Cinco años entre campos de exterminio y fosas clandestinas

Pasaron cuatro años, casi cinco. Lo lograron. Movieron al Estado.

El 4 de diciembre de 2014 encontraron cinco cuerpos en La Choya, un poblado de El Fuerte, cerca de Estación Sufragio, por donde pasan los tubos del Gasoducto. Ese día Jorge y Mary salieron a buscar el cuerpo de Rafael. Fue desaparecido en 2011 por un grupo de personas en una camioneta blanca.

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Un leñador le dijo a la señora Manuela, madre de Jorge y Mary, que el cuerpo de su otro hijo estaba enterrado. Le dio indicaciones: ahí habría un bulto de tierra y cinta de color canela enroscada. Antes se usó para esposar a Rafael y a otros cuatro que también estaban enterrados.

Jorge y Mary se fueron a rastrear por una vereda en medio del monte. Caminaron unos 4 kilómetros hasta que se terminó el camino, tal como les dijeron. Llegaron a un árbol, vieron un bulto con cinta enroscada encima y escarbaron con las manos.

No fue complicado, apenas y retiraron un poco de tierra cuando se descubrió un cráneo. No había más qué hacer. Ahí estaban los restos que les dijeron.

Llamaron a las autoridades y les contaron. Al otro día volvieron a ese mismo lugar junto a Mirna Medina, una mujer que en aquel tiempo comenzaba con el movimiento que hoy lleva por nombre Las Rastreadoras de El Fuerte.

Este fue el primero, como grupo constituido, de las decenas de hallazgos que han tenido Las Rastreadoras en Sinaloa.

Al llegar ahí vieron que estaba acordonado y, pese a eso, entraron. El hallazgo fue confirmado, pues un grupo de trabajadores de la funeraria Moreh que fue llevado por el Ministerio Público había descubierto ese bulto. Luego, Jorge y Mary fueron retirados para que aguardaran detrás de la cinta amarilla que se colocó a unos 100 metros de ese lugar.

Por ratos lloraban, se abrazaban, se callaban. Entre ellos se guarecían y daban ánimos. Se sabían satisfechos, pero no plenos. Nadie quiere encontrar a su hermano muerto cuando se los arrebataron vivo.

Pasaban las 17:00 horas y del lugar salió José Luis Leyva Rochín, que en aquel tiempo era el encargado, junto a otros dos ministerios públicos, de la agencia especializada en desapariciones y desapariciones forzadas.

Le habló a Jorge para decirle en voz baja que ahí había no uno, sino cinco personas en huesos.

Cuando volvió a contarle a Mary soltó un sollozo, y ella a llorar de forma desesperada. Estaban seguros que uno de los que yacía ahí era Rafael.

Entonces llegó Evaristo Castro Borbolla, quien era subprocurador de justicia. Entró al lugar, estuvo alrededor de 15 minutos y salió llamando a los hermanos y a Mirna Medina. Se los llevó en su camioneta Suburban blindada hasta Los Mochis.

Los metió a las oficinas del Ministerio Público y los retuvo cerca de tres horas. Incomunicados, encerrados e interrogados.

Querían saber quién los había llevado hasta ahí. Querían saber por qué habían hecho el trabajo que ellos debieron haber hecho desde 2011.

Afuera estaban periodistas en un intento de cuestionar al subprocurador Castro Borbolla sobre la retención y sobre por qué les había dicho mentiras. Antes de que se supiera del hallazgo, se dijo de forma extraoficial que eran tres y no cinco los cuerpos, y que estos habían sido encontrados tras un operativo dirigido por la entonces Policía Ministerial.

La noche del 4 de diciembre del 2014 salieron los familiares de Rafael y Mirna Medina del Ministerio Público.

“Por lo menos nos llevaron a nuestras casas”, recuerda Medina.

Ese día comenzaron a mover al Estado.

Cuatro años, casi cinco después

Hacen filas con grupos de dos o tres personas y comienzan a caminar de forma paralela sobre predios donde creen que puede haber personas enterradas en fosas clandestinas. Suponen que están en áreas donde hay tierra removida.

“Pican” la tierra con varillas con puntas especiales, que tienen un orificio que los rodea y que sirve para que la tierra se quede estancada, tierra que al olerse se puede comprobar que debajo hay muertos.

Se llevan la punta a la nariz y la huelen. Puede salir un tufo a muerte. Si sucede eso, ahí hay un muerto, si no, vuelven a repetir el procedimiento.

Si ahí hay un cuerpo enterrado, entonces se visten con trajes blancos, se recogen el cabello, se colocan mascarillas, lentes y guantes. Rascan la tierra, hasta llegar a donde se pueda ver que se hace grumos con grasa humana. Lo descubren con escobetas y brochas especiales.

Hasta ahí termina su trabajo, luego esperan a que lleguen los peritos de la Fiscalía General del Estado. Mientras, todos los demás, policías, visitadores de las comisiones de derechos humanos y comisiones de búsqueda observan.

Son espectadores de los buscadores que aprendieron de medicina, antropología y criminalística porque se dieron cuenta que necesitaban saberlo. Antes nada más eran amas de casa, maestras, jardineros, veladores o trabajadoras domésticas.

El 14 de junio de este año el grupo Sabuesos Guerreras, que se conformó en 2017 por un grupo de familiares de personas desaparecidas en Culiacán, informó de un posible campo de exterminio al norte de la ciudad.

Es en un predio donde en abril de 2017 encontraron los cuerpos de tres personas, dos de ellos eran militares originarios de Durango, y uno más era un chofer del servicio Uber, quienes fueron desaparecidos, calcinados y enterrados en una fosa clandestina.

El 2 de enero de 2019, el grupo Sabuesos Guerreras hizo el hallazgo de mil 21 fragmentos de huesos calcinados en una fosa de apenas 30 centímetros de profundidad.

Volvieron meses después, con sospechas sobre una casa apenas a 80 metros de ese lugar, donde encontraron cinta canela, autopartes y posibles restos de personas enterradas.

De ahí emanaba el olor a gasolina, ácido y a podrido. El olor de una persona muerta es singular, apesta, penetra, lastima y se queda impregnada en la nariz de quien lo huele.

La Comisión Nacional de Búsqueda envió antropólogos. La Fiscalía General a policías de investigación a resguardar. Los bomberos a descubrir la tierra donde podía haber químicos y tanques de oxígeno para cortar.

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De ahí no salieron cuerpos, pero sí un tufo a muerte, dolor y rabia. A gasolina y a ácido.

“Estamos seguras de que aquí pasó algo y que hay desaparecidos”, dijo María Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo Sabuesos Guerreras.

Dos días después, en la playa Ponce, de la sindicatura de Eldorado, al sur de Culiacán, llegó la Brigada Estatal de Búsqueda.

Esta Brigada se compone de nueve colectivos, acompañados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Policía de Investigación que depende de la Fiscalía General del Estado.

Ahí llegaron con indicaciones de una persona que busca a su hijo desaparecido. A ella le dijeron cómo llegar y que ahí estaría un bulto con una vara clavada. Así fue.

Rastrear ahí no fue tan difícil. Era arena y el olor brotaba de esta. Ahí encontraron cinco cuerpos y casquillos de bala regados.

Con estos, suman ya 12 cuerpos exhumados en fosas clandestinas por la Brigada Estatal desde el 22 de marzo a la fecha, de los cuales seis ya fueron identificados y entregados a sus familiares.

“Esto es lo que nosotros buscábamos, se nos hacían muchos días estar buscando y buscando y Dios nos abría los caminos y no nos los enseñaba, pero gracias a personas, que son lo que yo digo que sin la sociedad no podemos caminar, no podemos encontrar”, dijo Alma Rosa Rojo Medina, integrante de la Brigada Estatal.

Esta es la tercera ocasión que la Brigada Estatal de Búsqueda se organiza para hacer rastreos en conjunto con familiares de personas desaparecidas que integran la Brigada Nacional de Búsqueda.

Pasaron 16 días desde que se agruparon. Buscaron, rastrearon, removieron tierra. Pasaron 16 días y hasta este último hallaron a las cinco personas.

Imposible saber quiénes eran. De la tierra brotaron huesos, grasa y un tufo a muerte, odio y desesperación.

“Oremos por ellos, porque son tesoros que han regresado”, decían y se reunían para dar gracias en un acto de fe. Rezaron y arrojaron agua a los restos que encontraron.

Como observadores, ahí estuvieron visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y agentes de la Policía de Investigación y la Policía Estatal Preventiva.

Pasaron cuatro años, casi cinco, de aquella vez que a los buscadores los retenían para interrogarlos.

Pasaron cuatro años, casi cinco, para que se comprendiera que en ellos está el dolor y el perdón. Está el mover al Estado y reiniciarlo. Son Buscadores e insisten en escarbar para encontrar a sus desaparecidos.

Artículo publicado el 23 de junio de 2019 en la edición 856 del semanario Ríodoce.