Señala Artículo 19 que en México no existe libertad de prensa; Tatiana Clouthier lo niega

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Esclarecer asesinatos de periodistas y castigar responsables, exigencia para garantizar la libertad de expresión: Jesús Cantú

Acabar con la impunidad, esclarecer los atentados contra la libertad de expresión pendientes de resolver y que se castigue a los autores no solo materiales sino intelectuales que están detrás de los asesinatos, desapariciones y demás agresiones contra los derechos de periodistas, es el primer compromiso que tiene el Gobierno de México para recuperar un escenario de paz y seguridad que permitan ejercer una auténtica libertad de expresión, declaró el Jefe de la Unidad de Información de la Coordinación General de Comunicación de la Presidencia de la República, Jesús Cantú Escalante.

Lea: Los contrastes en la libertad https://bit.ly/2EaLBfh

“Hay que acabar con la impunidad. Eso es fundamental para que se pueda ejercer la libertad de expresión”, dijo enfático el funcionario federal ante cientos de periodistas mexicanos y del extranjero que asistieron a la Primera Cumbre Internacional de Libertad de Prensa-México, organizada por el Comité para la Protección de Periodistas.

Ana Cristina Ruelas, Directora Regional de Artículo 19, declaró que en México no existe la libertad de prensa porque el periodista se levanta a diario con la idea de asumir riesgos y contar verdades a medias en un ambiente de total incertidumbre, que descansa sobre 47 periodistas asesinados en el sexenio pasado —donde el 99.7 por ciento de los casos están impunes—, cifra que es un referente muy crudo pero real de que en este país no existe la libertad de expresión.

Jesús Cantú urgió iniciar una revisión rigurosa de las leyes porque con la figura del llamado “daño moral” establecida en el Código Civil federal, o los famosos “delitos contra el honor” vigentes en los códigos penales estatales, siguen hostigando jurídicamente a ciudadanos y periodistas, porque se adolece de un marco legal efectivo que incluya también figuras como el “secreto profesional” y la “cláusula de conciencia”, fundamentales para garantizar el ejercicio pleno de la libre expresión en México.

Daniel Moreno, director general y fundador del Portal Animal Político, al participar como panelista junto con Jesús Cantú, la senadora Tatiana Clouthier y Ana Cristina Ruelas de Artículo 19en la Mesa “Los Medios y El Estado”, abrió el debate diciendo: “No somos Venezuela ni Nicaragua ni me estoy tirando al piso, solamente me importa prender un foco amarillo de lo que estamos viviendo estos seis meses: el uso de una tribuna privilegiada para atacar el disenso y el periodismo; el uso de información privilegiada para difamar a periodistas, es algo que a los periodistas de México debe preocuparnos”.

Según el fundador de Animal Político, al Gobierno de AMLO le incomoda el periodismo que cuestiona sus opiniones y errores a pesar de que prometió ser diferente a los gobiernos anteriores. No estoy en contra de las mañaneras, es una excelente estrategia de comunicación, más no de información, aclara.

En un balance de los primeros seis meses de la administración de AMLO, Daniel Moreno opinó que el Gobierno federal no está dispuesto a rendir cuentas y se niega a permitir el acceso a la información.

Acusó que desde la Presidencia de la República se promueve y se alienta a algunos medios como las plataformas de Youtube, que se dedican a “cazar” a la prensa y a los periodistas disidentes de sus posturas y señalamientos y con el pretexto del derecho de réplica y desde una tribuna privilegiada como “la Mañanera”, se ha querido inhibir la crítica, el disenso y el periodismo “libre”.

Señaló que desde la oficina del vocero de la Presidencia se permitió la difamación a un grupo de periodistas —incluido él— con el pretexto de difundir información sobre publicidad oficial, y llevan ya dos semanas esperando una rectificación pública sobre esa información difamatoria.

Enseguida compartió sus sospechas sobre posibles contubernios entre propietarios de las grandes televisoras y López Obrador, al revelar que el 1 de julio pasado, AMLO se reunió en su casa con los dueños de los tres principales medios—Televisa, TV Azteca y Grupo Imagen— a los que tanto critica la ciudadanía como los aduladores del sistema neoliberal y beneficiarios del mayor porcentaje de publicidad oficial.

Entre los señalamientos al Presidente de México refirió que hasta ahora ha validado la “Ley Chayote” impulsada por Peña Nieto. Y en este primer semestre, el Gobierno de AMLO mantiene la discrecionalidad sobre el tema.

La senadora Tatiana Clouthier, tras remarcar que en el actual gobierno ni la libertad de expresión está en riesgo y menos aún hay alerta amarilla sobre el tema, como lo expone Daniel Moreno, agregó que a todos conviene que la libertad de expresión crezca y se ejerza porque permite tener contrapesos en el fortalecimiento de la democracia, haciendo uso más frecuente del periodismo de investigación, que es ahora una herramienta muy fuerte para destapar la corrupción rampante que enfrenta la sociedad mexicana.

Ratificó la legisladora que en esta nueva relación Prensa-Estado la ley de publicidad será un tema prioritario porque pondrá en orden muchos puntos oscuros que ocasionaron vicios en el pasado y ya se analizan apartados muy específicos como el periodismo en redes sociales y el tradicional, que en una abierta competencia se disputan protagonismos en torno a la veracidad y la inmediatez de la información.

Sobre el tema, Jesús Cantú adelantó que el Gobierno analiza la medición de audiencias a través del INEGI, o bien mediante un consorcio de universidades públicas y privadas que propongan un consejo de académicos encargados de hacer las mediciones; otro es que sean los dueños de medios de comunicación.

Jesús Cantú, Jefe de la Unidad de Información de la Coordinación General de Comunicación de la Presidencia, respondió a las acusaciones contra la conferencia “mañanera” y dijo que disentir con lo publicado por algunos medios es un ejercicio democrático, porque ningún medio de comunicación o periodista podrá señalar que se atenta contra la libertad de expresión.

Artículo publicado el 23 de junio de 2019 en la edición 856 del semanario Ríodoce.

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