El Secretario de Finanzas 2011-2017, Armando Villarreal, dejó el cargo hace tres años y un mes. Desde entonces pesan sobre él una serie de señalamientos en las auditorías fiscales de sus ejercicios, en investigaciones penales y administrativas de manera simultánea. De todas sigue defendiéndose.

No es el único ex funcionario de Malova, hay otros en su misma causa jurídica, o en otras, en las mismas condiciones. Solo que Villarreal Ibarra es el hombre de más alto perfil que enfrenta una acusación. Manejó los recursos durante el sexenio de López Valdez, hablando de dinero él tenía siempre la última palabra.

Hasta ahora, en ninguna de las causas penales o administrativas se sugiere que pudiera alcanzar a Mario López, nadie siquiera le menciona. El ex gobernador optó por el silencio, se defendió tímidamente al principio, pero después se agazapó. Pasó a lo que mejor hizo en seis años: Ser omiso, como si nada pasara.

El caso Villarreal, el del Tiburonario de Mazatlán, o el del contrato de Echeverría en Salud —donde aceptó la irregularidad al otorgarlo—, por citar los ejemplos que aun llaman la atención, dejan en claro dos puntos: las investigaciones sobre corrupción son aisladas y lentas; y segundo, a nadie le interesan.

Son aisladas porque ninguna de las dependencias con facultades para investigar (Vice-Fiscalía Anticorrupción, Auditoría Superior o Secretaría de Transparencia), siguen pistas sobre la corrupción como un sistema, lo hacen como casos aislados. A su vez, actúan cada una de ellas por su cuenta, el famoso Sistema Anticorrupción está desconectado. Desarticulado. Cada dependencia “sigue” en sus facultades, y cuando no encuadra pasa la bolita a otra institución. Además al final todo se vuelve pesado, lento, porque pasan los años y las audiencias se van posponiendo reiteradamente. Por una razón u otra se dilata el proceso.

Segundo, a —casi— nadie le interesan los casos sobre corrupción. Sea pasada, presente o futura. Supuestamente el tema de mayor preocupación de los mexicanos, junto a la economía y la seguridad, atrae la atención de muy pocos. En las audiencias solo acuden algunos reporteros, no de todos los medios, menos de aquellos que claramente fueron afines a los ahora acusados. Tampoco se verá a algún personaje de la clase política de Sinaloa —qué miedo. Y Organizaciones Civiles, Colegios de Profesionistas, Agrupaciones Sociales, igual están alejadas. (Con la excepción de Iniciativa Sinaloa, que en esta audiencia además dio cobertura amplia sobre lo que ocurría en la audiencia y explicó detalladamente cómo va el proceso).

Margen de error

(Todo es relativo) La única que hasta ahora mostró valentía es la jueza de control, Sara Bruna Quiñonez. Sus palabras toman importancia no solo porque reflejan el sentir de muchos, sino porque pone en entredicho la figura legal del plan reparatorio.

Cuestionó que el ofrecimiento de 2 millones de pesos es dispar con la acusación de un desvío de 261 millones de pesos. “Se habla de millones como si fueran pesos o feria”, les dijo.

De no ser por esta pausa que le pone la jueza, los ofendidos (que somos nosotros, pero nos representa Administración y Finanzas de este gobierno) y los acusados, hubieran llegado a un arreglo.

Ojo, las partes insisten en que no tomaron ese dinero, sino que lo gastaron en otra cosa. Es decir, en lugar de pagar una cosa pagaron otra. Hay un dato esencial para entenderlo. Villarreal Ibarra y los otros dos implicados, Ernesto Herrera y José Carlos López, lo hicieron en el último semestre de su administración. Esa es la clave: ¿porque decidieron pagar lo que no debían pagar?

La respuesta de Armando Villarreal explica de manera simple uno de los fenómenos de la física más complejos, la Teoría de la Relatividad. Dice que 2 millones de pesos es mucho dinero, y agrega: “representa cerca de dos años y medio de sueldo”. Ahí es donde entra la relatividad: 2 millones entre 30 meses, da como resultado 66 mil 666 pesos mensuales. Este debió ser el salario de Villarreal Ibarra, según su explicación. Por tanto, dice que no es poca la multa o compensación, porque entonces trabajó gratis para Sinaloa casi la mitad del mandato de Malova.

Todo por lo que él llama una acción legal, planteada en una reasignación presupuestal.

Mirilla

(Sanalona) El caso de las dos jovencitas de Tamazula, Durango, las primas Ana Carolina y Andrea Candelaria, asesinadas en Sanalona el lunes 27 de enero, resulta similar a muchas otras muertes ocurridas en medio de la sierra de Sinaloa o del triángulo dorado. Un ataque donde inicialmente se da la versión de que la autoridad repelió una agresión.

Entre más se conoce del suceso de Sanalona, encuadra menos en la versión inicial de la Secretaría de Seguridad Pública. Podría decirse que Cristóbal Castañeda Camarillo se basó en los partes informativos y se apresuró a responder, o quizás solo respaldó —¿y protegió?— a sus policías. Ambas son incomprensibles, tratándose de un funcionario que en los más de tres años en Sinaloa demostró algo básico: sabe declarar a los medios de comunicación, es una de sus fortalezas, suele ser preciso, informado y cuidadoso. Incluso con su primer jefe, el general Genaro Robles Casillas, era Castañeda quien atendía medios y no el Secretario Robles.

Como sea, lo que dijo en la conferencia del lunes 27 por la mañana se va oscureciendo. Dijo que los policías habían repelido una agresión y que había dos detenidos que fueron presentados al Ministerio Público.

Las dos situaciones tienen una sola respuesta: los dos detenidos de que habló Castañeda están en calidad de testigos y víctimas, y fueron presentados tardíamente a la autoridad ministerial.

Todo se complica, cuando la carpeta de investigación se abrió por homicidio doloso.

Deatrasalante

(Joya)  En La Joya de Los Martínez, comunidad de Sinaloa municipio, un convoy del Ejército mexicano disparó a un vehículo en junio de 2007, cinco de los tripulantes murieron. Tres eran menores de edad y dos mujeres. La versión inicial fue que habían sido atacados desde el vehículo y repelieron la agresión.

Cuatro años después, en noviembre de 2011, fueron condenados por la justicia militar un comandante, un oficial y 12 elementos de tropa por homicidio.

Este caso en La Joya de los Martínez, lo ocurrido en Sanalona el lunes 27 de enero, y otros muchos casos, no siempre se aclaran y resulta imposible saber lo que sucedió(PUNTO)

Columna publicada el 02 de febrero de 2020 en la edición 888 del semanario Ríodoce.