No era la primera vez que el activista Gabriel Campos Galván entraba al salón de plenos cargando una manta con acusaciones a un personaje público, pero en esta ocasión provocó crispar en automático el ánimo de los diputados del PRI.

El activista que representa a un grupo denominado Consejo de Unidad Ciudadana (CUCS) apenas llegó colocó en lugar estratégico una manta contra el gobernador Quirino Ordaz Coppel por entregar beneficios a sus amigos millonarios.

Los ánimos ya estaban encendidos desde una hora antes, cuando la diputada de Morena, Alma Rosa Garzón, subió a tribuna para denunciar los excesos de gastos del gobernador en publicidad; mientras que los diputados del PRI habían revirado en acusar al Grupo Parlamentario de Morena de ser “candil de la calle y oscuridad de la casa” por no transparentar el uso del presupuesto en publicidad en el Congreso del Estado.

“No ocupan dos, tres y cuatro veces, venir a decirnos que ya perdimos por corruptos, que ya perdimos por rateros, que ya perdimos por todo”, reclamaba en tribuna la diputada priista Gloria Himelda Félix, quien aseguraba a los diputados morenistas que no los iban a callar, mucho menos utilizando a “”aplaudidores y gente que venga a golpear y lastimar”.

Mientras atrás, en la curul del diputado presidente Marco César Almaral, el diputado priista Faustino Hernández reclamaba en corto, fuera de micrófono, por qué no había solicitado que se retirara la manta que acaba de colocar el activista Gabriel Campos Galván.

El coordinador de la bancada del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, desde su curul y de pie, recordó al micrófono que al interior de la Junta de Coordinación Política  (JUCOPO) ya se había hablado del desorden que algunas personas generan en el Salón de Plenos, y se había acordado conminar a los manifestantes a modificar su conducta, y de no ser así, limitarles el acceso.

En una semana era ya la segunda ocasión que el tema de las mantas y los manifestantes en las sesiones ordinarias se abordaba. Una sesión antes, el Grupo Parlamentario del PRI subió a tribuna en voz del diputado Jesús Armando Ramírez, para quejarse de la violencia verbal de la que habían sido objeto diversos diputados por diversos grupos simpatizantes de  Morena desde el inicio de la Legislatura.

Expresiones como “¡corruptos!”, “¡rateros!”, “¡vendidos!”, “¡traidores!”, “¡estás en la lista negra!”, “¡cuídate!”, “¡te tenemos ubicado/a!”, “¡ya sabemos dónde vives!”, todos las hemos escuchado aquí en este recinto, sin que hubiese un llamado de atención por parte del Congreso, señaló en su intervención Ramírez Guzmán.

Una sesión antes, el PRI denunció que en la Legislatura había una evidente violencia política entre cuyas manifestaciones estaba la agresión, la presión, la persecución, el hostigamiento, el acoso, la discriminación, los insultos y la injuria.

Y señaló nombres de las diputadas agredidas verbalmente: Angélica Díaz (PAS), María Victoria Sánchez (Morena), Roxana Rubio (PAN), Karla Montero (PES), y del PRI, Gloria Félix, Ana Cecilia Moreno, Lupita Iribe y Magaly Inzunza. Y también de los diputados del PT, Eleno Flores y Mario Rafael González; Jorge Villalobos (PAN), y de Morena, Palestino  Carrera y Fernando Mascareño.

En su intervención, la presidenta de la JUCOPO, Graciela Domínguez Nava, pidió al presidente de la Mesa Directiva, aplicara lo que señala la Ley Orgánica del Congreso del Estado: que a ningún ciudadano se le puede retirar del recinto si no pone en riesgo el trabajo que están desarrollando los diputados.

“No caigamos en provocaciones para que se violente la legalidad de este Congreso. Si la Junta de Coordinación Política tomó un acuerdo, usted no está obligado a violentar la legalidad. De nuevo yo lamento mucho que lo que conversamos entre coordinadores no pueda prosperar como acuerdos”, manifestó al presidente de la Mesa Directiva.

En la última sesión, el activista del CUCS había colocado frente al edificio legislativo un remolque cagando piñatas en forma de ratón. A cada uno les colocó la foto de siete diputados a quienes señaló como traidores porque aseguró le aprobarán las cuentas públicas al gobernador.

El Grupo del PRI enfatizó que tenían claras sospechas de que estaban ante grupos alentados por intereses políticos que emanaban desde el mismo Congreso en su interior.

Son grupos y personas, aseguró Jacobo Gutiérrez, que llegaban al recinto Legislativo bajo pedido, bajo una supuesta sociedad civil en nombre del “pueblo bueno”, pero que en realidad su comportamiento no era más que expresión de un burdo fanatismo de una intolerancia que no se podía permitir.

Mientras en el graderío, junto a las mantas, el activista Gabriel Campos transmitía la escena en redes sociales vía su cuenta de Facebook live, en la que ponía en entredicho la afirmaciones. “Están diciendo que nos pagan”, decía y descreditaba la calidad moral de los diputados del PRI para hacer acusaciones de no ser manifestantes ciudadanos que llegaban por voluntad propia.

Ya Gabriel Campos en la Legislatura pasada había estado en la lista de ciudadanos con acceso restringido al Congreso del Estado por la manifestación con mantas y gritos hostiles en las sesiones en la que se discutieron cuentas públicas, junto con la ahora diputada Karla Montero Alatorre; Abel Jacobo Miller, ahora asesor de Montero Alatorre; y Ernesto Saldaña, hoy asesor parlamentario.

Artículo publicado el 5 de mayo de 2019 en la edición 849 del semanario Ríodoce.