El Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social informó que a Sinaloa fueron enviados 43 reos que se encontraban internos en el penal de las Islas Marías.

A través de una solicitud hecha a dicho Órgano del gobierno federal, se informó que son cuatro los centros penitenciarios a los que se enviaron un total de 629 internos que cumplían sus condenas en ese complejo penitenciario.

El Centro Penitenciario Federal Número 18 “CPS Coahuila” ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila es el que concentra el mayor número de reos con 584; le sigue el Centro Penitenciario “El Castillo”, ubicado en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, a donde llegaron 31 presos.

Al Centro Federal de Readaptación Social número 8 “Norponiente” ubicado en el municipio de Guasave, Sinaloa, se enviaron 12 reos, mientras que al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, sólo fueron remitidas dos personas.

La dependencia federal advirtió en su respuesta que se trata de un corte hecho al 21 de marzo de 2019.

Ríodoce preguntó además respecto al número de familias que también tuvieron que salir de la isla a partir de la publicación del decreto.

El reporte indica que con residencia en la isla, fueron seis familias, integradas por seis mujeres, cinco niñas y cinco niños.

De visita temporal, el registro fue de 24 familias integradas por 27 mujeres, seis hombres y 21 menores de edad.

A 100 días de su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el cierre del penal ubicado en esas islas, 24 días después se revelaron parcialmente algunos detalles requeridos por este semanario.

A pesar de que el órgano federa hizo uso de la prórroga que establece la ley para entregar la información, omitió definir cuáles fueron los criterios para reubicar a los reos, si su lugar de origen o la comisión del delito por el que fueron acusados.

Sin embargo, el 18 de febrero de 2019, López Obrador indicó que serían reubicados en penales cercanos a sus domicilios para que terminaran de purgar su condena, mientras que el personal administrativo se reubicaría en otros penales federales.

Con relación a la pregunta de que si las familias contarán con algún apoyo económico con motivo de la reubicación, conocer la fuente de pago, monto y mecanismo de cobro, se informó que hasta el momento se desconocía dicha información.

Lo que sí se especificó fue que el puerto de Mazatlán continuará siendo usado para efectos de embarque y partida al Complejo Penitenciario Islas Marías, pero que es a partir de la publicación del Decreto de Desincorporación del Sistema Federal Penitenciario los Centros Federales de Readaptación Social, ubicados en las islas, es la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la encargada de administrar, desarrollar y preservar los ecosistemas y elementos de la reserva de la biosfera Islas Marías.

El 18 de febrero López Obrador firmó el decreto para que las Islas Marías se convirtieran en un centro cultural, desarrollo de las artes y estudio del medio ambiente, con lo que puso fin al mandato del expresidente Porfirio Díaz, quien 114 años atrás autorizó que se concibiera como una prisión para presos de alta peligrosidad o bien de quienes fueron recluidos por sus ideas políticas.

Condiciones del Cecjude Mazatlán

El 18 de enero de 2019 se solicitó al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) de Mazatlán conocer las condiciones en las que se encontraba operando este centro.

Del monto y concepto que se ha invertido en este penal desde que inició la actual administración que encabeza el gobernador Quirino Ordaz Coppel, se respondió que se desconoce el monto de inversión, toda vez que son obras “costeadas directamente por Gobierno del Estado”, igual “ignora” el monto que se les asigna mensualmente para la alimentación de los internos, “porque este rubro no lo tenemos en el presupuesto de este Centro Penitenciario”.

Lo que sí se dio a conocer fue que el presupuesto asignado para la atención médica mensual es de 42 mil 092 pesos.

La lista de obras y monto invertido que se ha hecho en el mismo periodo, con el objetivo de evitar fugas, conocer si se ha reforzado con cámaras de videovigilancia y de cuánto fue la inversión, así como obras civiles para el mismo fin.
De manera escueta enlistó tres acciones.

1.- Se instaló una cerca perimetral en el módulo 21
2.- Se sustituyó el cableado de luz en el módulo 10
3.- Se construyó una rampa para depósito de basura en el interior del penal.

“Se desconoce el monto de inversión porque esta obra se hizo con personal que venía directamente de Gobierno del Estado; del 2017 a la fecha no se ha reforzado ni se ha dado mantenimiento al sistema de videovigilancia en este penal”, cita el documento.

Artículo publicado el 7 de abril de 2019 en la edición 845 del semanario Ríodoce.