El ‘Mayito Gordo’ podría reducir su condena de 10 años, al obtener amparo

El ‘Mayito Gordo’ podría reducir su condena de 10 años, al obtener amparo

Un Tribunal Colegiado en Materia Penal revocó la sentencia de 10 años de prisión dictada a Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo.

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Mediante un amparo, el hijo de Ismael el Mayo Zambada logró que anularan la sentencia y deberá dictarse una nueva con la que disminuirá la pena.

El Mayito había sido sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo, pero tenía dos agravantes.

La primera de las agravantes era portar dos o más armas por lo que la pena aumentó dos años ocho meses más; y la segunda era que las portaba en grupo de tres o más personas, con la que la sentencia subió otros cuatro años.

El Tribunal Colegiado resolvió que no podían sancionarse las dos agravantes juntas porque la segunda técnicamente ya comprende lo relativo a la portación de dos o más arma de fuego.

De aplicarse las dos agravantes, indica, se está sentenciando dos veces por la misma conducta.

El Tribunal Unitario que dictó la sentencia deberá dejarla insubsistente y dictar una nueva sin que sea mayor a la ya dictada y considerar únicamente la agravante de portación en grupo de tres o más personas.

El Mayito fue detenido el 12 de noviembre de 2014, en la sindicatura de El Salado junto con tres personas más identificadas como Noé, Francisco, Ramón y Esteban.

Desde entonces está recluido en el Centro de Readaptación Social federal número 2 Occidente Puente Grande, en Jalisco.

El 16 de noviembre de 2017 fue sentenciado y en agosto de 2018 apeló la sentencia.

A los cuatro detenidos les aseguraron cuatro fusiles AK 47, una pistola calibre 9 milímetros, un envoltorio con mariguana y uno con “cristal”.

En la camioneta en la que viajaban hallaron cuatro armas cortas y un fusil en el asiento; y en una caja de plástico 46 cargadores para calibre 7.62×39 milímetros, 11 cargadores para calibre 5.56, cinco cargadores para pistolas, un casco tipo militar y 2 mil 107 cartuchos.

En la demanda de amparo contra la sentencia, el Mayito alegó violaciones a sus derechos, pero los alegatos fueron desechados por los magistrados.

Zambada Imperial aseguró que su detención no fue como señalaron los agentes de la Marina.

DETENCIÓN.

En su declaración ante el Juez dijo que alrededor de las 9:00 horas se encontraba en la casa de sus abuelos cuando se percató de la presencia de helicópteros de la Marina por lo que decidió salir en una cuatrimoto.

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Dijo que llegó hasta otro poblado donde abandonó la cuatrimoto y como seguía escuchando el helicóptero decidió irse por entre el monte ycaminó durante más de tres horas.

Luego, indicó, se escondió en un arroyo y se dirigió hacia una escuela donde estaban trabajando aproximadamente 10 albañiles.

Mencionó que entró en uno de los salones donde había dos albañiles colocando piso e hizo como si también estuviera trabajando.

Los marinos entraron a la escuela y se acercaron a él y uno de ellos preguntó por qué andaba corriendo entre el monte y tras someterlo lo llevaron a una camioneta oficial.

En el vehículo uno de los marinos le preguntó si era el Mayito y contestó que no y mostró una identificación falsa.

Aseguró que lo vendaron y lo golpeaban mientras le preguntaban por su padre, y de repente escuchó que alguien habló por radio y dijo que ya tenía al hijo del Mayo.

Posteriormente, dijo, lo torturaron para que aceptara pertenecer al Cártel de Sinaloa y en un helicóptero lo llevaron al aeropuerto de Culiacán, donde abordó un avión que lo trasladó a la Ciudad de México.

En su informe, los elementos de la Secretaría de Marina dieron una versión diferente de la captura, al señalar que los cuatro hombres fueron detenidos alrededor de las 11:00 horas en el Ranchito de los Burgos.

Según lo relatado por los marinos, ese día realizaban un operativo aéreo y terrestre en el poblado, cuando los agentes que tripulaban un helicóptero reportaron que de un inmueble salían cuatro personas armadas a bordo de una camioneta Dog Ram.

Los agentes interceptaron el vehículo en un camino de terracería, aproximadamente a 60 metros de la vivienda, y al revisar a los tripulantes hallaron armas.

El Mayito presentó licencias de automovilista y motociclista con nombres falsos, pero según los marinos, después dio su verdadero nombre y refirió que era hijo del Mayo y les pidió apoyo para que lo dejaran en libertad ya que era una persona muy pesada e influyente.

Los marinos narraron que el Mayito señaló una casa que era de su propiedad y les dijo que lo dejaran entrar para darles dinero y carros de lujo a cambio de que lo dejaran libres.

Cuando era trasladado a la delegación de la PGR, nuevamente refirió que su padre era líder del Cártel de Sinaloa y que cuando llegaran a las instalaciones de la fiscalía iban a ser rescatados, según los marinos.

Los agentes dijeron que para evitar poner en riesgo al personal de la delegación decidieron solicitar una aeronave y trasladarlo a la Ciudad de México para ponerlo a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Como pruebas a su favor, el acusado llevó testigos para que narraran la detención, que supuestamente eran los albañiles que estaban en la escuela y quienes presenciaron la captura.

El Juez determinó que de las declaraciones de los testigos se advertían diversas contradicciones e inconsistencias que hacen presumir que se trata de relatos preparados como estrategia defensiva para mejorar la situación jurídica.

En la demanda de amparo el Mayito señaló que las pruebas eran insuficientes para acreditar la responsabilidad, pero los magistrados consideraron que las pruebas son idóneas para deducir que portaban las armas de fuego y que sabían que es considerado por la ley como delito y en consecuencia también se acredita que su actuar fue doloso ya que tenía conocimiento de la ilegalidad.

Con el amparo solo le quitarán una de las agravantes por las que fue sentenciado.

El Mayito Gordo tiene vigente un proceso de extradición hacia Estados Unidos concedido en 2015, donde es reclamado por la Corte federal del Distrito Sur de California con sede en San Diego por los delitos de asociación delictuosa para distribuir drogas.

Artículo publicado el 16 de junio de 2019 en la edición 855 del semanario Ríodoce.

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