Al reconocer que el problema de extorsión en el sector pesquero existe, pero no al nivel que ha sido denunciado, el director de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) precisó que los estados que padecen el problema son Baja California Norte, Tamaulipas y Yucatán.
Héctor Mucharraz Brambila negó que la dirección a su cargo y la propia Conapesca estén en desmantelamiento, como se informó por parte de líderes pesqueros que omitieron sus nombres por seguridad.
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El cobro de mar que presuntamente aplica el crimen organizado, no es producto de espacios vacíos porque no se ha dejado de trabajar, sostuvo.
Recientemente a través del Comisionado Raúl Elenes Angulo, agregó, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) incrementó el número de Oficiales Federales de Pesca.
“No veo dónde está el desmantelamiento, acabamos de hacer nuevos contratos de unidades terrestres para dotar al personal de equipo en materia de vigilancia, Conapesca no ha abandonado su tarea de vigilancia”, insistió.
Al inicio de la administración eran 120 oficiales de pesca, quienes fueron sometidos a procesos de monitoreo de buenas prácticas y se detectaron irregularidades, por lo que 30 de ellos fueron despedidos. Actualmente se cuenta con 169 Oficiales Federales de Pesca que trabajan en coordinación con la Secretaría de Marina, vinculados con la Sedena, Guardia Nacional y policías estatales y municipales de las entidades federativas.
Los señalamientos del líder pesquero incluyen que a principios de año se incrementaron los ilícitos por parte de los cárteles, que cobran mil pesos semanales por embarcación menor (panga) que realiza la actividad sin permiso, y un 15 por ciento sobre el valor del producto a toda la flota ribereña.
En este sentido, Mucharraz Brambila conminó a los pescadores que no tienen permiso a contar con uno y pescar dentro de la legalidad.
De los resultados de los Oficiales Federales de Pesca, dijo que en el Alto Golfo de California se paseaban delante de las autoridades camionetas Pick Up con personas armadas, en Baja California Norte hubo gente que disparó, mientras que en Yucatán hombres armados robaron motores, artes de pesca y producto a pescadores legales.
“Sabemos perfectamente que la delincuencia ya encontró un modo de obtener dinero por este lado”, dijo.
—¿Y en Sinaloa?
—En Sinaloa, no tenemos hasta ahorita reporte, no meto las manos al fuego pues podría darse el caso, pero no tenemos reporte del pescador legal.
Destacó que en las denuncias se indica que los afectados son pescadores sin permiso, por lo que conminó a que cuenten con una matrícula como lo marca la normatividad federal, pues si no la tiene es porque está haciendo sus capturas de manera ilegal.
El funcionario dijo que no se puede decir que en 16 de los 17 estados costeros del país, existe dicha situación.
“Porque realmente no tenemos ese dato, se tendría que verificar y corroborar. Conminamos a los estados a que sus policías municipales y estatales, por parte de sus gobernadores, se aboquen a ver también esta situación”, dijo.
Base de datos vulnerada
En la denuncia pública que se hizo, los pescadores señalan que al parecer la delincuencia tiene acceso a la base de datos de Conapesca, porque conocen qué panga tiene permiso y para qué producto, el nombre de la embarcación, a qué pescador pertenece y dónde vive.
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El director de Inspección y Vigilancia, Héctor Mucharraz, dijo que la base de Conapesca existe, y que en 2018 una organización no gubernamental a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) solicitó que se entregara esa base de datos de las embarcaciones que son monitoreadas a través del Sistema Satelital, sin embargo no están de acuerdo.
“No estamos de acuerdo a que estos datos sean de carácter público ya que son de seguridad nacional y ponen en riesgo a su sector, estoy con esta obligación por parte del INAI, obligado a dar los datos que pide cualquier persona, entonces no puedo proteger yo al productor”, indicó.
—¿Entonces qué van a hacer en este sentido?
—No puedo decir “no” al INAI, aquí son los afectados los que pueden poner un amparo en contra de esta disposición del INAI.
—¿Para que no se revele esa información por considerar que los vulnera?
—Así es.
Resultados del 1 diciembre 2018 al 31 octubre 2019:
*Retención precautoria de producto: 824 mil 38 kilogramos
*240 vehículos
*11 personas remitidas al Ministerio Público Federal
*4 mil 503 artes de pesca
*2 embarcaciones mayores
*128 embarcaciones menores
*62 motores fuera de borda.
