Por el colapso del acrílico del Tiburonario del Acuario de Mazatlán pedían 34 millones de pesos como reparación del daño y terminaron aceptando que los imputados solo retiren el acrílico dañado y tapen el hueco con concreto.

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Los imputados de presuntamente realizar licitaciones a modo para la construcción del Tiburonario que colapsó, obtuvieron una suspensión condicional del proceso y libraron el juicio oral en el que de ser declarados culpables, podían ser sentenciados a prisión.

Los involucrados son Dionisio Sánchez Félix, ex Director de Control Administrativo; Armando Trujillo Sicairos, ex jefe del Departamento de Concursos y Contratos; y José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental y Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) los acusó y llevó a proceso penal por haber entregado contratos a empresas cuyas propuestas técnicas y económicas no cumplían con los requisitos y por lo tanto debían ser desechadas, sin embargo resultaron ganadoras de los concursos de licitación.

La FGE acusó que al haber entregado los contratos a esas empresas para realizar la obra que colapsó, se causó al erario un daño por 34 millones 640 mil pesos.

El Tiburonario fue inaugurado en diciembre de 2016 y en febrero de 2017 un acrílico se agrietó y derramó más de 2 millones de litros de agua.

Desde el mes pasado, los abogados de los imputados, el Gobierno del Estado y la paramunicipal Acuario de Mazatlán iniciaron conversaciones para llegar a un acuerdo para terminar de manera anticipada el proceso penal.

El lunes pasado, los tres imputados y sus abogados dijeron al Juez que habían hecho un acuerdo con los afectados y la FGE.

El acuerdo, dijo uno de los abogados, era reparar el daño.

Los imputados se comprometieron a retirar el acrílico dañado y tapar el hueco con concreto.

El Acuario está conforme con esa reparación debido a que le es funcional ya que con la construcción del nuevo acuario, la zona donde estaba el acrílico colapsado ya no será de exhibición al público sino que será un estanque donde se depositarán los nuevos especímenes y será usado para reproducción de especies.

El apoderado legal del Gobierno del Estado dijo que estaban de acuerdo con el plan de reparación del daño.

“El Gobierno del Estado manifiesta su interés para que el daño sea resarcido y que se beneficie la paramunicipal Acuario Mazatlán. Se está en la mejor disposición de aceptar la propuesta”, dijo.

Debido a que los afectados estaban de acuerdo y se contemplaba la reparación del daño, el Juez autorizó la suspensión condicional del proceso.

Los imputados deberán concluir la obra en un plazo de seis meses y estará garantizada durante un año a partir de la fecha en que sea entregada.

Como condiciones, el Juez impuso acudir a firmar cada mes a la Unidad de Medida Cautelares y residir en un domicilio determinado.

En seis meses los tres volverán a la sala de audiencia y si cumplieron la causa penal será cerrada.

Los contratos irregulares fueron entregados en 2013 a la empresa Osuna Osuna Arquitectos por 15 millones de pesos y a Ecosistemas de México por 19 millones 640 mil pesos.

Las empresas construyeron la tercera etapa del Tiburonario que incluía la parte donde estaba el acrílico que se fracturó.

Las supuestas irregularidades fueron detectadas por la Auditoria Superior del Estado en una auditoria realizada en 2017 después de que se fracturó el acrílico.

La Fiscalía llevó ante el Juez a cuatro ex funcionarios por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública pero solo tres siguieron el proceso penal.

El cuarto implicado era Carlos Ramón López Castro, ex director de Contratos, a quien en la audiencia inicial dictaron auto de no vinculación a proceso porque no había datos de prueba suficientes para presumir su responsabilidad.

El primero en ser imputado fue Sánchez Félix, quien fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando regresaba de Ámsterdam.

Los otros dos ex funcionarios no fueron detenidos debido a que obtuvieron una suspensión provisional de la orden de aprehensión y se presentaron de manera voluntaria ante el Juez.

Los tres siguieron el proceso penal en libertad debido a que los delitos no ameritan prisión preventiva de oficio y el ministerio público no acreditó que había riesgo de que se dieran a la fuga.

En mayo, Sánchez Félix ya había obtenido una suspensión condicional del proceso sin pagar reparación del daño y las únicas condiciones eran acudir a firmar y vivir en un domicilio determinado durante un año.

La fiscalía apeló la suspensión y fue revocada  por un magistrado debido a que no se contempló un plan de reparación del daño y el ex funcionario volvió a proceso penal.

Según la Fiscalía el Tiburonario colapsó debido a filtraciones de agua por la falta de hermeticidad, resquebrajamiento y problemas de cimentación que no fueron observados por los contratistas.

Durante todo el proceso penal los imputados sostuvieron que la reparación del acrílico debían hacerla las constructoras porque hay una póliza de garantía.

Artículo publicado el 3 de noviembre de 2019 en la edición 875 del semanario Ríodoce.