El fin de la guerra contra las drogas obliga a despenalizar, retirar militares de las calles y enjuiciar a servidores públicos: Guevara Bermúdez

El Presidente de la Comisión Mexicana para la Protección y la Defensa de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara Bermúdez considera que si la declaración del fin de la guerra contra el narcotráfico en México no está vinculada con el retiro de los militares de las calles y con la regularización de sustancias y despenalización de delitos relacionados con las drogas, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador no va más allá de ser un discurso vacío.

Aseguró que un país que no tiene acceso a la verdad y la justicia corre el riesgo de repetir los errores y si la estrategia de seguridad del Presidente de suspender la guerra contra el narco no se fortalece con la reparación de daños y con poner ante la justicia a los responsables de asesinatos, desapariciones, violaciones, torturas y demás delitos cometidos por agentes del Estado o miembros de los cárteles de la droga, será difícil reconstruir y alcanzar la paz a la que hace referencia.

“El hecho de decir que se acabó la guerra contra las drogas lleva aparejado una regulación como causal de la violencia en el país. Esto implica que deberá regularse la mariguana con fines recreativos, de tal forma que pueda desarrollarse una industria del cannabis, sea con fines terapéuticos u otros. Eso sería muy buena noticia”, dijo.

“Si realmente está  poniendo un alto al tema de las drogas, esta estrategia tiene que ir acompañada también de una excarcelación de aquellos consumidores y personas que han traficado y cometido delitos relacionados con las drogas, de tal forma que puedan recuperar su libertad, siempre que no hayan incurrido en actos violentos como muertes, desapariciones, ejecuciones o torturas”.

Por eso insiste en que cualquier cosa que signifique su declaración de fin de la guerra contra las droga tendrá que traer un compromiso  de concentrar las energías para fortalecer las investigaciones encaminadas a llevar a juicio a los militares, marinos, policías y ministerios públicos que han cometido delitos en el contexto de la guerra contra las drogas.

—¿Cree que haya condiciones para que en un país inmerso en las desapariciones forzadas, asesinatos y muertes masivas de jóvenes ocasionadas por los cárteles de la droga, sea prudente y oportuno ponerle un alto a la guerra contra el narcotráfico?

—Si estamos transitando de un estado de guerra a un estado de paz se tiene que recuperar la agenda a favor de la justicia, la verdad, las reparaciones y las garantías de no repetición y por justicia significa que tendrán que llevarse a juicio a los responsables de delitos cometidos contra la sociedad civil, sean agentes del Estado o de las bandas de narcotraficantes.

“Tendrían que fortalecerse  las fiscalías estatales y nacional y pedir ayuda internacional para que se instalen en México medidas o mecanismos para la investigación de delitos atroces a gran escala, porque eso implicará desmantelar las redes criminales que cometen esos delitos, desde la función pública, las empresas o los negocios alrededor de la delincuencia.

“Es obligatorio instalar una Comisión de la Verdad que permita conocer la verdadera dimensión del sufrimiento  humano que ha producido esta fallida política de seguridad. Las víctimas tienen ese derecho a contar lo que pasó para entender mejor lo que ocurrió en todos estos años de violencia y evitar que esta masacre se vuelva a repetir a futuro.

“El país necesita tener claridad de lo que pasó en esta guerra y entender lo que pasó en cada estado o región del país y esa relación que tiene la violencia ocurrida en Sinaloa con la de Chihuahua, Coahuila o Veracruz, y solamente con la narración de las víctimas se podrá saber lo que realmente pasó. Eso daría la posibilidad de que el país tenga pleno derecho a la verdad sobre lo ocurrido”.

El representante nacional del organismo no gubernamental de los derechos humanos opinó que si hay un verdadero interés por recuperar la paz y la justicia en el país, el Presidente López Obrador deberá crear un mecanismo fortalecido de búsqueda de personas desaparecidas, porque el sistema actual no es suficiente ni capaz para buscar a los más de 40 mil desparecidos en los últimos años y tampoco a los desaparecidos durante la guerra sucia ocurrida años atrás en Sinaloa, Guerrero y otros estados de la República.

Sugiere que el Estado, antes de poner un fin a la guerra contra el narco, tiene la obligación de poner en marcha un plan de reparación a víctimas que sufrieron atrocidades como torturas, violaciones, mutilaciones y ejecuciones extra judiciales y puedan ser reparadas de una forma más fácil y se puedan llevar juicios hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, si así lo requieren los casos.

Para que estas propuestas de recuperación de la paz y la justicia sean efectivas, las autoridades tienen que acercarse a las víctimas para explicarles sobre el proceso y sobre todo garantizar protección a quienes colaboren con las comisiones de la verdad y mecanismos penales para denunciar delitos. De otra forma seguirán creando mecanismos sin seguridad adecuada y poniendo a las víctimas a merced de los grupos delincuenciales.

—¿Y no le parece apresurado escuchar una propuesta de este tipo? ¿Es  lo que el país necesita?

—Nosotros siempre hemos pensado que la guerra contra las drogas no soluciona nada. No hay ningún estudio que dé testimonio sobre la presencia militar en la solución de problemas, por el contrario ha agravado los conflictos. Igual ocurre en América Latina. Está comprobado que la militarización nunca ha resuelto los problemas relacionados con la violación de los derechos humanos. Y si en cambio se disparan.

“Por eso considero que hablar de un cese a la guerra contra las drogas es una muy buena noticia, pero hablar de que habrá paz con militares en las calles y haciendo lo mismo que durante el periodo de guerra, es tanto como continuar la guerra bajo una nueva nomenclatura, eso no es buscar la paz”, puntualiza.

El mandatario mexicano aseguró en su conferencia matutina del miércoles pasado que la estrategia ya no será realizar grandes operativos contra líderes delincuenciales, sino atender las causas que originan la violencia en el país.

“No se ha detenido a capos, porque no es esa nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios”, apuntó.

“No hay guerra, oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz”, externó.

López Obrador dijo sentirse satisfecho porque, según sus datos, “solo se registraron 54 homicidios el día de ayer (martes) y traemos un promedio de 80. Eso es lo que me importa, el bajar el número de homicidios, el bajar el número de robos, el que no haya secuestros. Eso es lo fundamental, no lo espectacular. Se perdió mucho tiempo en eso (operativos contra grandes líderes criminales) y no se resolvió nada”, argumentó.

Artículo publicado el 3 de febrero de 2019 en la edición 836 del semanario Ríodoce.