El Congreso del Estado aprobó una nueva ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en Sinaloa.

Diputadas de MORENA, PRI y PAS aseguraron que con la nueva ley en materia de desplazamiento forzado se atiende un problema añejo que no se quería atender, y ahora se garantizará a los afectados, alimentación, alojamiento y servicios de salud y educación.

Alma Rosa Garzón, presidenta de la Comisión de Justicia e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que desde que inició la actual Legislatura se asumieron los compromisos con la paz, la seguridad pública y la Justicia.

Dijo que “el desplazamiento que produce la violencia en la zona serrana es un problema grave que venía siendo ignorado”, y precisó que ante ello el Congreso del Estado etiquetó 30 millones en 2019 y luego 40 millones en 2020 para atender a las familias afectadas.

Citó que el problema más reciente de desplazamiento se dio en la comunidad de Bagrecitos, de la sindicatura de Tepuche del municipio de Culiacán.

Sin embargo, aclaró que la problemática data desde varios años y afecta a varios municipios, entre los que citó a Escuinapa, Rosario, Concordia, Mazatlán, San Ignacio, Badiraguato, Sinaloa, El Fuerte y Choix.

Recordó que desde el 2012 se ubicó a Sinaloa entre las siete entidades (Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Michoacán y Guerrero) del país con más problemas de desplazamiento forzado.

La diputada Jesús Angélica Díaz Quiñonez, del PAS, coincidió en señalar que “este problema por muchos años no se había querido ver”, pues las autoridades preferían no aceptar su existencia.

Aseguró que la nueva ley cumple con los estándares internacionales de protección a los derechos fundamentales de las personas que se ven obligadas a abandonar sus lugares de residencia al huir de la violencia”.

Ello, debido a que las personas desplazadas se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del estado”.

Ya no queremos más desplazamientos forzados, dijo, como los de Concordia, Sinaloa de Leyva, Badiraguato y recientemente en Tepuche, del municipio de Culiacán.

La diputada del PRI, Ana Cecilia Moreno Romero, aseguró que su grupo parlamentario se sentía satisfecho con el contenido del dictamen, pues considera que el desplazamiento forzado interno es una violación a los derechos humanos.

“Además, sin duda que la atención a esta grave situación que afecta a personas y a muchas familias, colocará a Sinaloa entre las entidades que realmente están avanzando en la construcción de un marco jurídico que preserva el pleno respeto a los derechos humanos”, aseguró.

Lo mejor, agregó, es que habrá un Código Penal muy reforzado para establecer sanciones hacia aquellos que interesada o intencionalmente atacan a personas o a grupos sociales con el objetivo de desplazarlas del lugar donde viven”.