El proyecto de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados prepara un empoderamiento de la figura de testigos sociales para combatir la corrupción en el sector.
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El texto del predictamen que tiene la comisión de Obras Públicas, presidido por la diputada, Flora Isela Miranda Leal, revela que los testigos sociales asumirían un rol de mayor trascendencia en la vigilancia de inversiones en obra pública. De entrada plantea eliminar el freno que actualmente tienen los testigos sociales de intervenir únicamente en obras que rebasen las 40 mil UMAS, equivalentes a 102 millones de pesos, para en su lugar establecer que participarían en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, además de las obras de administración directa.
La ley vigente, aprobada durante la anterior Legislatura, establece la participación de los testigos sociales solamente en los procedimientos de licitación pública y no contempla las inversiones de administración directa.
Pese a que el gobierno estatal presume una intensa inversión en obra públicas, sólo en tres o cuatro casos en 2019 fueron realizadas con la participación de testigos sociales, una figura que fue creada como antídoto contra la corrupción en la antepenúltima legislatura.
El secretario de Obras Públicas del gobierno estatal, Osbaldo López Angulo, admitió durante su más reciente comparecencia ante el Congreso del Estado la baja participación de testigos sociales con el argumento de que su participación por ley entra en obras mayores con recursos estatales de más de 102 millones de pesos, pero en el caso de inversiones federales es arriba de los mil millones de pesos
Así lo refutó a la presidenta de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, la diputada morenista Cecilia Covarrubias, cuando le cuestionó que las obras señaladas en el Informe de Gobierno, no venían señaladas con participación de testigos sociales, a pesar que rebasaban la inversión de los 102 millones de pesos que indica la ley actual.
El predictamen sobre las reformas a la ley contempla que en lugar que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas tenga a su cargo el padrón público de testigos sociales, serían los órganos internos de control de cada institución.
Otra significativa modificación que tendría la participación de los testigos sociales sería que ahora la capacidad de emitir un testimonio con validez vinculatoria que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que tendría difusión en sus páginas electrónicas oficiales correspondiente, así como en CompraNet Sinaloa.
La Ley de Obras vigente señala que en caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, deberá remitir de manera inmediata su testimonio al área de quejas de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Sin embargo, ahora el dictamen de reformas a la referida ley señala que el testimonio se presentará ante el órgano interno de control, con copia para la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.
En el empoderamiento de los testigos sociales contra la corrupción, está incluido además en el predictamen una nueva condición: no se podrá excluir al testigo social en ningún tipo de licitación pública de administración directa, así sea considerada clasificada como reservada, confidencial o de seguridad pública.
Una propuesta de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados fue presentada en diciembre de 2018, al inicio de la presente legislatura, en un formato inédito, al reunir a todo el sector integrado por las cámaras de constructores, colegios de arquitectos, ingenieros, organizaciones académicas y empresariales.
En su presentación de iniciativa de reformas, los constructores señalaron que las modificaciones que se hicieron en la anterior Legislatura se abrogaron posibilidades de transparencia al concentrar de manera discrecional en la Secretaría de Administración y Finanzas las decisiones en materia de obra pública para las mayores inversiones, además que impidió la presencia de testigos sociales en obras menores a 102 millones de pesos.
“Lo anterior por supuesto no favorece la calidad del gasto público, no garantiza su resultado eficiente, ni abona a la transparencia y sí por el contrario se presta a la especulación pública que reduce la credibilidad en las instituciones y la confianza en los servidores públicos”, señalaron en el documento de la iniciativa de reforma.
La propuesta del gremio de la construcción incluyó precisamente una mayor vigilancia social a través de mayores atribuciones a los testigos sociales, como por ejemplo el de acudir ante el Sistema Estatal Anticorrupción en caso de detectar irregularidades.
Cuando en 2016 se aprobó una primera versión de una nueva Ley de Obras Públicas que incluyó la figura de testigos sociales, José Luis Sevilla Suárez, entonces secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quien estuvo presente durante la discusión del dictamen del nuevo marco legal, calificó la nueva ley como de avanzada y en favor de la operatividad.
Tras la votación a favor de los diputados, el funcionario estatal en los tiempos del gobierno de Mario López Valdez, dijo que la nueva Ley de Obras Públicas no era una ley de transparencia, sino una ley para que la obra pública fuese asignada mejor.
Artículo publicado el 26 de enero de 2019 en la edición 887 del semanario Ríodoce.
