mayo 31, 2020 8:46 am

Así se beneficiaron exgobernadores y políticos de Sinaloa con contratos por 800 mdp

exgobernadores

Los exgobernadores Francisco Labastida Ochoa y familia, Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez, el ex alcalde de Culiacán, Aarón Rivas Loaiza, los diputados Mario Ímaz López, Misael Sánchez Sánchez, Alfonso Inzunza Montoya, Jorge Iván Villalobos, Óscar Javier Valdez López, José Menchaca, Silvino Zavala Araujo, Francisco Miguel Retamoza, Antonio Humberto Vega Gaxiola, los exfuncionarios estatales Rubén Rocha Moya y Jesús Alfonso Ibarra Ramos, se habrían beneficiado con contratos o subsidios públicos por alrededor de 800 millones de pesos.

De acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) e Iniciativa Sinaloa y realizada por Marlene León, Zorayda Gallegos y Silber Meza denominada “Operación desfalco Sinaloa. La ordeña del erario”, la mecánica utilizada por los tres exgobernadores, y políticos sinaloenses del PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Nueva Alianza, fue la creación de empresas reales a nombre de los propios políticos o familiares, con las cuales han ganado contratos gubernamentales donde ellos tienen una amplia capacidad de influencia.

“En la última década 16 funcionarios y políticos de Sinaloa –exgobernadores, senadores, diputados, líderes de partidos, candidatos, alcaldes y secretarios de estado– han logrado obtener contratos o subsidios públicos mientras se hallaban en una posición de privilegio. Esto les ha permitido hacer negocios con los gobiernos a través de sus empresas familiares. El monto obtenido mediante este esquema de posible conflicto de intereses y tráfico de influencias supera los 800 millones de pesos”, señala el texto.

Tan sólo el exgobernador Francisco Labastida, quien fue exgobernador de Sinaloa (1987-1992), titular de la Sagarpa (1995-1998), secretario federal de Gobernación y candidato presidencial en el año 2000, se detalla en la investigación habría obtenido contratos por 14 millones de pesos a través de la empresa Agri 27, propiedad de su hijo Francisco Labastida Gómez de la Torre.

Los contratos que obtuvo Agri 27 se otorgaron principalmente a partir de 2012, cuando Marcos Augusto Bucio Mújica, mano derecha de Labastida Ochoa en la Sagarpa, ocupó el cargo de Oficial Mayor.

“Coincidentemente en el periodo en que estuvo en el cargo (Augusto Bucio Mújia), la empresa Agri 27, propiedad de Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo de su amigo Labastida Ochoa, comenzó a ver un incremento en los subsidios que recibía”, señala.

“Mientras que en 2012 los apoyos para su empresa apenas alcanzaron los 822 mil 503 pesos, en 2013 –primer año de Bucio– estos se incrementaron a 1 millón 817 mil 249 pesos, en 2014 recibió una cantidad similar de 1 millón 822 mil 556 pesos y en 2015 Labastida jr. sumó 2 millones 994 mil 671 pesos. La buena racha para Labastida Gómez de la Torre acabó cuando Bucio dejó la Sagarpa (septiembre de 2015) para irse de Cónsul a El Paso, Texas. En 2016, Agri 27 apenas sumó 152 mil 600 pesos en subsidios”.

Añade que además, cuando Labastida Jr, fue coordinador de Proyectos Estratégicos (2011-2016) y más tarde como secretario de Desarrollo Económico durante el gobierno de Mario López Valdez (2016), obtuvo 3 millones 933 mil 525 pesos por alquiler de bodegas, locales y edificios al gobierno municipal de Culiacán y al gobierno estatal, según los padrones de arrendamiento de esos años.

Otro caso similar es del exgobernador Jesús Aguilar Padilla, quien siendo subsecretario Agricultura Federal (2012-2015), no informó que la empresa Agrícola Namisa SPR de RL de su hijo Jesús Aguilar Camacho y su hermano Roberto Aguilar Padilla, obtuvo cinco fondos de “Procampo para vivir mejor”,  de 475 mil 641 en 2013, entre ellos un fondo por 300 mil pesos para la siembra de frijol.

“De acuerdo al portal de servidores públicos, el joven laboró en la Secretaría de Gobernación en 2013 y 2014, luego pasó a la Financiera Nacional de Desarrollo de la SHCP, en marzo de 2015, donde estuvo laborando hasta enero de 2019”, agrega la investigación.

“Los beneficios o apoyos a empresas familiares no es algo nuevo en el perfil del exgobernador Aguilar Padilla. En 2006, al inicio de su administración en el Estado, la empresa Sinaloa Constructora, donde Agustín Jaime Aguilar Padilla, también hermano del exmandatario es accionista, se vio beneficiada con contratos de obra y de arrendamiento. Ese año la compañía firmó con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas un contrato por casi un millón y medio de pesos para la construcción de una guardería para el Sindicato de Trabajadores del Estado. La Comisión Constructora de Sinaloa (Cocosin) también la contrató por servicios de arrendamiento de maquinaría por más de tres millones de pesos en 2006”.

En total, mientras Jesús Aguilar Padilla ocupó puestos de alta decisión en lo local y en lo federal su hijo y sus hermanos recibieron más de 5.5 millones de pesos de dinero público.

En el caso del también exgobernador Mario López Valdez, durante su administración su empresa Ferreterías Malova fue beneficiada con compras que suman casi 35 millones de pesos por parte de dependencias municipales y paramunicipales, como las juntas de agua locales.

“La ferretería abrió su primera sucursal en 1984 con un inventario de 3 mil pesos, y entre sus primeros clientes dentro del gobierno tuvo en 2002 a la Secretaría de Administración y Finanzas con una pequeña compra de 527 pesos. En 2003 el monto fue de 51 mil 547 pesos. En esos años (2002-2004) Mario López Valdez era alcalde de Ahome. Las compras por parte de los gobiernos municipales y del estatal fueron mínimas entre 2002 y 2012, con un promedio anual de 352 mil 250 pesos, pero se dispararon de 2013 a 2016, justo cuando ya fungía como gobernador de Sinaloa, con un promedio anual de 8 millones 692 mil 832 pesos”.

Ríodoce publicó la investigación titulada “Consienten a empresa de Malova“, en la que se daba cuenta que desde 2011 y hasta 2015  la empresa de Malova había obtenido ganancias por 11 millones 591 mil pesos como proveedora de al menos cuatro municipios, Juntas de Agua, e incluso de paraestatales como la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, cuya cuenta pública fue suspendida por la Auditoría Superior del Estado.

En la investigación se detalla además que otros 13 políticos se habrían favorecido cuando ocupaban cargos públicos y pudieron caer en un conflicto de interés.

Para consultar la lista completa ingrese al siguiente link: https://contralacorrupcion.mx/operacion-desfalco-sinaloa/

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