El ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, retrasó el juicio oral contra la ex directora administrativa de la Secretaría de Salud, María Alejandra Gil Álvarez.

El ex funcionario faltó en tres ocasiones a rendir su declaración como testigo y la Jueza, Sara Bruna Quiñónez Estrada, libró una orden de comparecencia para que se use la fuerza pública en cualquier lugar donde sea localizado y lo pongan a disposición.

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Debido a que los abogados de Gil Álvarez consideran que la declaración de Echeverría es indispensable para establecer la verdad, solicitaron a la Jueza recesar el juicio 10 días hábiles mientras localizan al ex Secretario.

El juicio empezó el pasado jueves 5 de marzo y ese día debía acudir pero no fue.

La Jueza ordenó enviar otro citatorio y el actuario volvió a su domicilio y nadie atendió por lo que dejó un aviso en la puerta de que regresaría al siguiente día y la hora, para que estuviera presente.

El actuario volvió el día siguiente y no había nadie por lo que dejó el citatorio en la puerta para que se presentará el lunes 9.

Ese día tampoco fue y la Jueza consideró que habían sido legalmente notificado y no atendió el llamado por lo que ordenó que lo llevaran a comparecer el miércoles 11 mediante el uso de la fuerza pública.

El miércoles tampoco llegó ni fue llevado por las agentes policiales.

Dos agentes investigadoras fueron a su domicilio pero no había nadie.

Los vecinos y un vigilante les confirmaron que sí vivía ahí pero que desde hace varios la casa está sola.

En la audiencia del miércoles la Jueza dijo que el incumplimiento de Echeverría a los citatorios era injustificado por lo que libró orden de comparecencia.

“Se ordena que se haga comparecer por medio de la fuerza pública, podrá ser empleada en cualquier lugar que se encuentre y puesto a disposición”, señaló.

La defensa de María Alejandra pidió suspender el juicio por 10 días hábiles mientras localizan al ex Secretario.

Echeverría Aispuro estuvo acusado en la misma causa penal y vinculado a proceso.

El ex funcionario obtuvo una suspensión condicional del proceso y con el pago 7 millones de pesos de pesos por reparación del daño evitó el juicio oral.

El ex director de Atención Médica, Jaime Otáñez García, también estuvo vinculado a proceso pero a él la Fiscalía le retiró los cargos.

Según la FGE la contratación de Herramientas Médicas fue ilegal porque no se justificó la excepción de la licitación, no se hizo un estudio de mercado y no solicitaron cotizaciones a proveedores y por lo tanto los pagos son ilegales.

El contrato, aseguran, debió asignarse en un concurso de licitación y no por asignación directa.

El lunes, los abogados de María Alejandra llevaron testigos para, según ellos, acreditar que sí se justificó la excepción de la licitación, sí hubo estudio de mercado y sí solicitaron cotizaciones a proveedores.

Ese día, Otáñez García volvió a la sala de audiencias pero en calidad de testigo.

Apenas ocupó el lugar de los testigos, dijo a la Jueza: “quisiera guardar silencio durante el tiempo que dure la sesión”.

La Jueza preguntó a los fiscales y a los defensores sí Otáñez estaba imputado en la misma causa penal y le explicaron que ya no y preguntaron si podía estar acompañado de su abogado.

La Jueza respondió que no necesitaba al abogado y que “no viene como acusado, tiene el deber de declarar, es una obligación”.

El ex funcionario declaró que su departamento fue el que solicitó la contratación de los servicios de imagenología y él elaboró un documento en el que justificaba y motivaba la no procedencia de realizar una licitación para asignar el contrato.

Mencionó que de haber hecho una licitación hubieran tenido que suspender el servicio de imagenología en los hospitales generales durante varios meses y por eso era urgente asignar el contrato.

Como testigo también acudió el ex Jefe de Servicios Generales de los Servicios de Salud, Germán Zamora, quien dijo que sí se solicitaron cotizaciones a proveedores y fue él quien las pidió.

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Señaló que la mejor propuesta fue la de  Herramientas Médicas que ya prestaba el servicio de imagenología desde un año antes y ofreció mantener el mismo precio.

Mencionó que los recursos se obtuvieron del Seguro Popular, FASSA y cuotas de recuperación.

La ex Subdirectora de Recursos Materiales, Selene Mariscal, declaró que ella revisó las cotizaciones y elaboró un cuadro comparativo con las propuestas de cada empresa, derivado del estudio de mercado.

Detalló que los recursos que usaron estaban etiquetados para contratación de servicios y en este caso se contrataron los servicios de imagenología.

La empresa prestó el servicio de operación de los equipos, mantenimiento correctivo y preventivo, insumos y personal.

Tanto el ex jefe de Departamento como la ex Subdirectora aseguraron que esa contratación fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación y no hubo ninguna observación.

A declarar también acudió el auditor de la Auditoría Superior del Estado, Herberto Sinagawa.

Él participó en la auditoría de la que derivó la denuncia penal contra María Alejandra, Echeverría y Otáñez.

Explicó que durante la auditoría acudieron a verificar las instalaciones de la empresa Herramientas Médicas y es el mismo edificio del periódico El Debate.

La oficina de Herramientas Médicas se encuentra en la parte superior del edificio del diario y solo localizaron a una persona, que fue quien los atendió, expresó.

Los testigos que faltan por declarar además de Echeverría son la representante legal de Herramientas Médicas y un perito contable.

El juicio estaba previsto terminara el jueves pasado pero por la inasistencia de Ernesto Echeverría quedó suspendido y se reanudará el próximo jueves 26 de marzo.

Artículo publicado el 15 de marzo de 2020 en la edición 894 del semanario Ríodoce.