En puerta más denuncias penales contra los ex secretarios de Finanzas y de Salud
El ex Secretario de Administración y Finanzas tiene una acusación penal en su contra por los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Desempeño Irregular de la Función Pública, por un presunto desvío de 293 millones 479 mil 200 pesos, y para evitar ser detenido, el viernes solicitó un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Los Mochis.
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Pero no es todo, también tiene pendientes ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, donde a través de dos expedientes se le detectó un desaseo por 32 millones de pesos.
Ese desaseo ocurrió porque se utilizaron recursos federales de los ramos 23 y 33 para fines distintos para lo que estaban etiquetados, de acuerdo con Carlos Sánchez Robles, subsecretario de Responsabilidades y Normatividad de Gobierno del Estado.
“De estas investigaciones que estaban en curso, ya están a punto de concluir, próximamente estaremos iniciando los procedimientos de responsabilidad, y efectivamente, están involucrados ex servidores públicos de la SAF”, indicó.
“Por el momento no quisiera abundar más para cuidar el debido proceso, sin embargo en su momento, cuando comentábamos si podía haber más investigaciones contra el ex secretario de Finanzas, naturalmente que esto es así, porque son muchas las denuncias que hemos recibido de parte de órganos fiscalizadores”.
Junto a Armando Villarreal Ibarra hay otros dos funcionarios, y por los tres las sanciones administrativas podrían sumar hasta los 200 millones de pesos.
Antes de que se dicten las sanciones, Villarreal Ibarra y los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas deberán comparecer ante la Secretaría de Transparencia para defenderse. Aunque esas audiencias pueden no servirles de mucho, pues se prevé que también lleguen a considerarse denuncias penales en su contra.
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“Estaríamos citando a los involucrados a una audiencia, en la que ellos van a tener la oportunidad de defenderse, es parte del debido proceso, es parte de cumplir con la legalidad, podrán ofrecer las pruebas que consideren convenientes, como sucede en todos los procedimientos que se llevan a cabo ante todas las autoridades”, explicó.
“Y ahí sí ya podrá culminarse con imponer una sanción administrativa, inclusive si advirtiéramos que pueden estar configuradas faltas que puedan ser constitutivas de índole penal, tendríamos que darle vista a la Fiscalía para que ellos a su vez continúen con las investigaciones”.
Sánchez Robles aclaró que las investigaciones ya terminaron, solo falta que se presenten los ex funcionarios involucrados, con el fin de cumplir con el debido proceso, para evitar que las resoluciones tengan visos que puedan ser utilizados en contra de la Secretaría.
“Precisamente por ser revisados en el tribunal, inclusive, no solamente por el Tribunal Administrativo del Estado, sino por tribunales federales, y lo que nosotros queremos es que las resoluciones que culminen con una sanción, puedan ser defendidas con eficacia hasta última instancia”, expresó.
“Que no se nos caigan las resoluciones, para que no nos acusen de falta de pericia o de opacidad, que es algo que sí queremos trabajar fuerte y tenemos mucho ánimo en quererlo transmitir”.
Clodomiro, el que ya aceptó su multa
Una de las resoluciones de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas que ya culminó a favor, fue la sanción en contra de Clodomiro Espinoza García, ex subsecretario de Ingresos.
El ex funcionario omitió vigilar el cumplimiento del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, absteniéndose de solicitar a la Dirección de Fiscalización de qué manera se estaban aplicando las multas obtenidas con motivo de los incentivos.
Su abstención se tradujo en inconsistencias en la documentación comprobatoria correspondiente a los formatos denominados INC-1 y otros INC-4, así como un daño económico a las finanzas de Gobierno del Estado.
El 25 de septiembre, la Secretaría de Transparencia lo inhabilitó por tres años del servicio público y le impuso una sanción económica por 14 millones 284 mil 277 pesos.
Espinoza García impugnó ante el Tribunal de Justicia Administrativa, donde la Sala Anticorrupción confirmó la resolución, dejando la oportunidad de que el ex subsecretario se defendiera e impugnara, para que el caso pasara a la Sala Superior.
No lo hizo. Dejó pasar el tiempo y no hizo su reclamo, es decir, también se abstuvo de pedir que se revisara la sentencia por una instancia mayor.
Ese acto es comprendido como una aceptación no expresa, que le impide solicitar un amparo.
El ex colaborador de Armando Villarreal Ibarra tendrá que reportar al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa los 14 millones 284 mil 277 pesos, los cuales podrán ser finiquitados con un crédito fiscal que le otorgue la misma dependencia.
El amparo de Villarreal
Armando Villarreal Ibarra solicitó un amparo para evitar ser detenido por una orden de aprehensión en su contra por un posible desvío de 293 millones 479 mil 200 pesos, la cual fue liberada desde el 30 de agosto del 2018 a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción que tampoco había hecho nada por detenerlo.
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Esa orden se dio a conocer por Ríodoce, y antes de que se revelara se consultó con asesores jurídicos de los implicados, pues con él hay otros dos ex colaboradores acusados: Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero del Estado, y José Carlos López Ramírez, Jefe del Departamento de Caja General.
Ellos dos pidieron un amparo el 18 de enero ante los juzgados segundo y tercero de Distrito, para evitar ser detenidos, pero con la condición de presentarse ante los juzgados.
Herrera Félix fue el primero en hacerlo. Se presentó en los juzgados el 30 de enero, y en una audiencia de apenas 15 minutos se fijó una nueva fecha en la que se leerá la acusación y los datos de prueba que reunió la Fiscalía Anticorrupción.
El abogado de Herrera Félix logró que se le recorriera la fecha para el 15 de febrero, con el fin de analizar el expediente que consta de 50 fojas, en las que se incluyen auditorías fiscales.
“Por el momento no, les agradezco mucho su interés, pero ahorita no. No puedo hablar de ese tema aún, estamos en proceso y vamos a revisar de qué nos acusan… de qué se trata”, dijo Herrera Félix al salir de los juzgados.
Hasta esa fecha, el único que no había pedido protección federal era el ex Secretario de Administración y Finanzas. De acuerdo con personas allegadas a él, era porque no creía que podía llegar a ser detenido ni procesado.
Ahora tendrá que presentarse para enfrentar los cargos, al mismo tiempo en que debe librar las comparecencias ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas por mala administración de recursos federales.
El desaseo no termina
Armando Villarreal Ibarra era una de las dos cartas fuertes de Mario López Valdez en su gubernatura para el manejo de dinero.
El segundo fue Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud, quien apenas está saliendo de un proceso penal del que tuvo que pagar 7 millones de pesos para evitar la cárcel por contrataciones irregulares.
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Además, tiene dos procedimientos administrativos que siguen pendientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
El primero es por “celebrar los contratos SSS/060/2014 y SSS/061/2014, sin que exista evidencia de que se hayan suscritos con la autorización previa del Comité de Adquisiciones y sin que exista evidencia de que previo a su elaboración, se hayan realizado las investigaciones de mercado respectivas, para efecto de garantizar las mejores condiciones para el Estado”.
Por este caso, Echeverría Aispuro debe pagar 31 millones 900 mil pesos.
El segundo es por “propiciar que servidores públicos adscritos al organismo entonces a su cargo, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, realizaran 237 traspasos bancarios de recursos federales que le fueron ministrados a través de dos programas: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud dieciséis (FASSA) y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos dieciséis (FPGC)”.
Por este caso debe pagar 447 millones 153 mil 481 pesos.
Ambas sanciones las impugnó ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pero estas ya están en proceso de definición.
Sin embargo, no terminará ahí: la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas tiene cinco expedientes más, que en conjunto documentan un desaseo administrativo por 100 millones de pesos, lo que podría terminar en sanciones por más de 500 millones de pesos.
Tres de los expedientes ya se encuentran en la fase de solicitar la comparecencia del ex Secretario de Salud, y dos más se encuentran abiertos para concluir cuáles podrían ser las sanciones.
En todos los casos, confirmó Carlos Sánchez Robles, subsecretario de Responsabilidades y Normatividad de Gobierno del Estado, podría requerirse intervención de la Fiscalía Anticorrupción con denuncias penales.
Artículo publicado el 3 de febrero de 2019 en la edición 836 del semanario Ríodoce.
