De profesión trabajadora social y con 120 horas de experiencia en el combate a la corrupción y la transparencia, Soledad Astrain Fraire quedó designada como nueva integrante del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción.
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El nombramiento viene luego de que cuatro de los ocho integrantes del Comité de Selección votaran por ella. El voto fue secreto, no es posible saber quiénes votaron y tampoco el motivo. Además, no hubo mayoría. El cargo que busca velar por la transparencia fue votado con lagunas en las normas de la materia.
El proceso dio inicio con la revisión de las propuestas. Entre los principales requisitos para integrar el CPC son ser mexicana sinaloense, estar en goce de sus derechos civiles, experiencia verificable de cinco años en transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción, 35 años de edad, entre otros.
Y en su currículum, Astrain Fraire señala tener un diplomado presencial sobre el Sistema Nacional Anticorrupción en México y su implementación en las entidades federativas, entre el 23 de febrero y el 19 de mayo de 2018.
Fue la función pública la que destacó en su hoja de vida. En transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción, no tiene aportaciones sino cursos de un día.
Según el integrante del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Jorge Alatorre Flores, el proceso de selección debe ser sumamente transparente, y el cargo no debe admitir “curva de aprendizaje”. Es decir, quien llegue debe ser un ciudadano con perfil y reputación.
“Toda vez que es un cargo para el Sistema Estatal Anticorrupción y toda vez que la transparencia es esencial para justamente demostrar que no hay nada que ocultar, debido a ello se nos piden nuestras declaraciones 3 de 3, nuestro currículum, somos sujetos a una auscultación profunda, entonces la propia comisión de selección debe crear mecanismos transparentes donde se note el sentido del voto y por supuesto funden y motiven las razones que los llevan a votar por un candidato y no por otro”, dijo.
“Esto es necesario no solamente para evitar las impugnaciones y amparos, sino para justamente dotar de la legitimidad que da la transparencia, la idoneidad y el mérito en la selección de los aspirantes”, añadió.
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A nivel nacional existe inconformidad por parte de organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros organismos sobre la transparencia en la selección de algunos comités, y sobre todo, que estos estén libres de intereses políticos y/o gubernamentales.
“Ahí hay un dilema, la máxima representación de la voluntad ciudadana en una democracia es el Congreso, y ellos tienen la atribución de nombrar ya no directamente sino a través de una Comisión de Selección con ciudadanos que deben ver por su propio prestigio y buen nombre, se aspira a eso, sin embargo claramente hay casos en algunas comisiones de selección donde los diputados han logrado capturar algunos integrantes y a su vez estos promover a personas que pudieran estar vinculadas con algún interés público”, explicó.
El también catedrático por la UdeG y miembro fundador del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco, explicó que lo idóneo sería justamente que fueran personas de un nivel tal, cuya reputación no admita presiones de ningún tipo por parte de los diputados para ejercer su criterio.
“No digo que este sea el caso porque no tengo la información suficiente, pero sí es un reto que las comisiones de selección sean incuestionables y que además no solamente sean incuestionables en sus perfiles sino que lo sean en su proceder y en sus fallos, para eso la máxima transparencia, una vez que ellos tengan la deliberación que tienen en privado como deben de ser la deliberaciones, la votación debe de darse en público y en el dictamen debe de estar fundado y motivado la razón por la cual un candidato fue seleccionado”.
En el caso del Comité de Selección, este fue propuesto por el Congreso del Estado y quedó integrado por ocho personalidades de la vida pública de Sinaloa, presidido por el director de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Rodolfo Campoy de la Vega.
Junto a él, lo integraron la actual directora de Coparmex Sinaloa, Edna Lizette Fong Payán y el ex director de ese mismo organismo, Enrique Pung Hung, junto a Xicoténcatl Reyes Bazúa, Patricia Salazar Rodríguez, Rocío del Carmen Payares Flores, María Felipa Sarabia y Rafael Ernesto Domínguez Kelly.
Según la convocatoria, las aspirantes no pueden pertenecer a ningún partido político durante los últimos cuatro años, sin embargo Julissa del Carmen Ruiz Guerra y Angélica Sánchez Acosta aparecen en el padrón del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Instituto Nacional Electoral.
Y en el caso de la designación de Soledad Astrain llama la atención no solamente que se votó tanto sin mayoría como sin transparentar el sentido del sufragio, sino que no cuenta con la aparente experiencia suficiente para la función.
“Lo idóneo desde mi perspectiva, que pues no es compartida por muchas personas, es que este no es un cargo o más bien es una función pública en donde no hay tiempo ni margen de maniobra para aprender, entonces yo siempre he sido un convencido de que toda persona que tiene que estar en algún lugar en la primera prueba de integridad es no aceptar ni postularse a ningún cargo para el cual no se cuenta con la preparación, entonces sí, yo soy de la idea de que debería haber un examen imparcial, exhaustivo de todos los aspirantes y que este junto a la valoración curricular hecha de acuerdo a un método fueran parte de los mecanismos de valoración, no solamente la entrevista”, concluyó.
Artículo publicado el 1 de diciembre de 2019 en la edición 879 del semanario Ríodoce.
