marzo 3, 2021 6:20 AM

Estado y municipios no han aclarado 900 mdp, ¿no pueden o no quieren solventar?

fiscal anticorrupcion

El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos tienen pendientes de aclarar el uso de 900 millones de pesos señalados en auditorías como irregulares y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción mandó al archivó 13 denuncias penales contra servidores públicos, reveló el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

En el Segundo Informe, el comité coordinador da cuenta de los avances en los resultados de las acciones y programas implementados por cada instancia de junio de 2019 a mayo de 2020.

En el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por Reyna Angulo, informó que se radicaron 37 expedientes, de los cuales son 15 denuncias, 11 carpetas de investigación y 11 averiguaciones previas.

La Fiscalía informó que una carpeta de investigación fue judicializada, tres procesos penales están en trámite y los jueces otorgaron tres suspensiones condicionales en una causa penal.

El documento señala que en cuatro averiguaciones previas se determinó el no ejercicio de la acción penal, 13 fueron enviadas al archivo temporal, en una se determinó la abstención de investigar y cinco carpetas se resolvieron por incompetencia.

Durante el periodo la Fiscalía obtuvo dos sentencias condenatorias que aún no causan ejecutoria.

Una de las sentencias fue a Luis Ángel Pineda Ochoa, ex Secretario Técnico de la Secretaría de Turismo, acusado de pagar campañas publicitarias que no se hicieron en 2016.

Lea: Reducen sentencia a malovista; ‘Lapo’ pasará ocho años en prisión https://bit.ly/2Z9EjDE

El ex funcionario fue sentenciado a 13 años pero tras un recurso de apelación la condena fue reducida a ocho años tres meses de prisión, al pago de una multa de 36 mil 885 mil pesos y a la reparación del daño por 8 millones 651 mil 798 pesos.

La otra sentencia es la de María Alejandra Gil Álvarez, ex Directora Administrativa de la Secretaría de Salud, acusada de asignar un contrato sin licitación por 14 millones de pesos.

La ex servidora fue sentenciada a cuatro años, al pago de una multa de 17 mil 500 pesos y a la reparación del daño, cuyo monto no ha sido establecido.

La Auditoría Superior del Estado dio a conocer que las auditorías financieras practicadas a los ejercicios 2017 y 2018, se determinaron recuperaciones probables por 991 millones 337 mil 936 pesos, de los cuales aclararon el ejercicio de 225 millones 493 mil pesos,  28 millones 157 mil se solventaron mediante el reintegro, 244 millones 863 mil pesos no fueron solventados y 492 millones 824 se encuentran en evaluación de respuestas.

Las dependencias con mayores montos pendientes de aclarar son la Secretaría de Obras Públicas con 41 millones de pesos, los Servicios de Salud de Sinaloa con 33 millones de pesos y la Secretaría de Administración y Finanzas con 25 millones de pesos.

En el caso de los municipios el Ayuntamiento de Culiacán es el que tiene el mayor monto pendiente de aclarar con 72 millones de pesos, Guasave con 68 millones, Mazatlán con 64 millones y Angostura con 13 millones.

Los pliegos de observaciones fueron por pagos improcedentes o en exceso, omisión de reintegros a la Tesorería de la Federación o Estatal, descuentos en los cobros de ingresos sin autorización o justificación, omiten el cobro de multas y recargos por la recaudación fuera de plazo, falta de documentación comprobatoria y justificativa.

La ASE también señaló obras que reflejan conceptos estimados en exceso o no ejecutados, recursos utilizados para fines distintos a los autorizados por la ley o reglas de operación, obra que no se encuentra concluida o que no está en operación conceptos de obras sin comprobar o justificar, obras de mala calidad o vicios ocultos y carencia o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimiento.

Entre junio de 2019 y mayo de este año, también realizaron nueve auditorías específicas por ejercicios fiscales pasados.

Una auditoría fue al Instituto Municipal de las Mujeres de Badiraguato, dos al Ayuntamiento de Mazatlán, tres al de Ahome, una a la Junta de Agua Potable de Ahome, una al Congreso del Estado y una al Sistema DIF de Ahome.

En esas auditorías la ASE hizo observaciones en 207 millones 82 mil 843 pesos, de las cuales, 24 millones 321 mil pesos fueron solventados;175 millones 520 mil pesos no fueron justificados; y siete millones se encuentra en proceso de evaluación de las respuestas.

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas informó que con el propósito de identificar la existencia de presuntas irregularidades, se llevaron a cabo acciones de detección e investigación de actos u omisiones de los servidores públicos.

A través del Sistema Estatal de Denuncia Ciudadana se captaron 35 quejas, 69 denuncias, cuatro sugerencias y dos felicitaciones.

Por diversos medios de recepción, se realizaron acciones de atención a quejas y denuncias, registrándose 154 expedientes administrativos en los que se realizarán las investigaciones de los hechos que se hacen del conocimiento por los denunciantes o quejosos.

La STyRC dio a conocer que se concluyeron 72 expedientes derivados de los ejercicios 2017 al 2020, faltando de concluir 103 de los 154.

Aclara que los 72 expedientes más los 103 no suman 154, en virtud de que en esos 72 están contenidos 21 expedientes que no corresponden al citado periodo.

Artículo publicado el 05 de julio de 2020 en la edición 910 del semanario Ríodoce.

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