Empezó con el llamado “diezmo”, un porcentaje del 10 por ciento que los constructores debían pagar al funcionario para ser contratados para una obra, pero con los años y los cambios de sexenio se fue al 20, 25 y hasta el 35 por ciento, como un secreto a voces.
No especifica cifras, pero Francisco Javier Gallo, presidente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, admite la trampa en la que han sido atrapados.
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“El empresario de la construcción ha caído en el esquema de la corrupción, empujado por un sistema corruptor que extorsiona y condiciona la participación a cambio de un beneficio. La necesidad de tener trabajo nos ha llevado a tener estas prácticas que cada vez se extienden más, se vuelve cínica y descarada hasta convertirse en algo normal”.
La afirmación fue hecha en las instalaciones del Congreso del Estado de Sinaloa, frente a un auditorio lleno de constructores y diputados que trabajan en reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Sinaloa.
La corrupción empieza cuando el funcionario tiene la libertad discrecional de decidir a quién le entrega el contrato de obra pública, dijo el dirigente constructor que enfatizó en la necesidad de cambiar las leyes locales para terminar con una situación que encarece y demerita las obras.
La afirmación engarza con el señalamiento hecho por la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix, al dar a conocer la auditoría financiera a obra pública realizada en el 2017 en municipios y el gobierno estatal.
En las auditorías realizadas, la ASE encontró una inadecuada supervisión de la obra pública, además del recurrente pago de conceptos no ejecutados, pagos en exceso y mala calidad en los trabajos realizados.
Desde los primeros encuentros de los constructores con los diputados de la actual Legislatura, se ha hecho hincapié en que se transparente la obra pública desde la planeación, pasando por la creación de un banco de proyectos, e incluso la asignación de un presupuesto para la elaboración de proyectos que pudiesen ejecutarse.
Otro registro recurrente encontrado por la ASE fue que existe en Sinaloa una deficiente planeación en la obra pública debido a modificaciones recurrentes en los proyectos durante el desarrollo de la obra.
La diputada y presidenta de la Comisión de Comunicaciones de Obras Públicas, Flor Isela Miranda, explica que las reformas al marco legal buscan no solamente se revise si hay o no corrupción, sino que se sancione a quien se le demuestre y se considere como un delito grave.
“En la obra que toques hay corrupción”, revela la diputada de Morena, al poner como ejemplo una investigación que actualmente se realiza en el Acuario de Mazatlán y lo que se pretende sea la nueva USE, en lo que funcionó como edificio Homex en Culiacán.
“Traemos varias obras inconclusas donde hay metidas las manos de muchos exfuncionarios, funcionarios y gobernantes, con indicios de corrupción, cuyos detalles se presentarán más adelante”, anuncia.
El presidente de CMIC Sinaloa, Héctor Alfonso Torres Galicia, planteó ante el Poder Legislativo que la opacidad y la falta de transparencia en los procesos de contratación, así como la carencia de planeación y profesionalización para el desarrollo de las obras han sido una constante en la vida pública, que fomenta un ambiente fértil para la corrupción y la impunidad.
En un hecho inédito, la CMIC, asociaciones de constructores, colegios de arquitectos, ingenieros, mecánicos electricistas, organizaciones empresariales, integraron un comité intergremial de la industria de la construcción para presentar una iniciativa de reformas a la Ley de Obras Públicas.
La propuesta busca modificar las reformas de la anterior legislatura, por considerar que materialmente concentraron de manera discrecional en la Secretaría de Administración y Finanzas las decisiones en materia de obra pública, y restringió la presencia de testigos sociales en obras.
En su iniciativa, que se sumó a otras cuatro propuestas presentadas por otros promoventes, enfatizan que sus propósitos anticorrupción buscan modificar las disposiciones que favorecen la opacidad y la discrecionalidad del gasto público.
Para lograr el objetivo plantean la elaboración de un programa anual de obra pública que esté incluido desde la iniciativa de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, en la cual deberá plantearse a detalle información como el proyecto de obra, su inversión, lugar y origen de los recursos para su aplicación.
En materia de vigilancia incluyen en su iniciativa que los testigos sociales de las obras públicas sean propuestos de la sociedad, con mayores atribuciones, como las de incluso acudir a las instancias del Sistema Estatal Anticorrupción.
José Ricardo Borboa, representante del Comité Intergremial de la Industria de la Construcción que reúne a la AMIC, CMIC, así como a diversas organizaciones empresariales y colegios de profesionistas del ramo, considera que el nuevo marco legal no solo debe dar certeza a quienes participan en los procesos de licitación, sino además impulsar y fomentar un mayor costo beneficio a favor de los ciudadanos.
Al igual que otras voces del sector constructores, coincide en que sea la Secretaría de Obras Públicas la responsable de aplicar esta ley de manera clara y precisa con la participación de testigos sociales, cuya presencia sea desde el inicio de cualquier licitación.
Precisa que el sistema Compranet Sinaloa se utilice como garantía en todo el proceso de licitación para la conservación de los datos en calidad de públicos, además de que la obra pública pueda ser atendida por empresas locales, en especial por las micros y medianas empresas.
Las diferentes iniciativas presentadas también coinciden en evitar que las dependencias y entidades públicas puedan realizar obra pública de administración directa, sino que toda sea licitada.
Los constructores aseguran que el hecho que el gobierno realice una obra constituye una competencia desleal que impide el crecimiento de las empresas del ramo de la construcción.
Entre las otras iniciativas presentadas en materia de obras públicas, destacan las presentadas por un grupo de diputados de Morena, encabezados por Victoria Sánchez para dar marcha atrás a la facultad que se le otorgó a la CEAPAS durante la Legislatura anterior para realizar obra pública directa, en lugar que sean las Juntas de Agua Potable.
Existe además una propuesta ciudadana, integrada por diversas agrupaciones, entre ellas Iniciativa Sinaloa, Coparmex y Observatorio Ciudadano de Mazatlán, para hacer también reformas a la Ley de Obras Públicas, en cuya propuesta se refieren a la ampliación de las facultades de los testigos sociales, el mayor uso de Compranet para hacer pública la información, que el plan anual de obras sea también documento público, entre otros puntos para hacer más transparente la aplicación de recursos en la materia.
El punto que no ha estado detenido sobre las reformas a la Ley de Obras Públicas ha sido en torno a las propuestas planteadas por el gremio del transporte, encabezado por Miguel Loaiza Pérez, quien plantea debe considerarse en los presupuestos de obras públicas la contraprestación de los servicios de carga vigentes.
Otra iniciativa que forma parte de los puntos de análisis de reforma es la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PRI relativa al tiempo de constitución de las empresas que pueden ser sujetas a un contrato de obras pública, en lugar de un año, seis meses, cuando se reconozca la experiencia de quienes participan en la empresa.
En reuniones con los constructores y agrupaciones de la sociedad civil interesada, los trabajos se aceleran para tener lista en las próximas semanas la nueva versión de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, que esperan sea el nuevo antídoto contra la corrupción.
Artículo publicado el 26 de mayo de 2019 en la edición 852 del semanario Ríodoce.
