Como balde de agua fría cayó a los productores del sur del estado de Sinaloa la noticia de que un juez federal había concedido un amparo a los comuneros y que los trabajos de la presa Santa María serían detenidos.

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Apenas el lunes 12 de agosto se ingresó la solicitud, y a decir del abogado de los comuneros, Alejandro Espinoza Balderrama, fue el miércoles 14 que obtuvieron la respuesta.

Y no sólo se trata de alrededor de 16 mil hectáreas las que la constructora ICA y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no podrán tocar, el amparo también incluye los permisos y licencias que están en trámite.

Espinoza Balderrama explicó que cuando se habla de una suspensión sobre todo de oficio de plano, cualquier situación que vaya encaminada a seguir avanzando en esa obra, sobre la superficie protegida constitucionalmente está devenida.

Agregó que incluso el famoso convenio de ocupación previa, queda sin efecto.

Los permisos y licencias que liberen en este lapso las autoridades quedarían sin efecto, agregó, pues se estará al pendiente de la responsabilidad que tienen en el caso.

Aseguró que la solicitud de amparo firmada por el presidente, secretario y tesorero de la mesa directiva es completamente válida, y que no se malinterprete de que están en contra de la obra, ya que sólo quieren que no se violen sus derechos constitucionales.

Calificó a los comuneros como los grandes ausentes de las negociaciones que las autoridades hicieron para iniciar la obra.

Los trabajos se reactivaron después de la visita que hizo a Santa María la titular de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros y directivos de la constructora ICA, en julio.

La federación definió la distribución de los 250 millones que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió durante su gira en enero de este año. Sin embargo en un informe solicitado a Conagua por este Semanario, se dio a conocer que 193 millones se destinaron para pagar deudas por estimaciones y pérdidas por el tiempo que duró detenida la obra en la administración pasada.

La constructora trabajaba sobre una superficie de aproximadamente 2 mil 300 hectáreas.

La causa principal del amparo es por considerar que se violaron los derechos de los comuneros durante cinco años y medio, no se respetó la propiedad comunal, el pago de avaluos de bienes distintos a la tierra fue incorrecto y un acuerdo completamente en desventaja para los pobladores con relación a la ocupación previa.

La destrucción de huertas, bosque y  bancos de materiales, dijo, se suman a la queja, así como los bajos montos en los que hicieron los avaluos de árboles frutales que se pagaron por debajo de su costo real.

Cuestionó que la Procuraduría Agraria en vez de velar por el bienestar de los comuneros, los puso de pechito para favorecer los trámites y se detonara la obra, haciéndoles firmar, con engaños, acuerdos que les da responsabilidades legales como un programa forestal que deben de cumplir y para el que se habrían destinado 6 millones de pesos de los que nadie sabe nada.

Cuestionó que solo se les haya dado 762 mil pesos por concepto de ocupación previa y firmado por diez años.

“¿Cómo va a ser posible, si la misma jurisprudencia en expropiación dice que el proceso de expropiación va a durar en lo que te tardes en valuar los bienes que vas a dañar, 762 mil 224 al año y así los hicieron firmar, ya si lo avaló quien era su abogado, que es el abogado oficial de Procuraduría Agraria, los pusieron de pechito“, consideró.

“Esos son los argumentos de violación que nosotros estamos haciendo valer al Juez, la constitución protege la propiedad comunal”, dijo.

En septiembre habrá una audiencia en la que se aportarán pruebas y se hará revisión del caso, además que el gobierno del estado, gerencia de la Cuenca Pacífico-Norte de la Conagua, la Sedatu  y la Procuraduría Agraria ya aparecen como autoridades responsables de acuerdo a la Ley de Amparo, pudiendo ampliarse para nuevas autoridades responsables, pero todo depende de los informes justificados que se alleguen al juicio.

El abogado criticó que los dueños de la tierra nunca hayan recibido la atención y respeto por parte de las autoridades ni de las organizaciones que están a favor de la construcción de la obra.

La sorpresa para los productores

Ismael Díaz, presidente del Consejo Baluarte-Presidio dijo que no dejó de sorprenderles la  noticia de esta suspensión de la obra.

“No estamos seguros de qué es lo que quieren, hay nuevos liderazgos ahí que se han  involucrado (…) estamos tratando de tener un acercamiento para ver qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden, porque realmente no sabemos”, expuso.

Es un gran golpe para todas las familias de las futuras generaciones del sur de Sinaloa, dijo, por eso se está observando que no vayan a ser intereses particulares los que pretenden detener este detonante.

Consideró que al haber de por medio un asunto legal como la demanda de amparo, se espera que sean las autoridades correspondientes las que emitan la información, pues Cobalpre es un organismo ciudadano de los sectores productivos que no tiene esa facultad.

Por otro lado opinó que es muy preocupante que los permisos y licencias también queden suspendidos, o bien queden sin efecto a causa de este amparo.

“Pero ahí ya entrarán los asesores y abogados del gobierno del estado para atender esto”, consideró, “pero aquí de lo que se trata es de llegar a consensos para que la comunidad esté contenta y de acuerdo, porque también hay un sinnúmero de comuneros que están en contra de lo que está sucediendo”, dijo.

Artículo publicado el 18 de agosto de 2019 en la edición 864 del semanario Ríodoce.