Casi un año tienen esperando los damnificados del huracán “Willa” los apoyos a vivienda anunciados en el Congreso del Estado.

El acuerdo para beneficiar a los afectados por el huracán en el sur del estado y la tormenta tropical 19-E se formalizó el 29 de octubre de 2018, cuando el Pleno del Congreso del Estado aprobó un Plan de Austeridad, mediante el cual se disminuyeron algunos rubros de los apoyos otorgados para los diputados en gestoría y apoyos sociales.

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Luego vendría un convenio firmado por el Poder Legislativo y el ejecutivo estatal para la realización de acciones para los afectados por los fenómenos naturales.

La intención era que los ahorros se canalizaran a la población de mayor vulnerabilidad.

En el convenio se asienta que los recursos del Congreso del Estado tienen el propósito de mitigar el impacto de los fenómenos naturales a la población de más carencias sociales. Por su parte el gobierno estatal se comprometió a aportar la misma cantidad que entregara el Poder Legislativo.

Se establecía que el gobierno estatal organizaría a los grupos, colonias o sectores a quienes se les pretendía dirigir los beneficios del convenio. Ambas partes se comprometían a verificar la honestidad y transparencia en las acciones que se emprenderían.

A partir de enero de 2019, se pondrían en marcha los trabajos para la ejecución del convenio para beneficiar a los damnificados, pero terminó septiembre y los apoyos no llegaron a los beneficiarios.

En total eran 10 millones 427 mil pesos el monto ahorrado que sería canalizado a los damnificados en programas de vivienda. El gobierno estatal, se estableció también en el convenio, debía coordinarse con los municipios afectados para describir las zonas que fueron vulneradas por los fenómenos naturales.

Los recursos serían producto del ahorro de la disminución del 43.3 por ciento de los ingresos de los diputados en los últimos tres meses del año, es decir, de octubre a diciembre. En total, sumando la aportación del gobierno estatal, serían 20 millones de pesos.
La propuesta era que los recursos fuesen para pie de casa y techos.

“En todo el año el Gobierno del Estado no había soltado la parte que le corespondía”, expresa el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta.

El gobierno estatal actualmente está trabajando en las zonas en donde se construirán los pies de casa y los techos de las viviendas, pero todavía falta por asignar algunos beneficiados.

En la última reunión realizada hace un par de semanas, los diputados que integran la comisión de seguimiento solicitaron poder ir a campo para ver a las personas que iban a recibir el beneficio.

“Nos interesa también que no se utilice como un programa clientelar o como un plan de rescate de las familias que fueron afectadas y que fuera utilizado con tintes políticos, como lo han hecho toda la vida”, expresa el legislador morenista.

Con un dejo de desconfianza Zazueta Zazueta enfatiza en que irán a campo para verificar que a quienes se les pondrá techo o pie de casa será “porque realmente lo necesita, no porque es un líder de una comunidad y le dieron la opción de que repartiera”.

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Cuando se le pregunta al diputado sobre el motivo de la demora del programa de apoyo, asegura que desconoce el motivo. “El gobierno incumple muchos de los acuerdos, yo no sé realmente cuál fue la situación por la cual siempre se está batallando para que se desprendan del recurso. Le echan la culpa a la federación, pero cuando nosotros hemos investigado, siempre tachan al gobierno del estado que no cumple”.

La demora en la aplicación del programa de vivienda a damnificados lo explica el coordinador de la bancada del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, como producto de la desaparición de INVIES, ahora convertido en Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE), que tendría a su cargo la aplicación del convenio.

De acuerdo con la minuta de la reunión celebrada entre el director de CVIVE, Salvador Reynosa Garzón y los diputados, en mayo pasado se realizó una revisión física del padrón de afectados, en julio y agosto visitó a las viviendas afectadas, y para septiembre se concluiría el proceso de licitación para la construcción de 192 acciones de vivienda en Escuinapa (79), El Rosario (37) y El Fuerte (76).

Artículo publicado el 29 de septiembre de 2019 en la edición 870 del semanario Ríodoce.