En el marco de la violencia que golpea a los colectivos de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en este país, Jan Jarab, admitió que el incremento de las violaciones y atropellos contra activistas y periodistas por parte de las empresas multinacionales obliga al gobierno mexicano a fortalecer una regulación ética y jurídica porque buena parte de las agresiones están asociadas con los megaproyectos.

Para medir la importancia que tiene el tema de los megaproyectos en una política firme de defensa hacia los derechos humanos de periodistas y defensores de los derechos, dijo que se estima que tres cuartas partes del total de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo suceden en la región latinoamericana, y más de la mitad de esos casos estarían relacionados con la defensa de la tierra, del territorio, del medio ambiente y de los bienes naturales.

El funcionario de las Naciones Unidas en México dijo que una de las recomendaciones hechas por el organismo al Gobierno Mexicano es revisar el tema de los megaproyectos de estos corporativos para abordar el tema en la agenda nacional sobre el apartado de multinacionales y derechos humanos que constituye uno de los temas prioritarios en los acuerdos del Grupo de Trabajo de la ONU con este país.

Al respecto destacó que ya se tienen avances importantes con las empresas para llegar a acuerdos que privilegien el diálogo en un marco de respeto a los derechos humanos y reconoció el respaldo del Gobierno actual para empujar una política conciliatoria que mediante la construcción de acuerdos pueda converger en un código de valores que ponga fin a una cultura de privilegios sustentados en prácticas asociadas con la corrupción y la impunidad.

Cifras oficiales señalan que tan solo el año pasado se contabilizaron al menos 321 defensores y defensoras de derechos humanos y 53 periodistas asesinados. En este año ya son 14 defensores y 12 periodistas, cuyos crímenes están relacionados con su profesión y actividades vinculadas con la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.

De estas cifras alarmantes se desprende que en México existe un insuficiente reconocimiento a la labor de las personas defensoras y periodistas, por lo que el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en este país recomendó recientemente al gobierno mexicano realizar una campaña para reconocer a quienes ejercen esas labores, pues lejos de ser reconocidas de manera amplia por la sociedad y por las autoridades, las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas son víctimas de amenazas, hostigamientos, estigmatización, agresiones, criminalización entre otros tipos de ataques, y por supuesto, hasta homicidios.

Aclaró el funcionario que este registro alarmante de casos no es exclusivo de México sino de toda la región latinoamericana.

Desplazamiento forzado interno

Para el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, uno de los impactos más comunes y más profundos de la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos es el desplazamiento forzado interno. Por eso destacó de forma particular como la violencia y específicamente el desplazamiento de personas defensoras de derechos humanos y periodistas afecta el goce de derechos de todas y todos los ciudadanos.

Explicó que hay una importante dimensión individual de las afectaciones: familias se descomponen; se pierden empleos; se disipan sueños y planes de vida. Nuestra Oficina ha observado cómo se vuelve sumamente difícil para las personas desplazadas pensar en retorno o en reintegración luego de que se vieron obligados a abandonar sus casas.
Paralelamente también se generan afectaciones en una dimensión colectiva, dijo en referencia a que las amenazas o agresiones a estos dos grupos de población generan como principal consecuencia la censura a quienes se dedican a informar a la ciudadanía o a defender sus derechos.

“Y cuando una defensora o un periodista se ven obligados a desplazarse todos y todas somos afectados, en nuestras garantías, en nuestros derechos y en nuestro acceso a información”.

En su opinión, las consecuencias del desplazamiento son muy adversas. En la gran mayoría de los casos, la persona reubicada deja de poder ejercer su trabajo como periodista o como defensora de derechos humanos.
Destacó que la Oficina del Alto Comisionado en México conoce de varios casos de líderes indígenas, las principales voces de resistencia y defensa de derechos humanos en sus comunidades, que se han visto obligados y obligadas a salir de su territorio y buscar refugio en otras zonas, muchas veces muy distintas en cuanto a elementos culturales, sociales, económicos, entre otros.

El impacto para ellos y para sus comunidades es tremendo. Cuando los defensores ya no pueden defender sus comunidades, éstas se quedan expuestas al despojo de su territorio, a la violencia, a la destrucción del medio ambiente, a la discriminación, a la injusticia y al abandono.

Con el desplazamiento, es claro que la sociedad deja de tener quien luche contra la desaparición forzada o los feminicidios; quien informe sobre el impacto de megaproyectos para los territorios y comunidades indígenas; quien investigue y publique sobre corrupción y otras irregularidades en el cumplimiento de la función pública.

Además, las violaciones de derechos humanos que causaron el desplazamiento luego dan lugar a nuevas vulneraciones a menudo vinculadas con la incapacidad de las autoridades en presentar soluciones inmediatas e integrales.

Y tampoco se puede dejar de subrayar que cuando finalmente una persona defensora o periodista se ve obligada a desplazarse, eso en verdad significa un resultado exitoso para el perpetrador que buscaba silenciar las voces inconvenientes, acotó el funcionario.

Artículo publicado el 1 de septiembre de 2019 en la edición 866 del semanario Ríodoce.