El año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa un tema que tiene raíces hasta filosóficas: la legalidad y la justicia. Qué hacer si la ley es injusta ante la percepción de alguien. Entre la ley y la justicia prefiero la justicia, dijo el presidente en el marco de las discusiones sobre la reforma educativa. Un poco extraño cuando antes de llegar al cargo y ya estando en él, había repetido una y otra vez que “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”.
En Sinaloa, el gobernador apeló a la “legalidad” para defender que el gobierno del estado haya pactado con el ex secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal y dos acusados más, para desistirse, a cambio de 2 millones de pesos, del proceso en el que están siendo acusados, cuando la denuncia es por el desvío de casi 261 millones.
Esto salió a relucir durante una audiencia llevada a cabo la semana pasada; la juez se dio cuenta que tanto los acusados como los representantes de la Fiscalía y del propio gobierno, ya llevaban “planchado” un acuerdo para que el juicio se suspendiera. Fue entonces cuando Sara Bruna Quiñónez Estrada cuestionó a las partes sobre dicho acuerdo y terminó diciéndoles que lo que habían pactado era una inmoralidad. Y que por ello no podía suspender el proceso. Fue como de película, acostumbrados como estamos a la impunidad.
¿Qué dijo el gobernador al respecto? Que el acuerdo que habían tomado era legal y que –erigiéndose él mismo en juez– los recursos reclamados no se los habían echado a la bolsa, sino que se habían utilizado para el pago de aguinaldos y otras prestaciones de los trabajadores del Estado. ¿Es en serio? ¿Y por qué no se demuestra, entonces? ¿Por qué el miedo a la confrontación de argumentos?
El gobernador debiera ser el principal interesado en que un juicio así se resuelva con la mayor transparencia. Se le olvida que no está defendiendo recursos de su propiedad sino de los contribuyentes. Y que solo por esa razón un proceso así debe litigarse con la máxima claridad ante los ciudadanos. Y no prestarse a la sospecha. Todos sabemos que están entre gitanos —el gobernador y Villarreal estuvieron sentados en la misma silla. Y por esa razón debieran cuidar más lo que acuerdan, porque la gente tiene la percepción de que los acuerdos palaciegos son siempre en contra de los gobernados.
También la Fiscalía. Un acuerdo para abreviar un proceso se toma entre las partes interesadas. Pero en un acuerdo para suspenderlo, la Fiscalía, representante de la parte ofendida, o sea el gobierno—los contribuyentes, debe estar completamente segura de que no se están afectando los intereses que se presumen ofendidos en la denuncia. Y no decir, como lo dijo en la audiencia, que aceptó porque los representantes del gobierno, o sea el Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, el de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, con el visto bueno ¡de la Fiscal Anticorrupción, Reyna Angulo!, ya habían llegado a un acuerdo con los acusados.
Más ahora que antes, los ciudadanos deben estar alertas de que el proceso que se ha iniciado sea transparente. Ya otro malovista, Ernesto Echeverría, salió librado al pagar 7 millones de pesos para no ir a la cárcel. “Acuerdo reparatorio”, le llaman, aunque en el fondo no sea más que una falacia. Un funcionario se lleva un millón y con 20 mil pesos “repara” el daño al erario. ¿Es legal este esquema? Sí, es legal, pero igual aplica en otro tipo de delitos algo semejante. Alguien mata por encargo, lo detienen, merece 50 años de cárcel, declara quién le pagó por el crimen y le dan 10 años. ¿Esto es justo? tal vez no, pero es legal.
Lea: Echeverría cierra un proceso por corrupción y le abren otros https://bit.ly/2tvFxfq
Echeverría y sus coacusados, el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix y el ex auxiliar de la Tesorería, José Carlos López Ramírez, están apelando a un recurso legal y los que ahora gobiernan les están poniendo la mesa. Si es justo o no, eso no importa para ellos. Y no se quieren tomar la molestia de demostrar en un juicio, si así fue como lo dicen, que el dinero no se fue a sus bolsillos.
Bola y cadena..
NO SERÍA EL PRIMER ACUERDO QUE los personajes centrales de esta historia –Villarreal y el gobernador—toman. Se conocen desde que, siendo secretario de Administración y Finanzas, al actual gobernador, Quirino Ordaz, le tocó entregar la administración saliente a Armando Villarreal. Le puso alfombra roja. Dos días antes de salir, Quirino autorizó la compra de 150 patrullas, sin licitación alguna, a un proveedor de Los Mochis y que había sido patrocinador de la campaña de Malova: Leonardo el Nalo Félix.
Sentido contrario
LOS GRINGOS NO SE CHUPAN EL DEDO. La semana pasada detuvieron a un sobrino de Rafael Caro Quintero en una operación quirúrgica realizada en Culiacán. La Fiscalía General de la República dijo que el detenido enfrenta cargos en los Estados Unidos, pero los rastreos de Ríodoce no pudieron encontrar ningún documento, salvo declaraciones extraoficiales que lo confirman. Lo que significa que algo muy gordo están tramando porque tienen la acusación bajo llave. No hay que olvidar que Donald Trump anda en campaña. Y que un golpe espectacular en este tema subiría sus bonos.
Humo negro
UNO VE EL CÍRCULO MÁS CERCANO del gobernador Quirino Ordaz y termina por explicarse por qué podría convertirse en el principal aliado del candidato o candidata de Morena para las elecciones de 2021. Flaca la caballada, nunca un gobernador de Sinaloa había estado tan desprovisto de opciones.
Columna publicada el 02 de febrero de 2020 en la edición 888 del semanario Ríodoce.
