-825001973-N5-2012 efectuado el 25 de septiembre del 2012 y otorgada la concesión el 23 de noviembre del 2012 en el gobierno de Zenén Aarón Xóchihua Enciso, exigida por César Augusto Guevara Germán, representante legal de OP Ecología, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable al alcalde, Chapman Moreno el 30 de julio del mismo año.

Al tema, la Presidencia Municipal le dio un trato fast-track pues lo pasó a espaldas del procedimiento habitual que era la presentación del asunto ante el cabildo, y lo remitió, junto con el argumento jurídico y las propuestas de aprobación a la Comisión de Hacienda, cuyos miembros edilicios que la rubricaron fueron: Ariana Sulaee Castro Bojórquez, Raymundo Simons Cazárez y Héctor Vicente López Fuentes, todos miembros del Partido del Trabajo (PT),  Alfonso Pinto Galicia, edil del Partido Acción Nacional (PAN). Rosa María López Ramírez del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no la firmó, pero votó a favor durante la sesión colegiada.

En esta, contaron con el respaldo de los ediles de oposición, Raúl Cota Murillo, Génesis Paola Pineda Valdés, Rosa María López Ramírez, y de María del Socorro Calderón Guillén, y el rechazo de la Síndica Procuradora, Angelina Valenzuela Benites, el opositor, Fernando Arce Gaxiola y los oficialistas, Ramón López Félix y Gerardo Amado Álvarez.

Mantener el caso en oscurito, tras bambalinas, no es el único favor del alcalde a OP Ecología pues desde febrero del 2020 dejó de pagar siete millones 850 mil pesos mensuales a Promotora Ambiental La Laguna (PASA) por concepto de operación del relleno sanitario, recolección y disposición final, barrido mecánico y barrido manual de las calles, desfondando la operación financiera de la empresa. Al momento de la aprobación de la segunda modificación del contrato, la deuda de la comuna ascendía a los 38 millones 850 mil pesos, y aumentando.

La segunda modificación también permite al alcalde ampliar hasta un año el plazo para que OP Ecología cumpla con dos cláusulas del contrato de servicios no conocidas, 90 días para presentar la actualización del proyecto ejecutivo, fijar tarifas a los grandes productores de residuos sólidos, y crea un fondo de garantías líquidas por 15 millones 800 mil pesos para saldar pagos por los servicios contratados restituido al bimestre siguiente en caso de uso, y ante la omisión, queda a salvo el derecho de suspender la recolección y depósito final de la basura y entablar demandas por daños y perjuicios.

El convenio modificatorio del contrato da cuenta que OP Ecología no ha aprobado la Manifestación de Impacto Ambiental ni ha construido el relleno sanitario en los dos lotes que el municipio le asignó en el predio Choacahui, durante los siete años que no ha podido prestar el servicio, teniendo para ello un plazo de 118 días, actualmente.

En el convenio, los ediles dejaron a salvo las participaciones federales como garantía del reembolso del financiamiento de 59 millones 210 mil pesos  que serían utilizados en el proyecto de largo plazo de recolección y depósito final de la basura, pero comprometieron los ingresos propios. El financiamiento fue cancelado el 1 de abril del 2014 por el incumplimiento de las cláusulas.

El asunto cobró relevancia  porque el empresario César Augusto Guevara Germán adquirió las acciones de Veolia Residuos Bajío S.A. de C.V., Veolia Residuos Norte, Veolia Residuos Tuxtla, y  Jorge Eduardo Germán Cruz compró los de Oceanografía, S.A. de C.V. quedando como obligados solidarios de la empresa OP Ecología, S.A.P.I. de C.V. en la prestación de servicio de recolección y depósito final de la basura, y tramitaron el reconocimiento oficial para anexarlo al juicio de amparo 194/2020 por el que la empresa busca retomar la concesión del 2012, y que le mantiene fuera por la indefinición del expediente 88/2017 que tramitó PASA.

Los detractores del convenio modificatorio Angelina Valenzuela Benites, Fernando Arce Gaxiola, Ramón López Félix y Gerardo Amado Álvarez coincidieron en que el caso tiene un tufo a corrupción oficial, dado que el alcalde, Chapman Moreno ha manipulado al municipio para beneficiar a una empresa, colocando el tesoro público como capital de riesgo.

“Estamos ante un caso único, en el que el municipio como entidad puede quedar paralizado al no saber qué se aprobó y los alcances del mismo; el alcalde nos metió en un asunto que no va de definir el municipio, sino los tribunales, y manipula en favor de una empresa que incumplió los acuerdos iniciales”, dijo Arce Gaxiola.

“El municipio está en riesgo grave de ser afectado en la salud pública, sus finanzas y su permanencia. La nueva empresa no podrá cumplir con el pacto inicial porque no tiene relleno sanitario en donde depositar la basura, que ahora es exigible, y peor aún, en predio en donde se construiría está siendo investigado por la depredación del ecosistema. El caso huele mal”, preciso, Valenzuela Benites.

El alcalde, Chapman Moreno se escondió tras obtener la aprobación del cabildo que beneficia a OP Ecología. Su versión de los hechos es un misterio, pero abonó una raya más al tigre de la corrupción en que se ha catalogado a su administración.

Artículo publicado el 09 de agosto de 2020 en la edición 915 del semanario Ríodoce.