Inhabilitan 7 años a empresa que cobró 205 mdp por elaborar licencias e incumplir contrato

licencias malova

Siete años después, el Gobierno del Estado sancionó a una empresa contratada para producir un millón 500 mil licencias de conducir en 2012.

De acuerdo con el acta de resolución de procedimiento administrativo de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC), la empresa sancionada es Soluciones y Programas SPI S.A. de C.V con sede en la Ciudad de México.

La sanción fue de inhabilitación de dos años para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos, aunque el Gobierno estatal pedía el pago de 2 millones de pesos por supuestas pérdidas.

La empresa fue contrata por 205 millones 320 mil pesos, mediante un concurso de licitación en 2012 para renovar las licencias pero los plásticos resultaron de mala calidad y tuvo retrasos para proveerlos.

El inicio de la expedición de esas licencias en el Gobierno de Mario López Valdez levantó polémica, debido a que los ciudadanos debían proporcionar sus datos biométricos como el iris y las 10 huellas dactilares.

Tras los señalamientos de organizaciones, abogados y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de violaciones a la privacidad de los ciudadanos con esa medida, el gobierno estatal suspendió la toma de datos biométricos como requisito para tramitar la licencia.

Después de esa polémica, vino otra: las licencias se despintaban, se rompían fácilmente, los datos se borraban, los engomados se desprendían y la empresa no estaba surtiendo las suficientes.

El 5 de febrero de 2016, la Secretaría de Administración y Finanzas notificó a la STyRC de la rescisión del contrato para que iniciara un proceso administrativo sancionador.

En la contestación de la demanda, la empresa negó las acusaciones y señaló que entre el 31 de mayo de 2013 y el 4 de diciembre de 2014 se habían emitido 578 mil 541 licencias y se había dado garantía a 3 mil 380.

Sobre los engomados indicó que no contaban con ese suministro, ya que los insumos que ellos proporcionaron solo fueron tarjetas de PVC, cintas para impresoras y película holográfica con diseño y medidas de seguridad.

Como prueba presentó una pericial de estándar de calidad pero fue desechada porque solo hace referencia a las licencias emitidas en noviembre y diciembre de 2014.

De la falta de materiales manifestó que según sus registros, en la primera quincena de noviembre de 2014 elaboraron 9 mil 577 licencias y en la segunda 9 mil 751 y presentó una tabla comparativa de las licencias emitidas en 2013 y 2014 en la que muestra un aumento en la expedición, pero no acreditó el origen o la fuente de las estadísticas.

El Gobierno del Estado señaló que la falta de licencias ocasionó un daño de más de 2 millones de pesos al erario.

“Ocasionó desconfianza en los ciudadanos para la adquisición de la licencia por su mala calidad y lo insegura en sus características, así como que las delegaciones tuvieron problemas de quejas y diferencias con ciudadanos que llevaron sus licencias a devolver porque se les desprendía la impresión o se desteñían; de ahí que exista baja de ingresos superior a los 2 millones de pesos”, señala la demanda.

La STyRC determinó que durante 40 meses la empresa ocasionó un perjuicio en el cumplimiento del servicio público de la Dirección de Vialidad y Transportes al no desarrollar con eficiencia sus actividades, como satisfacer con eficacia y calidad las licencias de conducir.

Estableció que se encontraba impedida para determinar la cuantía del daño ocasionado, por no encontrarse documentado o soportado con medios de prueba.

En 2016, el Gobierno del Estado ya había hecho efectiva la póliza de fianza por incumplimiento con la que cobró 17 millones de pesos.

Tras analizar las pruebas que presentaron tanto el Gobierno del Estado como la empresa, la STyRC determinó que la empresa era responsable de incumplimiento de contrato.

“Se estima justo, legal y equitativo imponer a la empresa Soluciones y Programas Integrales SPI S.A de C.V, la sanción consistente en inhabilitación por dos años para participar de manera directa o por interpósita persona, en procedimientos de contratación y celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones”.

“Es procedente imponerle la citada sanción administrativa, pues tal y como desprendió de la probanzas valoradas para tal efecto, trasgredió diversas disposiciones normativas en la presentación del servicio para el que fue contratada”, establece la resolución.

El contrato para proveer un millón 500 mil licencias se adjudicó el 11 de septiembre de 2012 mediante un procedimiento de licitación y la emisión de plásticos debía iniciar el 26 de octubre.

El 22 de octubre la empresa informó que no era posible prestar el servicio, toda vez que el Gobierno del Estado no contaba con la conexión a Internet en todas las unidades administrativas y delegaciones, necesaria para la expedición de licencias.

En 17 mayo de 2013 se formalizó un convenio modificatorio para que el servicio se iniciara el 30 de mayo.

Tras las quejas por la mala calidad de las licencias y el retraso en el suministro, el 10 de noviembre de 2015 la Procuraduría Fiscal inició el procedimiento para rescisión del contrato y en diciembre fue rescindido.

El 8 de enero de 2016, el Comité Intersecretarial de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios adjudicó de manera directa un nuevo contrato para expedición de licencias.

El contrato fue para Soluciones Integrales Fortuna SA de CV, por un monto de 93 millones 380 mil pesos para suministrar 700 mil licencias.

El acta del comité señaló que estaba justificada la excepción de la licitación porque “estamos ante un caso de fuerza mayor ya que no se tiene proveedor de licencias. Lo que está ocasionando que por cada día que pase se tengan pérdidas económicas importantes al dejar de ingresar recursos a las cajas recaudadoras, por falta de emisión de licencias”.

Artículo publicado el 8 de diciembre de 2019 en la edición 880 del semanario Ríodoce.

 

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