Eran 30 millones, de eso ya solo quedan poco menos de 1.5 millones de pesos y así atender a centenas de personas que fueron desplazadas por la violencia desde la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
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De acuerdo con datos obtenidos a través de la solicitud 00921419 hecha a la Secretaría de Desarrollo Social, 407 personas tuvieron un apoyo económico entre los 2 mil 500 pesos hasta los 20 mil para poder emprender un proyecto productivo.
En suma asciende a los 3 millones 507 mil 541 pesos distribuidos en la compra de 400 estufas, 2 mil 975 despensas y 407 apoyos económicos para proyectos productivos, además se han atendido nueve casos de salud y se atendieron tres casos funerarios.
A eso hay que sumar 998 mil 560.32 pesos que se ha hecho en el gasto operativo, compra de despensas, compra de estufas ecológicas y sueldos de funcionarios de la Secretaría para los eventos públicos en que se han entregado esos fondos.
También hay que añadir los 9.4 millones de pesos que se usaron para la compra de un terreno de tres hectáreas en Mazatlán que tendrá 260 lotes, los cuales aún no han sido distribuidos, pues primero, según se anunció por Ricardo Madrid Pérez, secretario de Desarrollo Social, tendrá una metodología que incluya la comprobación de ser desplazado.
“Muchas veces nos ha tocado el papá, la mamá, dos hijos, sí son desplazados, pero son una sola familia y tratamos de englobar las cosas y tratarlas de esa manera”, dijo.
La Secretaría inició un censo tras la recomendación 39/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que en 2012 registró el desplazamiento interno forzado de 2 mil 038 personas de las comunidades de Choix y Sinaloa.
Esa recomendación estableció la necesidad de hacer un censo, pues de acuerdo con organismos como la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS), así como de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMPDDH) de 2008 a 2014 se documentaron hasta 34 mil desplazados por violencia.
Ese censo comenzó este año, y a la fecha suman, según cálculos de la Sedeso, 1 mil 750 personas desplazadas de los municipios de Concordia, Rosario, Mazatlán, San Ignacio, Culiacán, Badiraguato, Sinaloa y Choix.
“Hay que decirlo, no es un tema exclusivo de la Secretaría de Desarrollo Social, interviene la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría General de Gobierno, la Comisión Estatal de Vivienda por parte del Estado, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación”, indicó Madrid Pérez.
Del censo, según se indicó en la recomendación de la CNDH, se deberán atender temas de seguridad, salud, educación y empleo, con la búsqueda de que las personas desplazadas puedan regresar a sus lugares de origen.
De forma paralela, Gobierno del Estado inició la distribución de 30 millones de pesos que fueron reasignados en el Presupuesto de Egresos por la el Congreso del Estado.
Ese fondo quedó en la administración de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual ya lo distribuyó entre cuatro grupos de personas desplazadas, de los cuales al menos dos son liderados por personas que no son desplazados.
Se trata de Albertico Medina, político de Badiraguato que ha intentado ser Alcalde de ese municipio, pero no lo ha logrado. Ahora representa a un grupo de personas desplazadas y así consiguió que la Sedeso le entregara 2 millones de pesos que tiene que entregar a desplazados.
“¿Cómo se comprueba esa distribución?”, se le preguntó a Esperanza Hernández Lugo, activista desplazada del Municipio Sinaloa.
“No lo sé, no nos dijeron que se comprobara, ni porque esa recomendación (la de la CNDH) se hizo con el caso de nosotros, solo llegaron y les dieron el dinero”, dijo.
Un caso similar sucedió en Mazatlán con el Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), que dirigen Miguel Ángel Ramírez Jardines y Miguel Ángel Gutiérrez, pero con un monto mayor, 20 millones de pesos.
“A ellos les dieron 20 millones, porque una parte es para el terreno que le pidieron al Gobernador, diciéndole que si no se los daba iban a manifestarse afuera de sus hoteles y otra parte es para los desplazados”, aseguró Hernández Lugo.
La Secretaría de Desarrollo Social presentó la compra de un terreno de tres hectáreas en la Ciudad de Mazatlán, el cual costó 9.4 millones de pesos. Luego de ello prometió tres terrenos más, uno para Culiacán, otro en Guamúchil y uno más en Choix, pero estos se comprarían en 2020, solo si se incluye en el Presupuesto.
Sobre la administración del dinero, la Secretaría de Desarrollo Social indicó que se hizo un acuerdo con los grupos, que pidieron el dinero para instalar o mejorar negocios, pero que eso terminará en fondos perdidos.
“En esa lógica lo que estamos haciendo es trabajar junto con ellos, tenemos reuniones de trabajo donde nos vemos y van tomando los acuerdos y sobre esa directriz ir generando los apoyos y cumpliendo con la asignación de ese presupuesto”, señaló Madrid Pérez.
Luego de distribuir casi 30 millones de pesos, aún resta cubrir necesidades de más de mil 200 personas desplazadas, continuar con el censo y presentar cuáles serán los programas que se implementarán tras terminar el mecanismo de medición.
Artículo publicado el 13 de octubre de 2019 en la edición 872 del semanario Ríodoce.
