El Juez Séptimo de Distrito con asiento en Los Mochis, José Francisco Pérez Mier, desechó la demanda de amparo que promovió la comunidad indígena de Ohuira impugnando el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) por el que se aprobó el proyecto de construcción de una planta de amoniaco en un sitio con protección ambiental internacional, en la bahía de Topolobampo.
El mismo juez ya había negado otros dos amparos, con resoluciones idénticas. Uno en contra de la comunidad de El Muellecito (724/2018) y otro en contra de restauranteros de El Maviri.
La nueva resolución se emitió en el juicio de amparo 350/2019-2B interpuesta por Felipe Montaño Álvarez y otros interesados.
La empresa Gas y Petroquímica de Occidente difundió un comunicado en que ponderó los beneficios que el letrado detectó en el proyecto.
Sin embargo, GPO no podrá reiniciar la construcción de la industria porque tiene tres prohibiciones definitivas, decretadas por otros jueces de distrito.
La empresa desató una campaña de impugnaciones sobre jueces que les niegan razón de beneficio a la industria que pretenden instalar en Topolobampo.
Joel Ulises Pinzó, activista de “Aquí No”, colectivo ciudadano que con instrumentos legales ha frenado al proyecto y que pretende que los industriales se lo lleven a puertos en donde la vocación sea petroquímica y no pesquera, dijo que analizan la forma de combatir la resolución dictada pues esta no es definitiva ni está firme.
Dijo que por los antecedentes de las resoluciones, la sentencia era un cuanto esperada.
Sin embargo, afirmó que continuarán en su quehacer en contra de la planta de amoniaco, mientras que los industriales podrían hacer lo propio y más.
